De los diputados

Un nuevo tiempo salud y transformación

Julián Galdeano. UCR. Reside en Rosario

Hace pocos días, fuimos testigos de lo que quizás muchos tomaron como una noticia más, pero en realidad estamos frente a un “acuerdo que refleja un nuevo tiempo”. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, junto a los gobernadores rubricaron un Consenso Fiscal por el cual las Provincias y la Nación acuerdan pautas en la distribución de recursos entre ambas jurisdicciones. En este acuerdo, coexiste un compromiso de sancionar la ley de Responsabilidad Fiscal, un acuerdo fiscal, y otro para recibir inversiones y obras, pero todo eso bajando la carga impositiva.

Luego de esa reunión, el gobernador Miguel Lifschitz presentó a legisladores provinciales y también en la asamblea del Consejo Económico y Social, los términos del consenso fiscal firmado por el gobierno Nacional y las Provincias en donde contó cuáles fueron las instancias y circunstancias del acuerdo destacando los avances que se lograron.

Estas acciones son las que necesitamos. Las que destacan y producen un camino de diálogo, de un debate constructivo con argumentos y con respeto a las instituciones. Es lo que nos falta para construir un país moderno, pujante, justo e inclusivo.

Si queremos generar un crecimiento sostenido de un país federal, con generación de trabajo y que busque mejorar su inserción en el mundo con menos impuestos, necesitamos un debate político que priorice el diálogo y las coincidencias por sobre los intereses particulares que sólo ponen el foco de responsabilidad en el otro.

Se dice que este consenso es histórico, y tal vez no esté lejos de la verdad. Sobre todo, porque hace mucho tiempo que en Argentina no se dialoga y no se dan pasos fundamentales en políticas de Estado.

Reducir la presión fiscal, volver a una Argentina federal, darle sustentabilidad al sistema previsional, saldar deudas entre Nación y Provincias, unificar criterios tributarios en todo el territorio nacional, es un avance institucional. En este pacto fiscal, nadie pierde, todos ganamos.

Debemos también analizar cada tema en forma global y no individual. Es así que, al Consenso Fiscal, le tenemos que sumar la media sanción que dio la Cámara de Diputados a una ley Pyme provincial que complementa la ley Pyme nacional y permite acceder a todos los beneficios. Esta instancia también garantiza una estabilidad fiscal hasta diciembre de 2018 que es un compromiso normativo de no incrementar ni Ingresos Brutos ni Sellos para las Pymes santafesinas hasta esa fecha. Una herramienta que el sector empresario y el gremialismo santafesino venían pidiendo desde hace tiempo.

El gobernador ya envió el Consenso Fiscal a la Legislatura para su aprobación. Estamos frente a una posibilidad real de lograr una planificación con visión de futuro hecha por todos, con seriedad, dejando de lado los intereses partidistas o sectoriales, asumiendo responsabilidades y dialogando con el objetivo de trabajar juntos para generar políticas de estado que mejoren la vida de los ciudadanos.

Carlos del Frade. Frente Social y Popular. Reside en Rosario

El boom sojero, el desarrollo inmobiliario y el narcotráfico son tres de los negocios que más crecieron en los últimos veinte años en las principales provincias argentinas, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Por eso, no es casual que en las últimas semanas se discutan leyes relacionadas con esta trilogía que sintetiza gran parte del flujo de dinero en esta etapa del capitalismo en estos arrabales del mundo.

El miércoles 13, las asesoras y los asesores de las comisiones de Medio Ambiente, Salud y Agricultura, discutirán la necesidad de acordar ejes para impulsar tres leyes que intenten pensar el negocio de la soja sin dañar la tierra ni las personas. Y en ese sentido, fomentar la agroecología, sacar los silos de los cascos urbanos, prohibir la fumigación aérea y no generar aspersiones a no menos de mil quinientos metros de las comunidades humanas, tal como sucede en la provincia de San Luis.

Mientras en Paraná está prohibida la utilización del glifosato desde hace tiempo, en el Concejo Municipal rosarino, la cuestión va y viene de acuerdo con la llegada de los intereses económicos sobre los representantes políticos.

Santa Fe, varias veces por encima de la cultura política de otras provincias, atrasa en materia legislativa, provincial y municipal, en torno a la defensa de la autonomía existencial de las familias del territorio.

Esa supremacía del poder económico es, en realidad, la imposición de los negocios de las multinacionales exportadoras que cada vez pagan menos en la otrora invencible geografía del brigadier López.

La agroecología demuestra que puede haber buenos negocios sin veneno. Que está mal que en el altar de la vida cotidiana esté el dios dinero por encima de la salud del ser humano y la tierra, la ecología.

Que las ganancias de las grandes firmas continuaron en San Luis más allá de la prohibición de fumigar de manera aérea y fuera de los mil quinientos metros de los cascos urbanos. Pero hay menos cáncer que en la provincia de Santa Fe. Y eso es vital para nuestro pueblo.

La pasión por el dinero es proporcional a la vida despreciada.

La política de Estado debe ubicar en el altar de la historia cotidiana la salud del pueblo santafesino.

Por eso es fundamental avanzar en esa trilogía de leyes que se discutirán el miércoles 13 en reuniones conjuntas de Salud, Medio Ambiente y Agricultura.

Y en forma paralela a esta necesaria discusión, desde el Senado provincial surgió la vieja y repetida consigna de adherir a la ley nacional 26.052, conocida como narcomenudeo o desfederalización del delito del narcotráfico.

Una herramienta legal que duplicó las poblaciones carcelarias en las provincias que la adoptaron pero que, al mismo tiempo, no impidió que el negocio, la circulación y el consumo aumentaran tres veces en sus territorios, como sucede en Buenos Aires, Córdoba y el Chaco, entre otras.

La ley de narcomenudeo castiga a los sectores empobrecidos que viven de vender marihuana, cocaína o lo que sea porque no tienen trabajo, mientras impulsa a las oscuras policías provinciales a meterse aún más en la matriz del negocio que, según lo viene demostrando el juicio a Los Monos o al “Zurdo” Villarreal, siempre es narcopolicial.