Brasil

Cancelaron a último momento el traslado de Lula a una cárcel común

Redacción El Litoral

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El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva estuvo a punto de ser trasladado a una cárcel de San Pablo que aloja a asesinos, pedófilos y violadores, pero la mudanza fue suspendida a último momento por el mayoritario voto de los jueces que integran el máximo tribunal del país.

La mudanza de Lula, quien desde abril de 2018 cumple una condena de ocho años y 10 meses de prisión bajo cargos de corrupción en la sede de la Policía Federal de Cutiiba, había sido ordenada por la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos.

Pero con el voto de nueve de sus 10 miembros, el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil dejó la orden sin efecto hasta tanto se resuelva un pedido de hábeas corpus presentado por los abogados defensores del ex mandatario.

A la decisión del traslado tomada por Lebbos le siguió otra resolución del juez Paulo Sorci que estableció que Lula debería pasar a completar su condena en el complejo II del presidio de Tremembé, en el interior del estado de San Pablo, donde están algunos de los reclusos más mediáticos de Brasil por resonantes causas de pedofilia, violación o asesinato de niños.

El Complejo Penitenciario de Tremembé, a unos 150 kilómetros de la capital paulista, fue construido en 1948 y, desde 2002 aloja a presos que cometieron delitos con gran repercusión, de ahí que la prensa lo llame “cárcel de los famosos”.

La decisión de mudar a Lula se enmarca en el escándalo por las filtraciones de las conversaciones por chat que revelaron una articulación clandestina entre los fiscales de la operación Lava jato y el ex juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia, de quien depende la Policía Federal. La decisión de Lebbos fue tomada pese a la oposición de la fiscalía y la defensa, a pedido de la Policía Federal, fuerza a cargo de Moro.

Moro no podrá investigar periodistas

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil asestó hoy otro revés al ministro de Justicia, Sérgio Moro, al prohibir, de forma cautelar, responsabilizar al periodista estadounidense Glenn Greenwald por la divulgación de las filtraciones de los mensajes de la Operación Lava Jato obtenidas por el sitio The Intercept Brasil. El juez de la corte suprema Gilmar Mendes dictó una cautelar que determina que los órganos públicos no pueden investigar a Greenwald, ya que al estadounidense residente en Brasil lo protege el secreto constitucional de la fuente periodística. El presidente Jair Bolsonaro y el ministro Moro dijeron el mes pasado que la divulgación de filtraciones obtenidas por The Intercept Brasil sobre la Operación Lava Jato también era un “delito”, y el presidente llegó a afirmar incluso que Greenwald podía ir “preso”. El hecho se enmarca en la detención de cuatro personas acusadas de ser hackers y de haber robado datos de teléfonos celulares de centenas de autoridades de los tres poderes, una de las cuales contó que tuvo contacto con Greenwald. La decisión de Mendes es un nuevo revés político contra el ministro Moro, quien fue juez de Lava Jato hasta noviembre pasado.