Italia
La justicia refuerza a los rescatistas mientras otro buque pide desembarcar
Redacción El Litoral
Telam
La publicación del informe del fiscal italiano que ordenó el desembarco del buque de la ONG española Pro Activa Open Arms reforzó hoy a los rescatistas frente a los gobiernos europeos que se niegan a asistir a los migrantes y refugiados en el Mediterráneo, en momentos en que el buque humanitario Ocean Vikings, con 365 personas a bordo, sigue esperando puerto.
Para la justicia italiana, la labor del Open Arms, que salvó a 163 náufragos en su última misión de rescate frente a las costas de Libia, se ajusta al derecho internacional, ya que la ONG estaba obligada a socorrer a los náufragos.
En cambio, el accionar de los gobiernos de Italia, Malta y España, los países implicados en la crisis que mantuvo al barco humanitario 19 días a la deriva, fue contraria a la ley.
El informe del fiscal de Agrigento, Sicilia, que forzó el desembarco en la isla de Lampedusa de los 83 migrantes que permanecían en el Open Arms, también respalda a los rescatistas españoles ante una eventual multa del gobierno español, que amenazó con sancionarlos con casi un millón de euros por haber realizado labores de salvamento para las que en teoría no tenían permiso.
“Realizar labores de rescate, es obligación de todo barco que esté cerca de unos náufragos”, señala el fiscal.
En el documento, el fiscal explica con detalle los eventos que se sucedieron desde que el Open Arms hizo su primer rescate, el 1 de agosto pasado, hasta que terminó desembarcando a 83 personas en Lampedusa el pasado martes, luego de 19 días de espera.
El Ministerio Público italiano indica que el Artículo 98 de la Convención UNCLOS de la ONU -la fuente por antonomasia del Derecho Internacional del Mar-, asegura que “cada Estado”- en este caso España- “tiene que exigir que el comandante de un barco que lleva su bandera” -el Open Arms- “ofrezca salvamento lo antes posible a cualquier persona que se encuentre en peligro de vida en el mar”.
Asimismo, “los Estados ribereños” -como son Malta e Italia- tienen que “colaborar” con otros Estados, según la legislación internacional.
El vicepremier y ministro del Interior, Matteo Salvini, principal impulsor de la política xenófoba de puertos cerrados de la UE, se resistió al desembarco incluso cuando una resolución judicial previa ya había dado la razón al Open Arms.
El gobierno español, por su parte, estuvo al tanto de todo lo que ocurría en el Open Arms desde el primer rescate, pero intervino recién sobre el final de la crisis enviando un buque de la Armada a buscar a los inmigrantes, justo cuando se ordenó el desembarco.
El buque de bandera noruega Ocean Vikings, que lleva 13 días navegando en aguas internacionales y ayer alertó de una “emergencia psicológica” a bordo, ya fue rechazado por las autoridades de Malta, mientras Italia ni siquiera respondió a su requerimiento.
El gobierno francés dijo que estaba dispuesto a acoger a una parte “importante de los migrantes” a bordo del Ocean Vikings, aunque insistió en que el navío debe desembarcar en el puerto más próximo.
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