Habrá resarcimiento para las víctimas
Acuerdan condena para el dueño del bar El Stud
Guillermo Poch, quien regenteaba la wiskería céntrica, se encuentra detenido desde agosto del año pasado, cuando se realizaron una serie de allanamientos en el marco de un operativo por trata de personas y explotación de la prostitución.
Cinco allanamientos se realizaron el 13 de agosto de 2016, producto de lo cual fueron clausuradas dos wiskerías y detenidos sus titulares.
Foto: Google Street View
Redacción de El Litoral
El juez penal Jorge Pegassano presidió este martes la audiencia de juicio abreviado para Guillermo Walter Poch, quien aceptó una condena a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo en su carácter de administrador del local nocturno El Stud, donde se ejercía la prostitución.
El hombre de 58 años, fue detenido el sábado 13 de agosto de 2016, cuando la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas (Aitp) de la provincia llevó a cabo cinco allanamientos en dos wiskerías céntricas, un hotel y dos viviendas particulares en el barrio Altos del Sauce y la ciudad de Coronda.
En el operativo se produjeron las clausuras de los bares-wiskerías El Stud -de 25 de Mayo 2099-; y Místico -San Martín al 2778-, en la peatonal norte; así como las detenciones de Poch y de Juan Carlos Cisneros, éste último, corondino de 64 años, considerado dueño del bar Místico, quien permanece en prisión preventiva a la espera de un juicio abreviado.
Plata para las víctimas
En cuanto al acuerdo firmado por Poch, su abogado defensor Néstor Oroño y los fiscales Omar De Pedro e Ignacio Lascurain por el Ministerio Público de la Acusación, incorpora un resarcimiento económico y de carácter simbólico para nueve víctimas, las cuales recibirán $ 3.000 a modo de compensación.
Los delitos, por los cuales Poch se hizo responsable en carácter de autor, son los de “promoción y facilitamiento de la prostitución” y “tenencia de arma de fuego de guerra”. Según el acuerdo, la primera figura empleada sería en perjuicio de “un número indeterminado de mujeres” que asistían a El Stud, las cuales eran impulsadas a la práctica de la prostitución, a cambio de una retribución económica de $ 80 por pase, que era el equivalente a una consumición.
El escrito señala que el imputado “brindaba las instalaciones y colaboraba con la captación de clientes” para que el negocio ilegal se concretara; aunque aclara que el acto se llevaba a cabo “sin violencia física”, sino con un único interés económico, aprovechando una situación de precariedad y carencias de las mujeres explotadas.
Armado
El día del allanamiento en El Stud de 25 de Mayo y Lisandro de la Torre, la policía secuestró un revólver 357 Magnum de la marca Taurus, cargado, que estaba escondido entre dos guías de teléfono, detrás de la barra de atención y cuyo titular carecía de autorización.
También en el marco del acuerdo, el defensor Oroño solicitó al juez Pegassano la devolución de los efectos secuestrados durante los allanamiento que no sean objeto del juicio.
En tanto, el juez Pegassano solicitó a Poch su consentimiento sobre lo acordado, y explicó que para homologarlo resta un último paso que será el dictado de la sentencia y que luego pasará al sistema de ejecución de condena.
“Bailarinas, no víctimas”
El otro detenido junto con Poch fue Juan Carlos Cisneros, dueño y administrador del local nocturno Místico. Cisneros se encuentra con prisión preventiva desde el 16 de agosto de 2016, acusado por el mismo delito de “promoción y facilitamiento de la prostitución”.
Durante la audiencia en la que tuvo tratamiento la cautelar, el hombre de 64 años ofreció una curiosa interpretación de la labor que realizaba.
“Yo digo bailarinas, no digo víctimas”; “yo considero que son personas profesionales, bailarinas”, siguió: “Hay bailarinas eróticas, lo hace Marcelo Tinelli en la televisión, nosotros lo hacemos en privado”, completó entonces.
Además, pidió que se lo diferencie del tradicional “burdel o proxeneta”. “Las palabras del fiscal fueron muy duras al tratarme de explotador”, se quejó, aunque reconoció que les paga $ 150 para que bailen y se desnuden en el caño, y a cambio de ello las mujeres deben vender $ 200 en consumiciones, aunque desmintió que las obligue a prostituirse.
También dijo que el negocio iba mal y que “iba a cerrar en diciembre, pero estaba funcionando por pedido de la gente que necesita trabajar”. En definitiva, “éramos un grupo de personas que se estaba divirtiendo en un lugar”, se justificó.
Prisión domiciliaria
El abogado Néstor Oroño, a cargo de la defensa de Guillermo Poch, aprovechó la oportunidad para manifestarle al juez Jorge Pegassano que existe un planteo de prisión domiciliaria del 25 de julio pasado sobre el que solicitó que se expida, ya sea en el marco de la sentencia o con posterioridad.
Los motivos invocados por la defensa tienen que ver con problemas de salud que Poch habría logrado acreditar, mediante una serie de estudios médicos y que refieren al riesgo cardíaco que significa el encierro en una unidad del Servicio Penitenciario para el detenido.
En tal sentido, Oroño solicitó su tratamiento en función de la “economía procesal”, “si bien no forma parte del acuerdo”, reconoció.
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