FUERON DICTADOS ENTRE 1969 Y 1972

Desclasifican decretos donde se sancionaba la ideología comunista

Redacción de El Litoral

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Télam

El gobierno nacional desclasificó este lunes 20 decretos -dictados entre 1969 y 1972- en los que se trataban recursos interpuestos por personas afectadas por la Ley 17.401, que incluía a quien realizaran “actividades comprobadas de indudable motivación ideológica comunista”.

El 29 de agosto de 1967 el presidente de facto Juan Carlos Onganía dictó el decreto-ley 17.401 por la cual se definía la “expresión comunismo” y las consecuentes inhabilitaciones.

“Serán calificadas como comunistas las personas físicas o de existencia ideal que realicen actividades comprobadas de indudable motivación ideológica comunista”, afirmaba el artículo 1º de la norma. Determinaba que sería la Secretaría de Informaciones del Estado la que efectuaría la calificación de “comunismo” en un “trámite secreto”, a la vez que establecía que se podría interponer un recurso ante el Poder Ejecutivo y, agotada esa instancia, ante la Cámara Federal del lugar.

La calificación de “comunista” causaba inhabilidades para obtener carta de ciudadanía; desempeñar cargos, funciones o empleos del Estado, en jurisdicción nacional, provincial y municipal o en los organismos o entidades autárquicas autónomas o descentralizadas; ejercer la docencia en establecimientos públicos y privados; ser beneficiario de becas, o subsidios que directa o indirectamente provengan del Estado en jurisdicción nacional, provincial y municipal.

Asimismo impedía obtener licencia o instalar equipo como radioaficionado o instalar, adquirir, dirigir o administrar emisoras de radio y televisión; instalar, adquirir o administrar establecimientos para la producción y fabricación de explosivos y armas de fuego; instalar, adquirir, dirigir o administrar imprentas y editoriales; adquirir propiedades en las zonas de seguridad de la Nación y desempeñar representaciones o cargos directivos en asociaciones profesionales de empleadores o trabajadores.

Además se determinaba que “queda prohibido el ingreso al país de los extranjeros que, por sus antecedentes, sean reputados comunistas” y ordenaba que “a tal efecto, la Dirección Nacional de Migraciones, con intervención de la Secretaría de Informaciones de Estado, será el organismo fiscalizador”.

“Gatillo fácil”

Entre los textos desclasificados se encuentra el rechazo al “recurso jerárquico” que había presentado un ciudadano llamado Enrique Jacinto Maturano, tildado de “comunista” y que años más tarde, en mayo de 1977, fue desaparecido por la última dictadura militar. También se incluye la aceptación del planteo hecho en rechazo a una resolución de la Cacie por parte de León Zimerman, un abogado referente de los derechos humanos que ya con el retorno de la democracia fundaría la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y popularizaría el término “gatillo fácil” para hablar de los asesinatos cometidos por uniformados.