Reunión con fiscales, defensores, funcionarios del Ejecutivo y jueces
El Senado prepara cambios al Código Procesal Penal Juvenil
A puertas cerradas y con temario abierto, senadores del oficialismo y la oposición recibieron inquietudes y preocupaciones sobre el proyecto de ley que aprobó Diputados para Niños, Niñas y Adolescentes. Ni el nombre convence a la Cámara Alta.
La reunión entre representantes de los tres poderes se desarrolló en el recinto del Senado.
Foto: Guillermo Di Salvatore
Luis Rodrigo
En el recinto de la Cámara de Senadores -porque la sala de reuniones de la Presidencia hubiera resultado chica-, los representantes de los departamentos recibieron a funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, jueces de menores e integrantes del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal dialogaron sobre la necesidad de que Santa Fe tenga una nueva ley para los procesos penales que involucran a los menores de 18 años.
El Código Procesal Penal para Niños, Niñas y Adolescentes que logró media sanción en la Cámara de Diputados recibirá modificaciones en el Senado. Los cambios a ese despacho dependerán del debate entre quienes tienen visiones distintas sobre el tema, tanto dentro del mayoritario bloque del PJ del Senado como en el oficialismo compuesto por radicales frentistas, socialistas y un radical de Cambiemos, que van desde el nombre elegido hasta la concepción de los derechos de los menores de edad y -también- los de las víctimas de sus delitos.
En términos generales, ambas Cámaras ven de manera muy diferente el tema. Mientras que los senadores ven una suerte de respuesta “cándida” de los diputados con su proyecto de ley, los diputados temen que en la Cámara Alta se cambie tanto de su iniciativa que se convierta en una norma del tipo de las que reclaman las voces en favor de la llamada “mano dura”.
El tema está entre los asuntos con pedido de tratamiento preferencial desde julio, pero la cuestión no ha avanzada, porque entre los senadores hay diferencias respecto de algunos aspectos del texto votado por la Cámara Baja. Por lo pronto, la preferencia se ha renovado para el 20 de septiembre, pero cuesta pensar que las modificaciones puedan resolverse entre los senadores en tan sólo una semana.
En deuda
En reiteradas oportunidades, la Casa Gris ha reclamado la sanción de una ley que cree el Código mencionado. Y en julio, en declaraciones a El Litoral, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, advirtió que los menores punibles no pueden ser condenados en la provincia de Santa Fe porque el Senado no terminó de sancionar el mencionado Código Procesal Penal.
El ministro envió a la reunión con los senadores a todo su equipo, lo mismo que el jefe de los fiscales Jorge Baclini, también ausente. En tanto por los defensores, su titular, Jaquelina Balangione, participó activamente en favor de que la ley -y el Estado- brinde a los jóvenes (no habló de niños, como la media sanción), posibilidades para la reinserción social de quienes delinquen por primera vez.
Tras la reunión habló con un grupo de periodistas y entre otros conceptos advirtió que todos los menores de 18 reciben, todos, los servicios de la defensa que da el Estado, porque no tienen recursos económicos con que solventar a un profesional pago en forma particular. “No hay abogados de estudios privados que defiendan a menores”, graficó.
Trayecto
Durante el período extraordinario de sesiones (de diciembre de 2017 al 1º de mayo de 2018), el gobernador Miguel Lifschitz había autorizado el tratamiento del tema, a fin de facilitar el debate en la Cámara Alta.
Mientras la Legislatura discute cuál será el Código que fije las pautas procesales para los menores que comenten delitos, hoy siguen bajo un sistema arcaico: son juzgados por magistrados que también llevan a cabo la investigación y no hay chances de que sus víctimas puedan ser actores activos del juicio. Sin defensa, acusación ni sistema oral, hoy los delincuentes que debutan en el delito (o al menos aquellos que son aprendidos por la policía por primera vez) tienen pocas posibilidades de mejorar su relación con la sociedad. Balangione subrayó que todos o casi todos los menores de 18 años que tienen un abogado defensor del organismo a su cargo tienen dos características: son varones y pobres.
Los senadores plantean un enfoque de la normativa con mayor rigidez que en Diputados.
Foto: Guillermo Di Salvatore
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