Por sedición
Rebelión policial: El fiscal pidió la elevación a juicio
Los procesados en la causa son el titular de Apropol, Rubén Martínez y los sargentos de policía Abasto, Patiño y Pagani. Los hechos ocurrieron en la semana del 3 al 10 de diciembre de 2013, durante la gobernación de Antonio Bonfatti.
Manifestaciones, bloqueos, inutilización de móviles e interferencias en el 911 fueron algunos de los actos endilgados a los acusados.
Foto: Archivo El Litoral
Redacción de El Litoral
El fiscal Federal Nº 1, Jorge Gustavo Onel, solicitó la elevación a juicio de la causa en la que fueron investigados tres policías de la provincia y el titular de Apropol, por la rebelión policial ocurrida en la provincia en la semana del 3 al 10 de diciembre de 2013, durante la gobernación de Antonio Bonfatti.
El escrito del Ministerio Público Fiscal fue elevado el lunes pasado -16 de julio- al juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez, para que remita el expediente ante el Tribunal Oral Federal, que será el encargado de llevar la causa a juicio.
“La instrucción se encuentra completa con relación a la totalidad de los procesados”, sostuvo el fiscal Onel en una resolución de 49 páginas, en la que analiza punto por punto el devenir de la semana de conflicto.
La lista de imputados está encabezada por el “Gaucho” Alberto Rubén Martínez (55), quien se presentó ante los tribunales como “productor de contenidos periodísticos” por su labor al frente de la página web de Apropol (una entidad de pretensiones sindicales, pero sin reconocimiento legal). Los tres restantes son los sargentos de Policía, Fabricio Javier Abasto (42), Claudio Marcelo Patiño (46) y Mauricio Miguel Pagani (45).
Semana caliente
En el caso de Martínez, se lo acusa por “instigación a cometer delitos, en concurso real con amenazas coactivas agravadas, en calidad de autor”; en tanto Abasto, Patiño y Pagani fueron considerados coautores de “sedición, agravado por tratarse de funcionarios públicos”.
Puntualmente, a Martínez se lo responsabiliza de “haber instigado, a partir del 3 de diciembre de 2013, y hasta el 10 de ese mes, la comisión de delitos por parte de personal policial” (...) y “en virtud de lo cual éstos ejecutaron un plan consistente en alzarse en armas contra el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe”.
La finalidad de dicho plan: “Arrancarle al poder estatal una medida o concesión, que consistió en el dictado del decreto número 4.221/2013 del 10 de diciembre de 2013”; decreto que “tuvo por objeto el otorgamiento de una recomposición salarial y de la carrera profesional” de la Policía y Servicio Penitenciario.
Para lograrlo, “Martínez utilizó diversos espacios virtuales de la organización Apropol (agrupación sin reconocimiento legal alguno, conformada por personal policial de la provincia en actividad y en situación de retiro)”.
Arenga pública
El fiscal Onel hizo una pormenorizada enumeración de las arengas que por distintos medios propaló Martínez. Además, desde la página de Internet de Apropol se publicó: “Es momento de un paro en Santa Fe: la situación no da para más. De nosotros depende y esto no es tarea de un sindicato solamente, sino de TODOS los policías y penitenciarios”...
En ese contexto, Martínez dirigió “distintos mensajes de texto a abonados telefónicos del entonces gobernador Antonio Bonfatti” que “implicaron amenazas que tenían como propósito la obtención de una medida o concesión por parte del mencionado funcionario”.
Respecto de los tres restantes, la fiscalía les atribuyo el hecho de “haberse alzado en armas contra el Poder Ejecutivo de la provincia, al menos entre los días 6 y 10 de diciembre de 2013, para arrancarle alguna medida o concesión” (decreto de recomposición salarial).
“Actuaron como coordinadores y negociadores de las mencionadas acciones ilegítimas, y además de ello se movilizaron en forma organizada y juntamente con un número indeterminado de personas -aproximadamente 150- varios de ellos portando armas de fuego, a la par que, a modo de presión, materializaron un deliberado abandono y debilitamiento de las actividades propias de seguridad pública a las que estaban obligados, consistente en las siguientes acciones: manifestaciones ante la sede de la Unidad Regional I (sita en Urquiza al 700), bloqueo de puertas de dicho edificio público, inutilización de móviles policiales mediante el desinflado de neumáticos, interferencias e interrupciones en el servicio telefónico de emergencias 911, y retiro injustificado de sus lugares de trabajo (en el caso de los procesados Abasto y Patiño, de la Patrulla de Intervención Urbana)”, sintetizó el fiscal.
La denuncia
La causa judicial se inicia con la denuncia formulada por el entonces fiscal de Estado, Pablo Saccone, mediante nota del 10 de diciembre de 2013, en la cual se acompañaron cuatro fotografías que ilustran la magnitud del acontecimiento y una persona exhibiendo un arma de fuego.
Para el Ejecutivo, la rebelión policial llevó al gobernador Bonfatti a firmar el decreto 4.221 del 10 de diciembre de 2013 -en el cual se establecen distintas mejoras salariales al personal policial y penitenciario provincial-, a los efectos de descomprimir la situación de caos reinante.
El entonces ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, dijo en declaración testimonial que se “estaba saboteando la frecuencia policial, y arengando por el autoacuartelamiento”. Y el director provincial de Tecnologías para la Seguridad del mismo ministerio, Diego Ignacio Rullo, explicó que entre el 6 y el 10 de diciembre de 2013 fueron escuchados en la frecuencia policial diversos archivos donde personal policial realiza arengas o manifestaciones en favor de la protesta. “La frecuencia policial fue tomada casi en su totalidad, lo cual bloqueó la operatividad del 911”, dedujo el fiscal Onel.
Amenazas al gobernador
Para el fiscal Gustavo Onel, el imputado Rubén Martínez envió mensajes amenazantes e intimidatorios al ex gobernador Bonfatti, entre los días 4, 6 y 7 de diciembre de 2013. Para ello utilizó un teléfono celular registrado a nombre de su esposa. “Seguís pensando en pagarle $ 5 mil a los policías explotador?”, “explotador y negrero de los policías, te hago responsable de todo lo que sucede. No pistas (sic) decir que no te lo adelanté. Facineroso” y finalmente: “En vez de mandarme la cana a mi casa, por qué no buscás a los narcos y les pagás sueldos dignos a la cana, payaso explotador y negrero. El 12 voy para Rosario y vamos a hablar”.
Comité de crisis
“Como consecuencia de la situación, se registraron diversos hechos que pusieron en riesgo la seguridad pública en comercios, establecimientos y lugares particulares, razón por la cual se vio afectado el orden institucional de la provincia, lo cual se evidenció en la creación con fecha 7 de diciembre de 2013, de un Comité de Crisis entre el gobierno federal con participación de las autoridades políticas y la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval y la Policía Federal y el gobierno provincial”, reza el escrito fiscal.
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