Alegatos finales
Piden 14 años para jefe narco de Alto Verde
Sergio Norberto Villarroel, alias “Zurdo” está acusado como “organizador” de una red de tráfico de drogas de alcance internacional. En tanto, el fiscal Martín Suárez Faisal pidió penas de cumplimiento efectivo para su pareja, dos de sus estrechos colaboradores y un delivery de drogas.
Juliano Salierno
El fiscal general Martín Suárez Faisal pidió 14 años de prisión para Sergio Norberto “Zurdo” Villarroel, el empresario del Video Cable y dirigente deportivo del distrito costero de Alto Verde, a quien se lo acusa de liderar una banda de alcance internacional dedicada al comercio de estupefacientes. El Ministerio Público Fiscal de la Nación le atribuyó el rol de “organizador” de los delitos de “comercio de estupefacientes” y “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, “agravado por la participación de más de tres personas”.
Junto con el “Zurdo” pidió condenas de cumplimiento efectivo para su pareja, Débora Vanina Flores, para quien se solicitó a los jueces siete años de prisión, en carácter de autora del delito de “comercio y tenencia de estupefacientes con fines comercialización agravado por la participación de tres o más personas”. La misma pena -siete años de prisión- fue reclamada para dos estrechos colaboradores del “Zurdo”, Luis Alberto González y Cristian Leonardo Gamarra, considerados autores de “comercio de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas”.
Por último, el fiscal Suárez Faisal pidió cuatro años de prisión efectiva para Martín Andrés Beilis por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y que se disponga su inmediata detención, en tanto es el único de los cinco que atraviesa el proceso en libertad -Flores está en domiciliaria y los tres restantes permanecen alojados en Coronda-.
El juicio empezó el 17 de mayo y estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Luciano Homero Lauría -presidente-, María Ivón Vella y José María Escobar Cello, quienes tras escuchar los alegatos defensivos darán a conocer la sentencia esta semana.
Trama delictiva
Este lunes la Fiscalía abrió su alegato adelantando que iba a “sostener la acusación del requerimiento de elevación a juicio” en el cual Villarroel y su grupo habría incurrido en actividades ilegales, al menos durante el lapso que va desde abril de 2014 -inicio de la investigación- al 10 de diciembre de 2016 -día de los allanamientos y detenciones-. “Villarroel organizó y dirigió una empresa ilícita que se ocupaba de todas las fases del negocio excepto la producción” de la materia prima, la cual se proveía de países como Paraguay -la marihuana- y Bolivia -la cocaína-.
Para ilustrar, nombró a sus contactos extranjeros y en zona de frontera, entre los que destacó a “Jairo Velázquez” alias “Popeye” -el sicario del poderoso narco colombiano Escobar Gaviria-, el “Boli” o “Norma” (contacto con Bolivia), y su intermediario internacional “Toto” Armichiardi, un rafaelino con antecedentes lejanos y cercanos por contrabando, que emigró al norte del país a la frontera con Paraguay. Este personaje “fue condenado por tráfico de drogas hace más de 20 años por este tribunal”, recordó el fiscal; y también en 2016 por el transporte de 18 kilos de marihuana por el Tribunal Oral Federal de Formosa.
Para el MPF como parte de esa trama delictiva, Villarroel “contaba con su pareja Flores, que colaboraba en las transacciones”; y con los coimputados el “Cabezón” González y el “pollero” Gamarra, dedicados a la fase de “abastecimiento y venta” de estupefacientes en distintos barrios de la ciudad. Por último, apuntó a Martín Beilis, conocido en las escuchas como “Tincho”, que se pasaba las noches vendiendo estupefacientes para Gamarra, bajo la modalidad “delivery”.
Allanamientos y capturas
Una vez trazado el marco general de la acusación, Suárez Faisal concentró su estrategia en resaltar la importancia de las “escuchas telefónicas” obtenidas en el marco de la causa. A modo de ejemplo, dijo que “se intervinieron más de 20 líneas, de las cuales 10 fueron utilizadas por Villarroel”; y que se grabaron “más de 30.000 CD’s” que están en poder de Gendarmería Nacional.
También recordó que el golpe de gracia a la organización delictiva se produjo el 10 de diciembre de 2016 cuando el juez federal Francisco Miño ordenó “19 allanamientos en Santa Fe y Rincón”, según lo solicitado por el fiscal federal Walter Rodríguez. En aquel entonces, la atención se concentró “en esa gran vivienda de la calle Demetrio Gómez (Manzana 1 de Alto Verde) donde habitaban Villarroel y Flores”. Allí “se secuestraron once celulares”, “200 mil pesos en efectivo”, “otros 200 mil en cheques”, “una pistola 11/25 con proyectiles”, “una balanza”, etcétera. Allanamientos que se replicaron en las oficinas de “Alto Verde Cable y propiedades lindantes” y una “casaquinta de calle Del Sol” en Villa California donde se secuestró un ladrillo de “1.025 gramos de cocaína, escondido entre camisetas y pantalones de fútbol”.
