El proyecto pedido por el gobernador vuelve a foja cero

Luis Rodrigo

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Pocos proyectos de ley tienen tantas idas y vueltas -y otros tantos cambios de posiciones, a favor y en contra- como el que dispone que la justicia provincial y la policía santafesina se encarguen de juzgar, investigar y perseguir los delitos del llamado narcomenudeo.

De 2013 a 2017 fue impulsado por el peronismo en el Senado que, en bloque, subrayaba que era imprescindible la desfederalización. Pero ahora, en la bancada mayoritaria aparecen dudas e incluso cambios rotundos de 180 grados. Y lo mismo cabe para quien hoy es el principal impulsor de la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional Nº 26.052 de 1989: el gobernador Miguel Lifschitz, que en sus tiempos de senador por Rosario había votado en contra y -seguramente a la luz de la experiencia de gobierno- modificó su posición.

La semana pasada, en la Cámara de Senadores volvió a ser presentado un proyecto de ley en ese sentido, que nuevamente tiene como autor al senador radical por General López, Lisandro Enrico.

El asunto ingresó formalmente para su tratamiento y pasó a comisiones, como cualquier otro expediente de la Cámara. Parece un hecho rutinario más de la Legislatura, pero esta vez el panorama es diferente.

La iniciativa vuelve a foja cero y debe nuevamente ser debatida en la Cámara alta, en especial en el bloque justicialista que tiene la mayoría y la llave para que la cuestión avance o no.

Cambio

Hasta aquí las Cámaras estuvieron fuertemente divididas frente al tema: siempre el Senado a favor, con aprobaciones que sino por unanimidad contaron con casi todos los votos, y Diputados en contra, con un rechazo tan marcado que la iniciativa no ha logrado nunca pasar de las comisiones.

Una y otra vez, desde hace cinco años, el único obstáculo fue Diputados. Acaso por eso -o sólo porque al proyecto del Senado le quedaban aún unos pocos días de vigencia en la Cámara baja- el gobernador Lifschiz adelantó en su discurso del 1ro de Mayo que enviaría “una sugerencia” a Diputados, para avanzar con la desfederalización.

“Pedimos que se avance con esta medida”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Provincial en su mensaje de apertura del período ordinario de sesiones.

“Creemos que va a ser efectiva. No es una receta mágica, pero va a ser una herramienta más, utilizada con criterio, de manera selectiva. Aquí no buscamos perseguir al consumidor, de ninguna manera, ni perseguir al pequeño distribuidor, a aquel, que de manera individual les vende a sus amigos. Aquí queremos ir sobre aquellas organizaciones delictivas que se dedican al narcomenudeo, ese es el objetivo”, definió.

Debate

Tal como ha dicho el gobernador, la decisión implica dejar parte del delito del narcotráfico en manos de los jueces, los fiscales y la policía de la provincia. Allí están sus ventajas, por razones de número respecto del fuero federal y de las fuerzas federales en el interior de la Provincia, pero también sus desventajas: es dejarle el tema a la Justicia y a la Policía de Santa Fe.

Además, está claro que en la cabeza del Poder Judicial no hay interés en sumar esa competencia. Así lo hizo saber el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, minutos después del discurso de Lifschitz.

“Es sumarle un problema más a la justicia: no hay jueces especializados ni policías, ni funcionarios capacitados”, advirtió el magistrado.

Cruce

En el Senado, ya hubo un fuerte choque de posiciones cuando Enrico repitió la presentación de su proyecto.

Como el senador del Frente Progresista Sur abundó en argumentos en favor del proyecto que ahora sí tiene el apoyo de la Casa Gris, el jefe de la bancada del PJ, Armando Traferri, consideró necesario fijar su posición, “de tipo personal”, en contra de la iniciativa.

Traferri, como su compañeros de bancada Rubén Pirola (Las Colonias), Danilo Capitani (San Jerónimo) y Alcides Calvo (Castellanos), se abstuvieron cuando el Senado aprobó por última vez la iniciativa de Enrico, a fines de 2016. (La misma posición adoptó el entonces senador por La Capital del PS, hoy concejal, Emilio Jatón).

Habrá que ver hasta dónde llega el cambio de posición en el bloque de los 11 senadores justicialistas.

Por otra parte, dos senadores del PJ han jugado fuerte en favor del proyecto desde que está en debate. El primero en apoyar la desfederalización del narcomenudeo fue Eduardo Rosconi (PJ-Caseros) y su proyecto de 2013 planteó un texto abreviado para la adhesión a la ley nacional, con el fin de producir un posterior debate entre poderes que fije plazos y condiciones para una transición, que tomaba como modelo el fructífero proceso de la reforma penal santafesina.

Del mismo modo, tanto cuando Rosconi impulsó su proyecto como cuando Enrico tomó la posta, Raúl Gramajo (PJ-9 de Julio) mostró su total apoyo. Y la posición del presidente de Asuntos Constitucionales puede ser influyente en la bancada.