Actualizaron haberes a activos y pasivos así como viáticos y gastos de representación

La jubilación mínima en la provincia es de 11.052 pesos desde septiembre

El Poder Ejecutivo dio a conocer los decretos con la actualización de ingresos a todos los sectores del Estado por la aplicación de la cláusula gatillo. Garantizan un sueldo mínimo de bolsillo de 21.610 pesos a todo el personal de seguridad.

Mario Cáffaro

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En cinco decretos publicados esta semana en el Boletín Oficial de la provincia, el gobierno santafesino actualizó los haberes de los distintos sectores del Estado así como las pasividades y gastos de representación y viáticos. Los nuevos valores rigen a partir del 1 de septiembre y así la jubilación mínima en la provincia pasó a ser de 11.052 pesos y la pensión a 8.289 pesos.

En los considerandos de los sucesivos decretos, se coincide en recordar que en los acuerdos paritarios con los diferentes sectores se estableció que “en caso de que la evolución del índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado y publicado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), observe un incremento acumulado que supere el 18% respecto al valor del índice de diciembre de 2017, los salarios se actualizarán en el mes subsiguiente aplicando dicho porcentaje de evolución acumulada del IPC sobre los sueldos vigentes a diciembre de 2017, respetándose la composición salarial acordada y que esa cláusula será operativa hasta el mes de diciembre de 2018, inclusive”.

En el caso del decreto referido a los agentes comprendidos en el escalafón decreto acuerdo 2695/83, se fija la nueva asignación básica para el personal de administración central, de API, de Catastro; también de Fiscalía de Estado; talleres gráficos y además a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo. Incluye el decreto los nuevos haberes jubilatorios mínimos, idem para beneficiarios de la ley 5.110; nuevos mínimos y máximos para la compensación mensual ‘falla de caja’ así como los valores de viáticos.

El artículo 3 del decreto fija la asignación básica inicial en API y en Catastro en 16.699 pesos con 31 y actualiza proporcionalmente las cifras del presentismo para el sector.

En el caso de Fiscalía de Estado los nuevos montos mínimos parten de 9.496 pesos con 70. En los talleres gráficos, el monto menor pasó a ser de 9.739 pesos con 55.

En cuanto a pasivos provinciales, el haber mínimo se estableció en 11.052 pesos para el jubilado y de 8.289 para pensionados.

El concepto ‘Falla de Caja’ tiene desde el mes pasado un mínimo de 731 pesos hasta 2.948.

Por último, el valor del viático diario quedó establecido en 1.699 pesos con 85 centavos.

Otros escalafones

El decreto 2655 estableció las nuevas escalas para el personal comprendido en los escalafones policial, servicio penitenciario e Instituto Autárquico de Industrias Penitenciarias (IAPIP). El decreto además de haberes actualiza los diferentes ítems como los asignaciones especiales que tiene el personal de la brigada de granadas y explosivos; dedicación jerárquica; mayor jornada horaria laboral. Además se garantiza que ningún agente perteneciente a estas áreas perciba menos de 21.610 pesos con 88 de bolsillo desde septiembre..

Es el decreto 2653, el que actualiza haberes del sector de profesionales universitarios de la sanidad comprendidos en la ley 9.282. En este instrumento se dispone para el sector que comprende además a los médicos auditores del IAPOS se actualizan un 20,9% con respecto a diciembre de 2017.

Otro decreto, el 2654, establece los nuevos ingresos del personal de la Dirección Provincial de Vialidad cuyo haber básico fue establecido en 4.104 pesos con 12 centavos.

Sindicatura

Upcn informó que se normalizó la prestación de servicios dentro de la Sindicatura General de la provincia tras haber obtenido respuestas favorables a reclamos vinculados a la carrera administrativa de parte del personal. El gremio indicó que se normalizó la realización de las auditorías de control interno en toda la administración santafesina.

En el sector, los agentes exigen respuestas al pedido de igualdad de trato salarial con los demás órganos rectores de la Administración Pública.