Familiares devolvieron el dinero a la víctima
Libertad bajo fianza para los tres policías de Videla
Los acusados prestaban servicios en Seguridad Vial y realizaban controles de tránsito en la ex estación de peaje de la Ruta 11, en jurisdicción del departamento San Justo.
Los uniformados labraron un acta por circular con la RTO vencida y sin seguro, pero la anularon tras el pago de una coima.
Foto: Mauricio Garín/Archivo
Redacción de El Litoral
Los tres policías viales que fueron detenidos el lunes de la semana pasada por haber solicitado una coima en un control de tránsito en jurisdicción de Videla recuperaron la libertad tras ofrecer una fianza de $ 100.000 y devolver los $ 9.000 a la víctima, que los necesitaba para pagar un tratamiento médico para uno de sus hijos.
La audiencia en la que se iba a discutir la cautelar se realizó el pasado viernes 6 de septiembre en el subsuelo de tribunales, y se resolvió en breve trámite, ya que la defensa de los tres uniformados, a cargo del abogado particular Germán Corazza, acordó la libertad bajo fianza con los fiscales de la unidad de Delitos Complejos del MPA, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, en un acto dirigido por el juez penal Pablo Busaniche.
La medida benefició a los integrantes de la Policía de Seguridad Vial (PSV), subinspector Danilo Ramón Escobar (40), y los oficiales Aníbal Rubén Parvellotti (29) y Pablo Javier Ríos (24), los cuales fueron imputados el miércoles pasado ante el juez Leandro Lazzarini, como coautores de “exacciones ilegales agravadas en concurso real con violación de medios de prueba”.
“Arreglar de otra forma”
Según la exposición de la fiscal María Laura Urquiza, que intervino en la audiencia imputativa, el hecho “fue cometido minutos antes de la 1 de la madrugada del lunes” (2 de septiembre) a la altura de la ex estación de peaje de Videla -Ruta 11, km 542-, en el departamento San Justo. “Los tres imputados estaban de guardia cuando detuvieron a un vehículo marca Ford modelo Explorer que era conducido por un hombre que se trasladaba junto a otras cuatro personas integrantes de su familia”, dijo Urquiza.
La fiscal relató además que al verificar que el vehículo tenía la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vencida, no tenía seguro y llevaba una iguana congelada los policías labraron el acta de infracción de tránsito y el acta de comprobación de infracción a la ley provincial de fauna. Pero al advertir que uno de los ocupantes del vehículo tenía una mochila con dinero “comenzaron a intimidar al conductor diciéndole que le iban a secuestrar el vehículo, que se debía hacer responsable por su familia y que debería conseguir un remís para seguir su marcha”. Urquiza añadió que “inmediatamente después le manifestaron que ‘la situación se podía arreglar de otra forma’ para lo cual le solicitaban la entrega de 9 mil pesos”.
“El conductor aceptó, entregó el dinero y luego los policías adulteraron el acta de infracción de tránsito en la que insertaron a sabiendas la palabra ‘Anulado’ y la ocultaron junto al acta de comprobación de la Ley provincial 4.830 número 1.112. Las dejaron en un cajón del escritorio de la oficina de la Policía de Seguridad Vial de Videla, lugar en el que fueron secuestradas por personal de Asuntos Internos”
Sorpresa de la defensa
A propósito de la alternativa a la prisión obtenida la semana pasada, el abogado Corazza destacó que “acordamos una fianza de 100 mil pesos para los tres, que se cubrió con un auto” y “se comprometieron en presentarse cada 15 días en la sede del MPA más cercana a sus respectivos domicilios”.
Por otra parte, informó que familiares de los policías imputados decidieron restituir los $ 9.000 denunciados por la víctima, ya que según trascendió, el dinero estaba destinado a cubrir los gastos de un tratamiento de salud para uno de sus hijos. “Sin perjuicio de que ello no es un reconocimiento de autoría y responsabilidad por parte de los imputados”, destacó el Dr. Corazza.
Por último, el abogado expresó su sorpresa por el tenor de las declaraciones de un funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia, las que consideró “irresponsables y apresuradas”, ya que “cuando la defensa todavía no tenía acceso al legajo el funcionario ya contaba con información calificada”.
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