Tres de ellos en Legislatura y el restante a estudio de una comisión especial

Ricardo Silberstein, ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Foto: Mauricio Garín

Mario Cáffaro

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La Legislatura tiene a debate un nuevo Código de Faltas, la adecuación del de Procedimiento Penal Juvenil además de cambios en el Procesal Laboral, mientras que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conformó una comisión para analizar reformas al Código Procesal Civil y Comercial. “Una ley vigente cristaliza determinadas costumbres, determinadas prácticas y determinados valores de una sociedad. Una ley no sale de la nada, sino que es producto de prácticas, costumbres, valores”, observó Ricardo Silberstein, ministro de Justicia y Derechos Humanos, cartera desde donde se sigue con detenimiento toda esta discusión. Considera que los cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana e insiste con cuestionar lo realizado en materia de adopciones. “La ley se aplicó durante más de cien años y se la cambió de la noche a la mañana. Durante más de cien años fue adopción directa y en ese lapso, tal vez, hubo algunos contados casos de robos de chicos, pero que no fueron la mayoría. Si de golpe el legislador dispone -con buena intención- que desde ahora no hay más adopción directa, hay un problema porque la costumbre es otra. La estructura del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial están preparadas para la adopción directa y con el cambio, llevó a una crisis en ambos poderes. Cuando se producen cambios normativos hay que tener mucho cuidado. Se deben tener en cuenta las prácticas y costumbres que no cambian de un día para otro. Implica una ingeniería mayor que al especialista en el derecho de familia, del especialista en leyes, hay que tener una visión mucho más rica y contextualizada del problema de cambio”.

—¿Por qué cambiar el Código Procesal Civil y Comercial?

—Tiene más de 50 años, fue bueno y de avanzada. Hay cosas que han funcionado y no las vamos a cambiar. Más que cambiar de Código es empezar a seleccionar qué sirve, qué no, qué incorporar, teniendo en cuenta que los procesos orales, digitales, son instrumentos no un fin en sí mismo. Muchos entienden que la oralidad per se es buena y la oralidad es buena para algunas cosas. Es muy cara, debe darse en cuestiones de cierta importancia, pero no se puede hacer todo oral. La sociedad nos pide ampliar derechos, más judicialización, litigios, pero con cada vez más juicios para hacer todo oral la mitad de la población debería ser juez y la otra mitad abogada. Debemos simplificar procedimientos. Ejemplo, la ejecución de un cheque no puede demorar tres años como ocurre hoy, para eso existen los procesos monitorios que son más cortos, más simples. Tal vez el Código tenga tres tipos de procedimiento: digital, oral y escrito. Lo importante es cómo le resolvemos razonablemente bien los litigios a la sociedad.

Los mayores usábamos la frase “la justicia tiene sus tiempos” y en esta época de velocidad, modernidad liquida, era digital, washapp, no se puede seguir hablando de resolver procesos a diez o veinte años. Debemos hacer una construcción de sentido común: qué podemos resolver con procesos más sencillos (monitorios), qué oral y qué digital. Hoy API tiene miles de expedientes digitales y la Corte tiene avanzando el proceso digital, no es tan difícil implementar el apremio vía digital como ya tienen algunas provincias.

Está muy avanzada la discusión de la reforma en una comisión. Vienen trabajando de manera intensa, me enorgullece ver el compromiso de todos los actores trabajando codo a codo.

—¿Qué contiene el proyecto de reforma al Código Procesal Laboral ya en Legislatura?

—Apunta también a hacerlo más práctico. No tiende a cambiar totalmente el Código que de hecho viene funcionando y en algunas jurisdicciones bien, en otras regular y en otras mal. El problema es Rosario donde funciona mal. El 65% de la litigiosidad de la provincia está allí y el 55% es de accidentes laborales. Nuestro Código Procesal Laboral prevé un trámite con demanda, ofrecimiento de la prueba y la llamada “audiencia del artículo 51” donde se toma parte de la prueba y que es, fundamentalmente, de conciliación. La idea fue muy buena, los jueces tomaban esa audiencia y había 50% de conciliaciones. El problema que tenemos hoy es Rosario donde la audiencia no la toma nadie, los jueces no están presentes, tampoco los secretarios. No está el Estado para arreglar el asunto y se aplica la audiencia a un año. Por otro lado, los jueces no quieren homologar los acuerdos pese al acuerdo entre las partes, el pleito dura 5 ó 6 años y se agrava la situación.

La idea es crear para Rosario -después se podría extender a las jurisdicciones en las que haga falta- juzgados de conciliación y ordenamiento de procesos. Serían tres donde cada uno tendría seis funcionarios conciliadores para tomar la audiencia del artículo 51. Si hay acuerdo, el juez la homologa, casi contrario resolverá el juez en el marco de un proceso mucho más ordenado. Es muy parecido a la audiencia preliminar del nuevo sistema penal.

Con estos funcionarios se le da capacidad de fuego al sistema para tomar las audiencias. Es una respuesta posible y económicamente viable. Santa Fe no tiene esos problemas por ahora. En los juzgados capitalinos, el juez toma las audiencias, el secretario ordena la prueba.

El otro tema que prevé el proyecto es presupuesto para designar peritos médicos de la Corte. En riesgo de trabajo hay un gran cuestionamiento a los médicos desde el lado de trabajadores y de empresarios. Se cuestiona que el honorario médico está en función del quantum de la incapacidad que fija o sea que habría incentivo para fijar más incapacidad . Debemos entender que el servicio de Justicia no es sólo de los abogados, necesita médicos, sicólogos, contadores, ingenieros y tienen que ser peritos del Estado. La gran mayoría de los problemas de riesgo de trabajo en Santa Fe son accidentes de trabajo, no enfermedades del trabajo, de 0 a 20 puntos de incapacidad. El debate está entre el trabajador que dice que tiene 20 y la ART le dice 0. Con médicos del Estado y artículo 51 lo único que hay que hacer es sortear el médico para que actúe entre las partes y en 20 días se terminó el proceso. No demandaría 5 años como ahora.

—Usted estuvo días atrás reunido con senadores justicialistas por el futuro Código Procesal Penal Juvenil.

—Estimo que se va a aprobar. Adecua el procedimiento penal juvenil como lo han dicho las cámaras penales de Santa Fe, que debe estar de acuerdo con el sistema acusatorio pero siempre con racionalidad económica. Los fiscales serán especializados, pero dentro del MPA, al igual que los defensores dentro del Sistema de la Defensa y el proceso tiene las etapas iguales que en el proceso acusatorio donde se exige jueces especializados en determinadas etapas y donde no estarán los jueces normales.

—Falta la sanción de un Código de Faltas.

—Desde el ministerio, hemos estado trabajando en un proyecto del diputado (Antonio) Bonfatti, e hicimos sugerencia. En Legislatura, hay una negociación con los senadores que habían aprobado otro. Están buscando una conciliación y un acuerdo.

• “La diferencia en el fuero laboral entre Santa Fe y Rosario es estadística. La relación de jueces y causas en Santa Fe es aceptable y en Rosario es inaceptable”.

Ricardo Silberstein,

ministro de Justicia y Derechos Humanos.