Lo dispondrá Bonadio en los próximos días

Cristina a juicio oral por las coimas

Se trata de la causa de los cuadernos. El juez la acusa de encabezar una “asociación ilícita” dedicada a recaudar.

Redacción de El Litoral

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Télam/NA

El juez Claudio Bonadio enviará a juicio oral en los próximos días a Cristina Kirchner, acusada de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación “de fondos ilegales”.

Según publica Clarín, desde el jueves pasado el juez Claudio Bonadio se encuentra en condiciones de dar por clausurada la instrucción de la causa conocida como “los cuadernos de las coimas” y enviarla a juicio oral. La investigación cuenta con 172 procesados y 31 imputados colaboradores, incluyendo a ex funcionarios del Ministerio de Planificación y a un centenar de empresarios contratistas del Estado.

Una vez que la causa sea elevada a juicio oral, se sorteará el Tribunal Oral que juzgará a la ex presidente. Será ese mismo tribunal el que termine definiendo la fecha de inicio del juicio. El expediente que será elevado a juicio oral es considerado la “causa madre”, ya que hubo seis desprendimientos más.

La semana pasada, el magistrado dio por corroborados los dichos de los 31 arrepentidos en un informe que difundió. Fue la instancia previa para el paso que concretaría esta semana: dar por clausurada la investigación y mandar a juicio a Cristina Kirchner, a Roberto Baratta, Julio De Vido, José López, entre otros ex funcionarios junto a un extenso listado de empresarios.

En diciembre de 2018 la Sala I de la Cámara federal porteña confirmó las acusaciones contra la ex presidente por dirigir una asociación ilícita, por el delito de dádivas en carácter de coautora y de cohecho pasivo (cobrar coimas). Para el fiscal Carlos Stornelli Cristina es responsable, además, de 40 hechos de cohecho.

Bonadio dio por comprobada “la existencia de una organización delictiva” planteada por la “recaudación de coimas” que inició con Néstor Kirchner y que “continuó durante la gestión” de la actual senadora. En consecuencia, se determinó que la ex mandataria “tenía conocimiento del sistema de recaudación” y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la “asociación ilícita”.

Según la acusación, los fondos pagados por el Estado por contrataciones de construcción o concesión de licencia de corredores viales o transporte, “estaban inflados en perjuicio del conjunto de los argentinos” y la finalidad de todo fue “enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos”.

Julio De Vido, Roberto Baratta y José López se encuentran procesados en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo, todos ellos con prisión preventiva. Será también el ex chofer Oscar Centeno quien irá a juicio oral acusado como miembro de la organización delictiva. Tiene otorgada la libertad por ser el primer “arrepentido” en el expediente y es parte del programa de imputados protegidos.

En tanto los empresarios entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, Carlos Mundin, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio y Juan Chediack, entre otros, irán a juicio sólo acusados de cohecho.

  • Lo tenemos claro: el 10 de diciembre salen todos. Están buscando todas las chicanas judiciales para poder tirar abajo todas las causas”.

Graciela Ocaña,

diputada nacional Cambiemos.

De Vido

El juez federal Luis Rodriguez envió a juicio oral a los detenidos ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, a su ex mano derecha Roberto Baratta y otros 17 procesados por presunta defraudación en los Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT).

El magistrado realizó un cierre parcial de la investigación y envió a sorteo de un Tribunal Oral a 19 procesados por supuesta “defraudación por administración fraudulenta”, entre ellos De Vido, Baratta, el ex secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, y el intendente de Rio Turbio Atanasio Perez Osuna. Se trata de la investigación que derivó en el desafuero a De Vido en la Cámara de Diputados y su inmediata detención en octubre de 2017, por orden de la Cámara Federal porteña.