Litigiosidad laboral por riesgos del trabajo

Redacción de El Litoral

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Idesa

“Ante la crisis pululan propuestas que por generar más gasto público o menos recaudación resultan inconducentes. Con ideas innovadoras y coordinación entre jurisdicciones la reforma sobre el sistema de riesgos del trabajo demuestra que se puede mejorar la protección social y la competitividad sin agravar el déficit fiscal”.

La opinión encabeza un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. La entidad que preside el economista Jorge Colina es un centro de estudios que se define como independiente -sin fines de lucro- especializado en la temática del mercado laboral; el sistema educativo y de capacitación laboral; la seguridad social; el sistema de salud y la asistencia social.

“Como respuesta a la crisis económica, las entidades empresarias, sindicales y los partidos de la oposición son insistentes con propuestas y demandas que implican reducción de la recaudación y/o aumentos del gasto público. De esta forma, lo que puede ser un beneficio para ciertos sectores termina siendo un perjuicio para el resto de la sociedad en la medida que se conspira contra la meta de alcanzar el equilibrio fiscal. Por mezquindad o falta de imaginación se plantean iniciativas que van en contra del interés general”.

El informe destaca en ese sentido que “un camino alternativo es idear e implementar reformas que contribuyan a mejorar el bienestar y la competitividad sin conspirar contra el objetivo de reducir el déficit fiscal. Un ejemplo concreto en este sentido es la reforma sobre el sistema de riesgos del trabajo de la Ley 27.348 sancionada en el 2017.

“El objetivo de esta ley -añade Idesa- es abordar los problemas generados por la proliferación de juicios por accidentes laborales y enfermedades profesionales. La masificación de la judicialización espuria es uno de los principales factores que condiciona la creación de empleos asalariados formales y el nivel de los salarios.

Comparando provincias similares que siguieron estrategias diferentes en relación a la aplicación de la Ley 27.348 se puede comenzar a extraer resultados”.

Según datos oficiales, se observa que entre el 2016 (año anterior a la sanción de la reforma) y el 2018 (primer año con plena vigencia de la reforma): a nivel del total del país se pasó de 10 a 7 juicios por cada mil trabajadores. En Córdoba, la cantidad de juicios se redujo de 19 a 4 por cada mil trabajadores, mientras que en Santa Fe, en cambio, la tasa pasó de 23 a 22 juicios por cada mil trabajadores.

“Estos datos -opinan los autores del informe- muestran una importante baja en la judicialización pero con intensidades muy diferentes entre provincias. En Córdoba, que fue la provincia que de manera más rápida e integral incorporó los lineamientos de la reforma sancionada por el Congreso, la tasa de judicialización por riesgos del trabajo se redujo en casi un 80 %. En sentido contrario, la provincia de Santa Fe que no adhirió a la nueva ley y, por lo tanto, no la puso en funcionamiento mantiene una alta cantidad de juicios, al punto tal que pasó a ser la provincia con mayor tasa de judicialización por riesgos del trabajo del país”.