Eufemismos e incoherencias
Surge como interrogante el hecho de que a pesar de haber desbaratado una megaorganización con roce “internacional”, el producido de los secuestros haya sido apenas de un kilo de cocaína y unos gramos más dispersos en otro domicilio. En respuesta a esa pregunta, el fiscal sostuvo que “la principal prueba son las escuchas telefónicas” cuyos CD‘s eran grabados en Buenos Aires “pero eran recibidos en Santa Fe para su desgrabación una semana más tarde. No eran escuchas directas” y por eso “no se pudieron filmar, ni interceptar encomiendas” que ratifiquen de manera fehaciente la labor de inteligencia.
“Arrolladito, patita, alitas, menudos, pescado, asado, pasto, remera, pantalón, bizcochos, laja”, esos son algunos de los nombres con los que Villarroel y sus íntimos hablaban de la droga. “Pensaban que los estaban escuchando y que así podían disimularlo”, dijo Suárez Faisal en sus casi dos horas de alegato. “Eran conversaciones incoherentes si nos atenemos a la charla”, destacó.
Si bien Villarroel “cambiaba permanentemente” de números telefónicos, “Gamarra tuvo durante mucho tiempo el mismo teléfono” que de hecho “fue secuestrado en su casa de pasaje Echeverría”. En una época de mucha actividad, el “Zurdo” y el “pollero” mantenían “entre 10 y 20 llamadas por día”, de las cuales se desprenden jugosas piezas documentales que fueron leídas y releídas en las distintas etapas del juicio. En definitiva, para la fiscalía los sinónimos registrados en las escuchas no eran otra cosa que “eufemismos, que usaban para referirse a los estupefacientes”.
El “Zurdo”: un émulo del Patrón del Mal
Cinco mojones plantó el fiscal Martín Suárez Faisal para delinear el perfil narco-social del “Zurdo” Sergio Norberto Villarroel (57). Aunque destacó su origen “humilde” y “de infancia sufrida” en sus comienzos en Del Viso, provincia de Buenos Aires, no le dejó pasar el hecho de que reconociera que antes de desembarcar en Santa Fe, “hace como 30 años”, integrara la “barrabrava de Chacarita”, lo que consideró una confesión de parte como miembro de una organización mafiosa.
Para el acusador Villarroel no sólo era “el nexo común con el resto de los coimputados”, sino que “era el jefe, el presidente” como le decían por su rol de “refundador del club Defensores de Alto Verde”. De hecho “se nota un perfil de subordinación” para con él de parte de quienes eran “su brazo ejecutor”.
Si bien no era violento -los testigos sostuvieron que la red que tendía no utilizaba la fuerza para sojuzgar a su red de distribuidores-, “la extensión del daño causado” es altísimo en cuanto al alcance de distribución de drogas a nivel local y regional. Para ello contaba con contactos, adentro y afuera del país, que lo convertían en un narco de gran escala territorial.
Para ocultar ese extenso daño causado, Villarroel se construyó una coraza de “vecino solidario”. “Uno de los principales objetivos que tuvo fue penetrar en el entramado social” así como sucedió con Pablo Escobar Gaviria en Colombia, cuando era el rey de la droga en la década del 80 y 90. “La comparación es excesiva en cuanto a la escala, pero la idea puede encontrarse emulada”, dijo Suárez Faisal.
“Villarroel no trabajaba, más allá de ir a caminar con Gamarra” y “de cumplir con su rol de mecenas del deporte” en el club Defensores de Alto Verde, que era una institución que no cobraba cuota social para sostener sus gastos. En ese marco, desencajaba que llevara “una vida de lujos”, como definió la acusación.
“Disfrutó de un crecimiento desmesurado” con una casa de dos plantas, quincho y pileta a la vera del río, en la entrada a Alto Verde; tenía “una casaquinta con todas las comodidades en la calle más cotizada de Rincón”; “un terreno en Sauce Viejo”; y una flota de vehículos entre los que se destacan una Ford Eco Sport, una Toyota Hillux, dos camiones y una lancha.
Claro que no dejó de referirse a la llamada “pata policial”, protección sin la cual no podría haber operado durante el lapso que se lo investigó. Lamentablemente “no se pudo determinar cuál ha sido” ese lazo con fuerzas policiales, pero desde la foja Nº 1 de la causa “se dijo que contaba con protección policial”. Dos nombres sonaron cerca -el del “pelado” Gustavo Gribaldo, un policía procesado en Reconquista por tráfico de drogas- y el de un ex jefe de drogas llamado Carlos Pagano. “Ese es un águila”, lo definió el propio Villarroel en una escucha.
