Entrevista a Germán Garavano

“La Justicia está en una etapa de fin de ciclo”

El ministro cree que el país ya creó las condiciones para que haya políticas de Estado que reformen el servicio de Justicia. Y que los fallos terminan con las polémicas.

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“La Unidad de Información Financiera ha hecho un gran trabajo. Estábamos en la lista negra Gafi, que combate el lavado de dinero y pasamos a presidirlo durante un año”, Germán Garavano.

Foto: Mauricio Garín

 

Luis Rodrigo

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Germán Garavano es optimista y, más allá del clima de campaña que tiñe la entrevista que el ministro de Justicia y Derechos Humanos mantuvo con El Litoral, antes de la veda, argumentos no le faltan.

Admite que la visión mayoritaria de los ciudadanos sobre la Justicia sigue la excluyente lógica de la grieta. Y aún así encuentra motivos para ilusionarse.

Afirma que a la Argentina ya ha llegado el día en que un fallo de la Justicia es capaz de terminar con las polémicas sobre la honorabilidad de los personajes públicos, y de quienes fueron funcionarios especialmente. Piensa en los Jaime, los López o los Boudou a los que el kirchnerismo ya no reivindica.

Y es más optimista, aún, respecto de lo que le toca al Estado nacional en la lucha contra el narcotráfico. Cree que se ha actuado a tiempo para no repetir lo que viven colombianos y mexicanos.

En otra entrevista, de un par de meses atrás, Garavano le puso “un 6” a su propia gestión. ¿Aprobado? “No, promoción directa”, respondió ahora.

“Tenemos una encuesta muy reciente, el 80% tiene muy baja confianza en la Justicia. Pero hay algunos elementos que son un poco más positivos, que reafirman líneas de transformación que lleva el gobierno”, expresa. Dijo que “hay una alta valoración de los procesos orales, el 70% confía más en ellos”.

—¿Qué dice esta encuesta sobre la parcialidad o la imparcialidad de los jueces?

—Las cifras son mejores que este 80% de desconfianza, pero están divididas. Muchísimo.

—¿La grieta, otra vez?

—Es una paradoja, porque un sector considera que Bonadío es imparcial y otros que Ramos Padilla es imparcial. Y a su vez, si uno los cruza los que opinan de una manera opinan lo contrario del otro juez. Y viceversa. Eso es lo que hay que romper en el sistema de Justicia. Y creo que estamos, en la Justicia, en una etapa de fin de ciclo.

Ya se han hecho reformas, como ésta del Código Procesal Penal, y otras cosas como la forma de designación de los jueces, que hace que estemos en ese momento.

Lógicamente que yo destaco las transformaciones del gobierno del presidente Mauricio Macri, pero creo que el gobierno anterior, ya sobre el final se dio cuenta de esto. Incluso Alberto Fernández hizo críticas lapidarias sobre la política judicial de Cristina. Y sobre el final, creo que el mismo gobierno kirchnerista se dio cuenta de que se había equivocado.

Por eso creo que a futuro se podrían generar políticas de Estado en términos de transformación.

—¿Es posible en el actual clima político?

—Hoy no. Pero sí, en cuestión de poco tiempo. Soy optimista porque si bien la oposición no reconoce públicamente nuestra apuesta por la oralidad de los procesos, muchos nos han apoyado al momento de votar leyes. Nuestro gobierno fue siempre minoritario en el Congreso, pero acordamos en un primer momento las designaciones de jueces. Ahora lo frenaron y hay varios jueces de Santa Fe en lista de espera.

Ellos no alaban las políticas de reformas judiciales del gobierno pero tampoco las critican. Y hay avances en la comisión para tener un nuevo Código Penal. Soy optimista.

—¿Cuándo contaremos con un sistema judicial cuyas decisiones sean aceptadas por todos?

—Eso es interesante. Habría que hacer un análisis más detallado pero creo que cuando hubo condenas a una persona vinculada al kirchnerismo no he visto ataques a esas condenas. Sinceramente, no he visto del kirchnerismo ataques a condenas por el caso de Once, sobre el ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone...

—Pero se habla de “presos políticos”.

—Es que se cuestionan las decisiones judiciales, pero solo en las etapas previas a los fallos. Por eso es tan importante fijar reglas sobre las facultades de los jueces. En el nuevo Código las hemos regulado de un modo mucho más objetivo para que no pueda haber cuestiones arbitrarias. Por eso es tan importante el juicio oral y este Código nuevo. Necesitamos que los casos lleguen rápido a juicio oral.

Lamentablemente, durante el kirchnerismo y antes, en el menemismo, trataron de que los casos nunca lleguen a juicio. Siempre eran los jueces de instrucción los que se quedaban con las causas. Hoy la opinión pública reclama porque haya justicia frente a la corrupción y lo que debe ocurrir es que los jueces eleven a juicio los casos.

Es algo que hemos logrado cambiar y que el nuevo Código va a terminar de sustentar. No tiene marcha atrás.

Cuando hay tres jueces que dicen que alguien robó porque se quedó con 6 mil millones de impuestos, o que uno quiso tener la imprenta de los billetes o que otro fue negligente y permitió la corrupción mientras se producía un grave accidente, ahí la discusión es otra...

