Causa de los cuadernos
Bonadio citó a Cristina Kirchner y a otros cien imputados a indagatoria
El juez federal Claudio Bonadio ordenó una nueva citación a la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que declare en la llamada “causa de los cuadernos de las coimas” que investiga una supuesta ruta de reparto de dinero para acceder a la obra pública, en la que además dispuso indagar a otras cien personas involucradas en esas actuaciones.
El juez federal Claudio Bonadio.
Foto: Archivo El Litoral
Redacción de El Litoral
Télam
Esta es la tercera oportunidad en la que Bonadio cita a la senadora a declarar en esta causa, en la que está señalada como presunta jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios adjudicatarios de obras públicas. Las indagatorias, que se realizarán a un ritmo de más de cinco por día, comenzarán el 20 de febrero y concluirán con la declaración del detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, informaron fuentes judiciales.
Dentro del centenar de personas que Bonadio se propone indagar están además de De Vido varios ex funcionarios del Gobierno de Fernández de Kirchner y empresarios como Carlos Wagner, Aldo Roggio, Juan Chediack y Ángelo Calcaterra, entre otros.
Las nuevas indagatorias se darán en el tramo de la investigación en la que se estudian distintos contratos de obra pública, donde semanas atrás Bonadio dispuso también más de 70 órdenes de presentación en empresas del sector de la construcción.Entre los citados aparecen los ex responsables de Iecsa, Javier Sanchez Caballero y Santiago Altieri y el empresario detenido Cristóbal López.
En la causa de los cuadernos, la ex presidenta ya tiene un procesamiento con prisión preventiva confirmado por la Cámara Federal porteña como jefa de una asociación ilícita y por 27 hechos de cohecho.
En este expediente, la Cámara Federal validó la constitucionalidad de la figura del arrepentido en el caso, confirmó a Bonadio en la investigación y se consideró como “prueba válida” a los ocho cuadernos del remisero del ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, el chofer Oscar Centeno, uno de los arrepentidos, cuyo procesamiento quedó ahora ratificado como miembro de asociación ilícita.
“Los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década”, había sostenido la Cámara.
En los cuadernos escritos por Centeno “se relatan infinidad de trayectos por las calles de esta ciudad y del conurbano, cientos de nombres y de lugares, múltiples escenas surcadas por un mismo denominador común: el dinero”, destacaron los camaristas.
Sin embargo, las citaciones dispuestas por Bonadio se dieron a raíz de declaraciones como la del ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y el financista Ernesto Clarens quienes, como arrepentidos, aportaron información que no figuraba en los cuadernos.
En tanto, en los próximos días el juez Bonadio deberá resolver la situación procesal de los indagados en el tramo de la causa de los cuadernos en el que se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero llevadas a cabos por el fallecido ex secretario presidencial, Daniel Muñoz, y su entorno.
Antes, el magistrado tendrá que resolver un pedido de excarcelación formulado hoy por la defensa oficial de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, quien ya fue aceptada como arrepentida en ese tramo de la causa pero sigue detenida en el penal de mujeres de Ezeiza.
Rechazo a que causa pase a Santa Cruz
El fiscal del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo, se opuso a aplazar su inicio y la principal acusada, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, reclamó que el caso pase a la justicia de esa provincia.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 deberá resolver en los próximos días los dos recursos presentados el viernes pasado a última hora por el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi: el de suspender el inicio del juicio por la no conclusión de un peritaje y de enviar el caso a la provincia patagónica.
El tribunal a cargo del juicio oral y público, cuyo inicio está previsto para el 26 de febrero, está integrado por los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.
En el pedido de enviar la causa a Santa Cruz, Beraldi sostuvo que la justicia de esa provincia “resulta competente para juzgar el supuesto delito de defraudación por el que se ha requerido en esta causa la elevación a juicio”.
En el mismo escrito, el letrado recordó que en Santa Cruz ya se sustanciaron otros expedientes en los que se investigan hechos similares a los que fueron analizados por la justicia federal porteña y que tiene en el foco al detenido empresario Lázaro Báez.
“Los hechos investigados y juzgados en la provincia de Santa Cruz resultan idénticos a los que se encuentran descriptos en los requerimientos de elevación a juicio que dan origen a la intervención de este tribunal”, sostuvo Beraldi.
El escrito de 40 páginas que presentó Beraldi ante el TOF 2 finaliza con el pedido de que “se declare la incompetencia de vuestro Tribunal para seguir interviniendo en este proceso y lo remita al juzgado Criminal de Instrucción número 3 de la Ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz”, a cargo de la jueza Roxana Suárez.
La presentación del abogado de la senadora nacional por Unidad Ciudadana fue realizada en el marco de la causa elevada a juicio oral en la que se investiga la firma de 52 contratos de obra pública vial por un valor actualizado de 46.000 millones de pesos.
Por su parte, el fiscal Diego Luciani se manifestó en contra del pedido de postergación del inicio del juicio, aunque no concluyó aún la instrucción complementaria y se espera que en los próximos días se expidan la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera, querellantes en esta causa.
“Maniobras dilatorias”
La Oficina Anticorrupción pidió hoy, a través de su titular, Laura Alonso, que el Tribunal que debe encargarse de llevar adelante el primer juicio oral y público contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros 16 imputados, “garantice que no haya demoras injustificadas” en el inicio del debate, fijado para el próximo 26. “La Oficina Anticorrupción rechazará todas las maniobras dilatorias de la defensa de CFK para que el juicio no se inicie el próximo 26 de febrero. Esperamos que el Tribunal garantice que no haya demoras injustificadas”, expresó Laura Alonso a través de la red social Twitter.
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