Cuarto pedido de prisión preventiva
Finalmente, quedó detenido un padre acusado por corrupción de menores
“El hecho es aberrante desde el primer momento”, aseguró la fiscal de San Javier, Rosana Marcolín. El viernes pasado, el juez Rodolfo Mingarini dictó la medida cautelar para Walter Gabriel S.
“Es la cuarta audiencia que se solicita la prisión preventiva”, destacó la fiscal Marcolín.
Foto: Guillermo Di Salvatore/Archivo
Redacción de El Litoral
Un año y medio después de radicada la primera denuncia contra un hombre acusado de graves delitos contra su pareja y sus siete hijos, la Justicia le dictó la prisión preventiva el viernes pasado en una audiencia de revisión de la medida cautelar.
El juez penal Rodolfo Mingarini ordenó la prisión para Walter Gabriel S. tras el pedido de la fiscal de San Javier, Rosana Marcolín, que en septiembre pasado le amplió la imputación.
La acusación es en su carácter de autor de los delitos de “reducción a la servidumbre”; “lesiones leves calificadas”; “amenazas coactivas en contexto de violencia de género”; “corrupción de menores calificada por haber mediado violencia y la calidad de ascendente respecto de las víctimas”; y “desobediencia al mandato judicial”.
El caso se remonta al 2017, en mayo de ese año la fiscal pidió por primera vez la preventiva para el hombre que hoy cuenta con 50 años y se presentó como “pescador” de la zona de la costa.
“El hecho es aberrante desde el primer momento”, aseguró la Dra. Marcolín. “Todos sabían y lo dije en todas las audiencias respecto de cómo violaba las medidas de distancia” y sin embargo “las sostuvieron tres jueces”, destacó la fiscal.
En tribunales
Apenas iniciado el caso, el primero en concederle al imputado alternativas a la prisión preventiva fue el juez Héctor Candioti, quien estableció estrictas medidas de distancia que al poco tiempo el imputado logró vulnerar para volver a mantener contacto con los chicos, que desde entonces se encuentran bajo la tutela de la Secretaría de la Niñez. La fiscal apeló la decisión del magistrado, pero el recurso fue rechazado por la Cámara con un fallo del juez Fabio Mudry, que ratificó la actuación de su inferior.
Al poco tiempo, la Fiscalía volvió a solicitar la preventiva basada en nuevas evidencias que surgían de las declaraciones de las víctimas, pero además, de información que suministraba el órgano estatal a cargo de la custodia de los menores.
En esa oportunidad fue el juez Nicolás Falkenberg quien se limitó a mantener lo decidido por los dos jueces anteriores, aludiendo que había una sentencia en ese sentido. En este caso, la resolución fue nuevamente apelada y anulada por el juez de cámara Jorge Andrés.
Hubo un tercer intento por encarcelar al hombre que además de delitos aberrantes, se negaba a cumplir con las normas establecidas en el proceso, esto es, cumplir con la medida de distancia para con sus hijos. El juez Eduardo Pocoví rechazó una vez más el planteo de la fiscalía y en la Cámara, el juez Sebastián Creus, anuló la resolución.
La cuarta
El derrotero llevó nuevamente el caso a los estrados en septiembre pasado, cuando “se ampliaron las imputaciones”. “Es la cuarta audiencia que se solicita la prisión preventiva”, recordó la fiscal. En esta oportunidad, las anteriores denuncias y declaraciones, se vieron reforzadas por nueva evidencia, ya que “se agregaron las cámaras Gesell que se hicieron en julio” a cuatro de los niños; además del secuestro de celulares con pornografía, que el padre entregaba a sus hijos estando alojados en un hogar de la provincia.
El viernes, tras tres horas de debate en el que el imputado contó con la defensa de la abogada Virginia Segado, del Servicio Público, el juez Mingarini resolvió suspender las alternativas de las que gozaba el acusado y ordenó su inmediata detención a disposición del Servicio Penitenciario, en tanto los fundamentos serán dados a las partes por escrito, en el plazo legal, informaron fuentes tribunalicias.
- Los hechos ilícitos fueron cometidos en San Javier, en Colonia Francesa y en la ciudad de Santa Fe. Si bien la investigación comenzó en mayo de 2017, los delitos venían perpetrándose desde que empezó la convivencia entre el imputado y su pareja hace 18 años. Se trata de un caso de un grado de violencia inusitada que ejercía el hombre que quedó en prisión preventiva en perjuicio de la mujer y de los siete hijos de ambos”.
Rosana Marcolín / Fiscal de San Javier
“Te tendría que prender fuego”
“A vos te tendría que prender fuego”, le dijo un día Walter Gabriel S. a su pareja y le quemó el cabello. El hecho es uno de los tantos que relataron las víctimas desde el momento en que decidieron pedir ayuda para terminar con el calvario a que los sometía su padre.
De hecho, cuatro de los hijos mayores declararon en cámara Gesell y ratificaron los reiterados episodios de violencia doméstica y sexual que vivieron desde que tienen memoria. El mismo equipo de médicos que trabaja con los hermanitos, recomendó no hacer las entrevistas con los tres más chicos, justamente por el estado de vulnerabilidad en que se encontraban.
La fiscal estimó en unos 18 años el período en que el hombre de la casa mantuvo bajo situaciones de permanentes humillaciones a su grupo familiar, primero para con su pareja y luego con los niños.
“Humillaciones y vejaciones múltiples como golpes con palos, mangueras y cadenas” son algunas de las acciones descriptas por la acusación; que luego eran seguidas por “amenazas psicológicas” para evitar que lo denunciaran.
Para el Ministerio Público, los excesos fueron tantos que incluso les impidió “desarrollar una infancia normal”, y a punto tal que los llegó a privar de ir a la escuela. “Ha hecho pasar hambre a las víctimas y obligarlos a dormir en el suelo”, acusó Marcolín y sostuvo que el hombre incumplió las medidas de distancia entre el 14 de mayo de 2017 y hasta el 6 de diciembre de 2018.
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