A 10 años del fallo “Arriola”
Debaten las políticas de droga
Télam
Más de 50 especialistas y 23 organizaciones nacionales e internacionales debatirán en el Congreso de la Nación acerca de las políticas de droga en Argentina, a diez años del “fallo Arriola” que modificó la ley de Estupefacientes.
La actividad, que se desarrollará este martes desde las 8:30 hasta las 19 en el Salón Atrio del Senado en el Congreso de la Nación, es coordinada por la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El debate se realizará en el marco de la campaña “A 10 años de Arriola” con el objetivo de visibilizar un nuevo aniversario del fallo de la Corte mediante el cual se declaró la inconstitucionalidad de la represión de la tenencia de drogas para el consumo personal, informó la Procuración en un comunicado.
El 25 de agosto de 2009, se recordó, la Corte declaró inconstitucional al segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes N23.737 en tanto y en cuanto esa tenencia personal no afectara a terceros.
Sin embargo señaló que a pesar del fallo, “persiste en Argentina una política de drogas que tiende fuertemente a la criminalización”.
Especificó que entre 2000 y 2017 aumentó un 53% el porcentaje de mujeres encarceladas en tanto los hombres lo hicieron en un 20%. “A su vez, la infracción a las leyes de drogas constituye el primero o segundo delito en los países de la región latinoamericana, para el caso particular de las mujeres”, alertó.
En este sentido, aclaró que “si bien siguen representando una minoría en los sistemas penitenciarios y, en términos absolutos, en el número de personas procesadas por delitos de drogas, su participación en estos ilícitos es cualitativamente mayor que la de los hombres”.
La Procuración informó que en Argentina entre el 2015 y el 2018 “se incrementó en un 34.85% la población de mujeres detenidas por delitos de drogas, en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal”. Por eso resaltó que es necesario “repensar las políticas de drogas desde la perspectiva de los derechos humanos con enfoque de género”. 2019-08-19 10:00
Situación
En 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina resolvió por unanimidad declarar la inconstitucionalidad de la criminalización de las personas que consumen drogas. Para ello, sentenció que el delito de tenencia para consumo personal es una conducta privada que está protegida por la Constitución Nacional. Su persecución es ilegal, pero aún se encuentra vigente en nuestro país.
El fallo hizo una crítica al sistema prohibicionista, considerando que la “guerra contra las drogas” y las políticas basadas en la criminalización y represión, han demostrado ser un rotundo fracaso en nuestro país y en el mundo entero. Esas políticas no han logrado disminuir el consumo de sustancias, perseguir eficazmente al crimen organizado, asegurar el derecho a la salud de las personas que usan drogas, ni garantizar el acceso a las sustancias de quienes las precisen con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor. En cambio, han generado violencia social, violencia institucional, criminalización, encarcelamiento masivo, penas desproporcionadas, corrupción política, judicial y policial, desplazamiento de poblaciones, y un lucrativo mercado ilegal de drogas, regulado y monopolizado por bandas criminales.
A 10 años de ese fallo conocido como “Arriola”, ¿cuál es la situación en nuestro país?. Alrededor de 25.000 personas por año son criminalizadas por las fuerzas federales motivo de tener escasa cantidad de sustancias para su propio consumo, principalmente cannabis. La mayoría son jóvenes, entre 16 y 30 años, de nacionalidad argentina, de bajos ingresos, sin antecedentes penales y sin estar cometiendo delito alguno al momento de su detención.
Para el Estado, significa un cuantioso dispendio de los recursos públicos. Estos recursos podrían destinarse a la persecución de delitos de verdadera gravedad y entidad social, como ser los derivados de la gestión y administración del narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción, entre otros.
Para las personas afectadas, esto implica un daño difícil de reparar producto de una intromisión inconstitucional en su privacidad, mediante requisas, allanamientos, detenciones, encarcelamientos, extorsiones policiales, estigmatización social, familiar y laboral.
(Del documento presentado por las organizaciones convocantes).
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