Preocupación de damnificados

Conceden probations por la causa Bolsafe Valores

Redacción de El Litoral

Esta semana, se realizaron dos audiencias de suspensión de juicio a prueba en el marco del primer tramo de la causa Bolsafe Valores y VB Emprendimientos que se tramita ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe. Si bien los miembros del tribunal -José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría- no se expidieron, la pretensión de las defensas de dos de los nueve imputados obtuvieron dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal (MPF).

A raíz de dichas novedades, el miércoles de esta semana los damnificados por la estafa de Bolsafe Valores, emitieron un comunicado de prensa a través del cual expresaron su “más profunda preocupación e indignación por el desarrollo de la causa”.

Concretamente, le achacan al fiscal general, Martín Suárez Faisal, haber consentido “a espaldas de las partes querellantes y víctimas, que 7 de 9 imputados en la causa que han planteado la suspensión del juicio a prueba, puedan acceder al beneficio”.

Camino al sobreseimiento

Como argumento de su rechazo, expusieron que la concesión de las probations desconoce “primeramente la normativa del artículo 76 bis y los requisitos que se consagran para acceder al mismo y el artículo 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que obliga a actuar a los fiscales federales en conjunto con querellantes y víctimas”. Y en resumidas cuentas concluyeron que “concediendo dicha posibilidad, en semejante causa, se concluirá en definitiva con el sobreseimiento de los imputados”.

Por último, sostuvieron que “quienes hemos sido víctimas del malicioso obrar del contador Mario Rossini y sus cómplices” -a los que califica como “delincuentes de guantes blancos”-, “nos queda pensar que es evidente que existe un acuerdo previo con las defensas para sacar del proceso a un grupo de imputados que han sido eslabones fundamentales de la cadena de impunidad, que sin dudas ha permitido el despojo del cual hemos sido víctimas”.

Asimismo, los damnificados desatacaron la gravedad de los hechos investigados, así como la labor profesional de “nuestros letrados junto a Procelac y el Fiscal Federal Nº 2 Walter Rodríguez, en defensa de nuestros derechos”.

Tres etapas

El 19 de diciembre de 2017 el juez Federal Nº 2, Francisco Miño, elevó a juicio la primera parte de la causa “Bolsafe Valores”, que tiene como principal investigado al contador Mario Rossini y a su equipo de colaboradores, por el delito de “defraudación por administración fraudulenta” y “captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva”, en perjuicio de 408 damnificados, por una suma estimada en 251 millones de pesos.

El requerimiento de elevación a juicio solicitado el 23 de febrero de 2017 por el fiscal Rodríguez, tiene como imputados a: Mario José Enrique Rossini, su hermano Omar Santos Francisco Rossini; y el equipo de colaboradoras y empleadas que se desempeñaban en la empresa de valores, Marisa Laura Valdez, Daniela Laura Reatti, María Mercedes Leiva, Miriam Analía Sabella, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas y Carolina Fany Pavarín.

La maniobra investigada, que tiene al contador Rossini como presunto autor, abarca desde el 1º de septiembre de 2003 y hasta fines de diciembre de 2012; y además de la defraudación, se los acusa por el delito de “captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores”, este último desde el 28 de diciembre de 2011.

La causa Bolsafe está dividida en tres grupos. En primer lugar, se encuentra la gente que rodeaba y desarrollaba las actividades de las empresas Bolsafe Valores y BV Emprendimientos; el segundo grupo es el que nuclea a las entidades bancarias, Banco Galicia y Valfinsa; y el tercer sector eran quienes debieron ejercer el control desde el Mercado de Valores del Litoral.