Ante la Cámara de Apelación Penal

Multitudinaria audiencia por el caso de las escrituras truchas

Tres escribanos y un empleado del Servicio de Catastro encabezan la lista de imputados. Del total de 26 procesados, 22 apelaron la resolución. Se investigan delitos vinculados con la asociación ilícita, estafa y falsificación de documentos públicos.

Juliano Salierno

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El próximo jueves 2 de agosto, a las 8 de la mañana, está fijada la audiencia en la que tendrá tratamiento la apelación del procesamiento en la denominada “causa escribanos” o “de las escrituras truchas”. La cita será en la Sala Nº 5 del primer piso del edificio de Tribunales y estará a cargo del juez de Cámara, Jorge Andrés. La particularidad del evento está dada por la cantidad de actores que tendrán intervención -se estima que serán al menos 21 oradores-; al margen de la relevancia pública de un caso de presuntas estafas con múltiples víctimas y por las que resultaron procesadas 26 personas.

En una sala con capacidad para el público de alrededor de 30 personas, dado que por una cuestión organizativa, parte de los lugares para el público estarán ocupados por las propias defensas, se verá limitado el acceso para familiares de los imputados, periodistas y público en general.

Según se acordó en una reunión previa que mantuvo el juez Jorge Andrés con las partes, cada defensa tendrá 15 minutos para expresar su postura y cada dos horas de audiencia se realizarán cuartos intermedios, en los que se producirá la rotación de las defensas al lugar de los oradores.

Como parte del acuerdo previo, el magistrado pidió a los abogados de parte, que acudan sin codefensores o asesores, dado que esto duplicaría o triplicaría la cantidad de personas en la sala. Por el mismo motivo y por tratarse de un proceso que se tramita con los imputados en libertad, se cree que la gran mayoría no estará presente, sino a través de sus representantes legales.

En total, serán 21 oradores, que están divididos en 15 defensas, 5 querellas y la Fiscalía, según informaron fuentes judiciales. En cuanto al orden de exposición, las partes acordaron que sea el establecido en la carátula del expediente, que es aleatorio.

Historia judicial

El caso surgió por una denuncia realizada el 21 de diciembre de 2011, por el entonces secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Roberto Vicente y la directora del Registro General, Nora Mauro. El motivo: la detección de “alteraciones y/o incongruencias en dos asientos registrales que perjudicaban a un legítimo propietario”.

Ante la verosimilitud de los hechos denunciados, el fiscal Nº 6, Rubén Díaz, formuló el requerimiento de instrucción que tuvo en la mira a tres escribanos. En una primera etapa, la causa estuvo a cargo del ex juez de Instrucción Nº 1, Jorge Pegassano (hoy juez penal del nuevo sistema), quien recibió una ampliación de denuncia el 21 de marzo de 2012, ante la aparición de un caso de las mismas características en Santo Tomé y Sauce Viejo.

Los tres escribanos fueron citados a indagatoria en mayo de 2013 por el juez Pegassano, quien el 7 de junio de ese año, los procesó por “falsificación de documento público en forma reiterada”. El 25 de octubre, la Cámara de Apelación Penal declaró “la nulidad de las declaraciones indagatorias y por ende del procesamiento; por lo que el 8 de noviembre del 2013 año la causa fue remitida al juez de Instrucción, Darío Sánchez.

El voluminoso expediente atravesó una etapa de letargo en medio del Sistema Conclusional de causa penales, hasta que el 1º de septiembre de 2016 el magistrado llamó a indagatorias, aunque en vez de tres, fueron 27 personas, las que luego resultaron procesadas.

Según consta en el procesamiento -una pieza documental de 189 páginas, dictada el pasado 29 de diciembre de 2017, por el juez de Instrucción, Darío Sánchez-, desde el Registro de la Propiedad constataron que las “inscripciones carecen de soporte documental”, es decir “que las escrituras que se consignan contienen en realidad otro acto jurídico en el Protocolo de los profesionales según lo informado por el Archivo de Protocolos del Colegio de Escribanos de la 1ra. Circunscripción”.

Autores y prestanombres

En los considerandos, el juez Sánchez dejó en claro que “existió por un lado, un grupo de personas que tomaron parte en una asociación cuyo finalidad era la de cometer delitos, y por otro lado, otro grupo que prestaron su nombre para la consumación de dichos ilícitos, con distintos grados de participación”.

Sobre los tipos de delitos cometido, el Dr. Sánchez explicó que consistía “en la inserción de declaraciones falsas en instrumentos públicos y/o asientos registrales, su falsificación y/o adulteración, relativos a cambios apócrifos de titularidad dominial y catastral sobre distintos inmuebles, que posteriormente eran ofrecidos, vendidos o transferidos a terceros adquirentes, en perjuicio de éstos, de sus auténticos y legítimos titulares y/o del Estado provincial”.

También resaltó que las operatorias fueron varias, pero la mecánica primaria consistió -como ya se ha expresado- en la adulteración, falsificación o inserción de datos falsos en asientos registrales en el Registro de la Propiedad.

En términos prácticos: “Una persona aparece como propietaria (sin serlo) de un inmueble que luego transfiere (venta y/o donación) a terceras personas. Que posteriormente, con la información falsa contenida en dichos asientos, se actualizaba la titularidad dominial de esos inmuebles en la Base de Datos del Servicio de Catastro e Información Territorial, a los efectos tributarios, con complicidad de algunos de sus empleados. Que con esta maniobra ilícita se lograba que los nuevos y falsos titulares aparecieran como nuevos contribuyentes a los efectos fiscales, reforzando la apariencia de legalidad a las futuras transferencias de estos inmuebles a terceros”.

Los imputados

Como resultado, el magistrado procesó a los escribanos Claudia María del Huerto Dechanzi, Pablo Galván y Martín Oscar Peón, como presuntos “coautores de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, estafa y asociación ilícita en concurso real entre sí”. Al empleado del Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia, Daniel Tomassi, se le aplicó la figura de “autor de los delitos de estafa y falsedad ideológica, partícipe principal de estafa, y asociación ilícita”.

También recibieron procesamiento con grado de autoría Rolando Vergara, Jesús Vega y Carmelo Liberatore -como presuntos “coautores de los delitos de estafa y asociación ilícita”-; y Cristina Usedo y Edelvis Patrone -como presuntas “autoras de los delitos de falsedad ideológica, partícipe principal de estafa y asociación ilícita”-.

Como “partícipes primarios de falsedad ideológica de instrumentos público, coautores de estafa y asociación ilícita” el juez procesó a 14 personas: Ricardo Acebal, Jorge de Nápoli, Julio David Díaz, Miguel Ángel Durani, Alberto Luis Eggel, Ángel Alberto Guardia, Raimundo López Barro, Eduardo Mantay, Marcelo Gustavo Ojeda, Raúl Arsenio Muñiz, Tomás Rubén Núñez, Diego Parisse, Urbano Parisse y María Cristina Manzur.

Odelina Miriam Martín también fue considerada presunta “participe primario de falsedad ideológica de instrumentos público y asociación ilícita”; y Elbio Roldán y Miguel Ceballos, como presuntos “partícipes principales de estafa y asociación ilícita”.

De los 27 imputados, el juez sólo dictó la falta de mérito para el abogado Diego Javier Capón y confirmó la libertad provisional oportunamente concedida a todos los nombrados durante el tramite del proceso. Por último, fijó embargos de $50.000 para los escribanos y el empleado del Scit y de $10.000 para los 22 restantes.

21 oradores

se encuentran acreditados para exponer durante la audiencia.