dato del último trimestre de 2017
El empleo informal, en 34,2%
El ministro Triaca insistirá con el blanqueo laboral. A la CGT, le preocupa que capítulo capitalista que deja trabajadores por fuera de los sindicatos.
Bajar la informalidad laboral es uno de los principales objetivos del gobierno, según el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Foto: Archivo El Litoral
Redacción de El Litoral
Télam
La tasa de empleo informal subió hasta el 34,2% al término del cuarto trimestre de 2017, seis décimas por sobre el 33,6% de igual período del año anterior, a pesar del crecimiento económico y de la baja de la desocupación, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En tanto, esta tasa del 34,2% del cuarto trimestre estuvo dos décimas por debajo de la medición del tercer trimestre 2017, agregó el Indec. La suba en la tasa del empleo no registrado se dio junto a una reducción en el Índice de desocupación, que se ubicó en 7,6% a fines de 2016, con una merma de 0,9 puntos porcentuales en relación con el tercer trimestre y de 1,7 puntos porcentuales frente al segundo trimestre, cuando se reanudó la medición.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, enfatizó en diversos foros que uno de los principales desafíos para el gobierno y para el sector privado es bajar la informalidad laboral, que actualmente supera el tercio de la población económicamente activa. “Ése es el desafío que plantea el presidente (Mauricio) Macri: generar inversiones para la creación de empleos”, señaló.
“Enfrentamos una situación de informalidad: más del 30% de la población no tiene cobertura de seguridad social, ni hace aportes al sistema previsional e impositivo y eso genera una mayor presión sobre quienes sí están en el circuito formal”, esgrimió Triaca en un foro empresario.
Al mismo tiempo, adelantó que insistirán con los otros paquetes de la reforma: “El Congreso deberá encontrar los acuerdos para tratarlos en su conjunto o por partes; pero esos capítulos son esenciales, porque son la primera prioridad a la hora de analizar la situación en la que está el ámbito del trabajo y el empleo”.
El mayor porcentaje de trabajo precario se registró en la región Noroeste (NOA), con 40,1%; mientras el menor se verificó en la región Patagónica, con 18%. En los conglomerados de más de 500.000 habitantes, el índice del empleo informal alcanza a 31,8 % de los asalariados.
Con estas cifras, el Indec completó la información sobre el mercado de trabajo, donde se destacó que el desempleo bajó a 7,2% de la población económicamente activa en el cuarto trimestre de 2017, equivalente a unas 926.000 personas desocupadas, ante 7,6% en el mismo período del año previo.
El Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (Amba) reflejó el mayor índice de desocupación del país, con 8,4% de la población económicamente activa, con un pico de 9,2% en los partidos del conurbano, y 5,9 en la ciudad de Buenos Aires.
Advertencia
Desde el ámbito sindical, el integrante del triunvirato que dirige la CGT, Juan Carlos Schmid, exhortó a los dirigentes sindicales a aggionarse porque “en este ciclo del capitalismo, si no le prestamos atención, habrá más gente afuera de los sindicatos que adentro”.
¿Democratizar los sindicatos?
Fernando Iglesias, diputado nacional por el PRO, presentó un proyecto de ley de “Democratización de las Asociaciones Sindicales” que pone límites a la reelección indefinida de sus directivos y devuelve las obras sociales al ámbito del ministerio de Salud si no se someten a los controles estatales.
La iniciativa ordena que los sindicatos se encuadren en “principios democráticos rectores de la República Argentina”. Está firmada además por los legisladores oficialistas Gaciela Ocaña, Héctor Flores, Carla Piccolomini, Luis Petri, Eduardo Cáceres, Julio Sahad y Karina Molina.
El texto plantea que los gremios deben determinar autoridades mediante comicios “libres, periódicos, directos, democráticos, abiertos, competitivos y transparentes”. Las minorías estarán integradas en las comisiones directivas.
Los directivos durarían cuatro años en sus cargos y no podrían reelegirse más de una vez. Además, los sindicalistas pasarían a la categoría de “personas políticamente expuestas”, con lo que quedarían inhibidas de actividades empresarias y obligadas a presentar declaraciones juradas patrimoniales.
“Más del 30% de la población no tiene cobertura de seguridad social, ni hace aportes al sistema previsional e impositivo y eso genera una mayor presión sobre quienes sí están en el circuito formal”, esgrimió Triaca en un foro empresario.
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