El trabajo de las comisiones de expertos

Sobre el estudio y la reforma del proceso judicial para estos tiempos

Francisco C. Cecchini (*)

En el año 2012, con mayor precisión el 10 de octubre, un grupo de abogados, algunos funcionarios y magistrados del Poder Judicial de Santa Fe, otros profesores de la disciplina procesal civil, y abogados en el ejercicio de la profesión, siguiendo las aguas marcadas por el Ateneo de Estudios Procesales de la ciudad de Rosario, fundaron el similar de Santa Fe.

El objetivo esencial de la entidad creada, fue el de “promover, investigar, estudiar, divulgar y propender al desarrollo de la disciplina procesal”, haciéndolo a través de encuentros de estudios, paneles, discusiones, exposiciones de clases sobre temas propios de la disciplina, y la publicación de trabajos de sus miembros.

Asimismo, integra la Federación de Ateneos de Estudios Procesales (Faep), juntamente con todas las entidades similares de casi todo el país, todo ello por iniciativa del Dr. Jorge Walter Peyrano, quien iniciara las actividades del Ateneo de Rosario como pionero, propiciando la formación de otros ateneos hasta la configuración de la pre-aludida Federación. Dicha organización de segundo grado, organiza encuentros de todos los Ateneos que la integran, en distintas sedes, y compagina su temario con la Asociación Argentina de Derecho Procesal a la que pertenecen todos los ateneístas.

En el mes de noviembre de 2017 se reunieron en la ciudad de Rosario ambos Ateneos, Rosario y Santa Fe, juntamente con miembros del Ministerio de Justicia de la Nación, e integrantes de la comisión de reforma al Código Procesal Civil Nacional, a fin de presentar oficialmente los ejes sobre los que girará la próxima reforma conforme al Plan Justicia 20-20 que está en plena gestión.

Significó una concurrencia de más de trescientos asistentes, lo que es muestra evidente del interés de los profesionales, magistrados y funcionarios por los temas presentados.

En Santa Fe

En nuestra provincia se está trabajando en la reforma a los códigos procesales civil y laboral, interviniendo en las comisiones encargadas de la propuesta y discusión de esas reformas fundamentales varios de sus integrantes, y que giran en torno a lograr una mayor credibilidad de la ciudadanía en el funcionamiento del servicio de Justicia, que al presente se encuentra entre los aspectos institucionales con menor confianza entre la opinión pública, dada la obsolescencia del sistema vigente, proclive a la prolongación irrazonable de los procesos, a la utilización de añagazas por parte de algunos letrados para obstaculizar el adecuado funcionamiento y avance de los procesos, y la inusitada burocratización de la gestión procesal en tanto los sistemas escriturarios ya han mostrado sus falencias, y altos costos tanto a cargo de los litigantes como en lo que a las estructuras jurisdiccionales refiere.

La tendencia es la de la incorporación de la tecnología en la gestión procesal, lo que ya en otras jurisdicciones provinciales y nacional, como extranjeras han mostrado su eficiencia, sin que ello importe admitir el obstáculo presupuestario, toda vez que en el Poder Judicial de la Provincia se han instalado equipamientos que sólo requieren adaptaciones, que permitirán un avance notable en la celeridad y seguridad jurídica necesarias para la gestión procedimental.

La instauración de la oralidad en los procesos ordinarios, y en algunos especiales, con lo cual se logra la vinculación del justiciable con el juzgador, de manera inmediata, es decir “cara a cara”; compatibilizándose con la concentración de las actuaciones procesales, redundando en una notable economía de tiempo y costos, y permitiendo la publicidad de las actuaciones, compatibilizándose con un valor esencial para la república.

La transparencia que los nuevos sistemas cobijan bajo el paraguas de esos principios, evita o limita la postulación de cuestiones inadmisibles o abusivas, repercutiendo en la moralización de las actuaciones -tanto de quienes litigan como de los jueces-, con una clara tendencia hacia el mejoramiento de la eticidad de los comportamientos procesales.

Rol de los Ateneos

Como hemos querido mostrar, la intervención de los Ateneos es particularmente intensa en la necesaria modernización de la legislación local, consagrando normativamente institutos nuevos que propenden al mejoramiento de los sistemas procesales y obviamente del servicio de justicia, sin desmedro de las garantías constitucionales que marcan las cartas fundamentales (Nacional y Provincial), compatibilizando además- los sistemas de juzgamiento de los conflictos jurídicos con las normativas ya vigentes del Código Civil y Comercial de la Nación.

Los esfuerzos han sido puestos en tal faena y la expectativa es la de la concreción de una reforma que de acabada muestra de la vocación del Poder Ejecutivo y de los legisladores, de dar a los ciudadanos los instrumentos adecuados para encontrar las respuestas justas a la realización o reconocimiento de sus derechos, en tiempo oportuno, con menores costos y mostrando un Poder Judicial transparente y acuciado por prestar un servicio eficiente y confiable.

(*) Integrante y cofundador del Ateneo de Estudios Procesales del Litoral Eduardo B. Carlos.