La ONU instó a Maduro a poner fin a las “graves vulneraciones” de derechos

Maduro habla en una transmisión televisiva, en el Palacio de Miraflores en Caracas.

Foto: Xinhua

Redacción El Litoral

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Telam

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) publicó un informe sobre la situación en Venezuela, en el que exhortó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a “detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales”.

El informe, que mañana será presentado por la titular del Acnudh, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte que, “si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, que supera ya los cuatro millones de personas.

El documento denuncia que en el último decenio, especialmente desde 2016, el régimen chavista y sus instituciones pusieron en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”.

El documento subraya que en Venezuela hay al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad y que en lo que va del año 22 diputados de la Asamblea Nacional (AN, legislativo unicameral), incluido su presidente, Juan Guaidó, fueron despojados de su inmunidad parlamentaria.

Agrega que las fuerzas armadas y de seguridad cometieron 5.287 ejecuciones extrajudiciales en 2018 y 1.569 entre enero y mayo de este año, motivadas en supuesta “resistencia a la autoridad”, según datos del propio gobierno chavista.

El gobierno de Maduro afirmó que el informe del Acnudh “presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos” en Venezuela.

“No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos”, sostiene la autoridad chavista en un comunicado divulgado esta tarde por la cancillería.

La nota añade que “en gran parte, esta distorsionada visión del informe es el resultado de las importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración”.

Bachelet realizó a fines de junio una visita de tres días a Venezuela, donde se entrevistó con todas las partes involucradas en la severa crisis que atraviesa el país, al término de los cuales pidió, entre otras cosas, “la liberación de los presos políticos”.

La tensión por la situación de los derechos humanos en Venezuela aumentó esta semana, tras confirmarse que el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo murió el viernes pasado a raíz de las torturas recibidas en la dependencia estatal en la que estuvo detenido una semana.

Asimismo, el lunes último, el adolescente Rufo Chacón, de 16 años, perdió los ojos tras recibir 52 perdigones de goma al ser baleado a quemarropa durante la represión de una protesta callejera en el estado andino Táchira.

Chavistas disidentes condenaron la muerte del capitán Acosta Arévalo

Un grupo de chavistas disidentes del gobierno del presidente Nicolás Maduro condenó la muerte bajo custodia estatal del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, advirtió que no se trató de “un caso aislado” y sostuvo que “toda la línea de mando” debe ser juzgada por ese caso.

“Queremos hacer un enérgico pronunciamiento de condena” de “la trágica muerte bajo custodia” del oficial naval, afirmó la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC), integrada por varios dirigentes que fueron ministros del fallecido presidente Hugo Chávez.

La PCDC señaló que “este horroroso hecho no es un caso aislado” sino que existe en Venezuela “un patrón reiterado de violación de los derechos humanos y al debido proceso que pasan por el secuestro, la desaparición forzada, el enjuiciamiento sin garantías, así como las prácticas de crueldad y tortura bajo custodia del Estado”.

El caso de Acosta Arévalo, por el que “toda la línea de mando debe ser llevada a juicio”, es “la expresión de una crisis institucional, que muestra un ejercicio autoritario del gobierno, violatorio de los derechos humanos, con rasgos de terrorismo de Estado y la absoluta arbitrariedad con la que son manejadas las fuerzas de seguridad”, dijo el grupo en un comunicado divulgado anoche.

El grupo manifestó que “las instituciones judiciales involucradas”, así como la Fiscalía, “en lugar de garantizar la integridad y el debido proceso del capitán Acosta Arévalo, fungieron como cómplices de los acusadores” y “ahora se pretende hacer recaer toda la culpa en dos jóvenes” efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar).

El comunicado está firmado, entre otros, por los ex ministros Héctor Navarro y Oly Millán.

Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio y recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), bajo sospecha de haber participado de un supuesto complot denunciado por las autoridades chavistas.

Siete días después fue presentado ante un tribunal y, debido al mal estado de salud que presentaba, el juez ordenó que se lo trasladara inmediatamente a un hospital militar, donde falleció horas más tarde.

El informe de la autopsia, filtrado a la prensa el miércoles, sostiene que murió por “edema cerebral severo” causado por “politraumatismo generalizado”, lo que abonó las sospechas de que fue torturado, expresadas por el antichavismo y buena parte de la comunidad internacional, que exigió una investigación imparcial del caso.