Se nota en el discurso del propio Alberto Fernández (que ya lo corrigió varias veces). No recuerdo críticas del kirchnerismo a las sentencias definitivas.

—Alberto Fernández ha criticado también el trato que el gobierno le da al juez Ramos Padilla.

— A diferencia del gobierno anterior, el gobierno ha sido muy institucional en esto. No hemos repetido las presiones del gobierno anterior. Lo que vimos en el caso del juez, lo que vi yo, es una serie de conductas llamémosle cuestionables o dudosas del juez.

Son básicamente dos: una mientras el proceso estaba en plena investigación él fue al Congreso y ventiló el caso. No parece algo profesionalmente idóneo. Y en esta misma línea, el juez asumió un rol de fiscal, vulnerando principios constitucionales y la lógica no solo del nuevo Código sino que ya la Corte y otros tribunales han establecido: el fiscal investiga y el juez garantiza los derechos constitucionales de todos. Repito, son dos conductas que nosotros entendíamos cuestionables. Y, finalmente, también avanzó sobre distintos programas del Ministerio de Justicia. Adrede requirió colaboración de programas que no tenían la facultad que él reclamaba, omitiendo los programas específicos diseñados para esos fines. Concretamente omitió la colaboración del Programa de Protección de Testigos, de Asistencia a la Víctima. Y en cambio pidió trabajar con dos personas vinculadas a un programa de casos de lesa humanidad, a las que él conocía. Son esas cuestiones irregulares las que presentamos al Consejo de la Magistratura. Es ir por las vías institucionales que corresponden.

—¿No hay otros jueces que hayan cometido extremos similares?

—Yo no he recibido otros casos, hubiera hecho lo mismo. Más aún no recuerdo que ningún juez haya ido al Congreso a ventilar una investigación. Sí, fiscales lo que es mucho más razonable, porque es una de las partes del proceso.

“Mostrar amenazas es decir no tengo miedo”

El ministro de Justicia, Germán Garavano, se solidarizó con el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, que esta semana recibió un mensaje mafioso: un pájaro con la cabeza aplastada, junto a su computadora, en su propio despacho.

“Estamos al tanto y voy a volver a reunirme con jueces federales de la región. Reitero mi respaldo al juez y el rechazo a estos actos de amedrentamiento, a estas amenazas”, dijo el funcionario.

Admitió que “lamentablemente, ni yo puedo saber de todas las amenazas a los jueces: algunos de ellos no muestran, no denuncian las amenazas... En cambio, otros magistrados -seguramente porque hay un respaldo del Estado a su labor- sí lo hacen”.

“Mostrar las amenazas es una forma de decir, no tengo miedo. Durante mucho tiempo se mantenían en reserva, entre otras cosas, porque había miedo. Es una forma de decir: como juez hago mi trabajo y por eso me enfrento a esto. A los jueces de esta jurisdicción, a los de la provincia de Buenos Aires y de Salta son quienes viven las situaciones más difíciles, en los lugares donde se persigue a estas organizaciones se ha logrado que no aparezcan nuevas”.

“Desde que comenzó nuestra gestión procuramos fortalecer la Justicia Federal. Nosotros presentamos un proyecto de ley para duplicar el número de juzgados federales, tanto jueces como fiscales, hace ya más de dos años, y lamentablemente en el Congreso no avanzó. También ocurre lo mismo con la designación de jueces que están vacantes aquí en la jurisdicción. Por primera vez, en muchos años la Justicia en todo el país está avanzando contra organizaciones criminales que durante muchos años estuvieron impunes. Algunas asociadas al poder, otras no, a fuerzas de seguridad...”

“Estos son los costos de esta transición para poder ponerle el cuerpo a esto. Es lo que ha hecho la Justicia Federal, tanto como la local, para enfrentar bandas como la de Los Monos... en su momento presencié el juicio oral, que se hizo por videoconferencia, cuando esa banda estaba detenida en Ezeiza y son todos fenómenos nuevos que por suerte hemos empezado, a tiempo, a revertir”.

“Trabajé muchos años en México y el pronóstico para Argentina era muy complicado. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos estaríamos muy complicados”.

— Ante el no opositor para duplicar juzgados federales ¿No pudieron fortalecerse los existentes?

—También ahí tenemos que ser inteligentes con los recursos. Se fortalecieron mucho las fiscalías, algunas cosas se pidieron al Consejo de la Magistratura, pero hoy el desafío del sistema judicial es cambiar la matriz de funcionamiento. Si a este sistema tal como está uno le agrega gente, eso no asegura que vaya a funcionar mejor. Nuestro sistema judicial tiene un problema: fue diseñado hace 200 años. Y por su estructura no está preparado para hacer frente a la criminalidad compleja.

Nuestro sistema, que proviene del sistema inquisitivo español, supone que cada individuo a juzgar ha cometido un delito, autónomamente. El delito se ha transformado en delitos de organizaciones criminales. Y aún aquellos delincuentes que no forman parte de una organización criminal se integran en lo que ahora se llaman los cluster o cadenas vinculadas al delito: los que compran o venden lo robado.