Jaquelina Balangione, Defensora General de la provincia

“La mayoría de los presos federales de Santa Fe deberían estar libres”

La funcionaria explicó que buena parte de esos internos están condenados por tenencia de estupefacientes para consumo, una pena que ya fue considerada inconstitucional. Confirmó una superpoblación carcelaria de un diez por ciento.

Ivana Fux

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Según la Defensora General de la provincia, Santa Fe registra una superpoblación carcelaria de aproximadamente 700 internos. En diálogo con El Litoral, Jaquelina Balangione destacó que la Defensoría realiza “monitoreos e inspecciones” permanentes, y sobre esa base ratificó el dato. “Tenemos una población carcelaria de más de seis mil presos; la superpoblación equivale a un 10%”, precisó. Y aclaró que ello es así, si se realiza “una interpretación muy laxa y flexible, lo más elástica posible de la normativa nacional e internacional vigente sobre el tema”. Porque esa proporción, aclaró, es “aceptando que haya dos internos por celda” y no uno como lo establece la legislación mencionada; y admitiendo, además, que en el caso de los presos federales “se alojan hasta tres por celda”.

La funcionaria advirtió que el número excedente de internos “coincide casi exactamente” con el de presos federales que se alojan en cárceles de la provincia. “Eso genera que este colectivo de internos sea como la piedra de la discordia porque molestan en todos lados. En Coronda es lo que sobra; en Piñeiro, lo mismo”, comentó. Balangione reconoció que la provincia no posee penales federales, y que el gobierno central no cumple siquiera con el costo de la manutención de esos internos.

“Es una deuda de Nación. Esto genera toda una problemática y ya es un tema judicializado. Hay un fallo que ordena que se desalojen cárceles provinciales de presos federales pero a dónde van a ir -se preguntó-. La cárcel federal proyectada en Coronda nunca se construyó; el gobierno nunca puso la plata y eso quedó sólo en el inicio”.

Se espera más

Balangione reconoció las inversiones en materia penitenciaria realizadas por las gestiones socialistas, pero insistió en la necesidad de resolver el excedente o superpoblación carcelaria. “A veces se dice que 800 (internos) de más no es tanto, pero hay ahí toda una problemática; están apretados en una celda o pabellón y eso provoca un efecto dominó en la alimentación, la visita de los familiares, la salud, el ingreso de paquetes...”, ejemplificó. “En Coronda -sostuvo-, hay 800 internos de Rosario. La mayoría son de condición muy humilde porque la misma selectividad del sistema penal que no la podemos negar, recae en ellos. Un 90% o más (de los internos) corresponde a los sectores más humildes de la población. Sus familiares viajan en colectivo para lo que juntan el dinero durante toda la semana. Todo es muy complejo”, insistió.

“No pretendemos que a los rosarinos los lleven a Rosario de un día para el otro, pero sí planteamos que debería haber un programa firme y llevado en forma controlada de aquí a diez años para que la provincia pueda tener a su población carcelaria con cada uno en su lugar, porque esto es norma -enfatizó-; esto está dentro de las obligaciones que el Estado asume, suscribiendo tratados y adhiriendo a la ley nacional; y es lo que emana de las leyes y normativas que el Estado se compromete a cumplir”.

En libertad

La funcionaria hizo particular hincapié en los delitos por los que están detenidos los presos federales. “A propósito de los diez años del fallo Arriola, hicimos un relevamiento en las cárceles de Coronda y Unidad 5 de Mujeres. Y detectamos que los jueces siguen considerando delito a la tenencia de estupefacientes para consumo personal, a pesar de que aquel fallo lo consideró inconstitucional. Según esos datos, de 158 internos consultados, la mitad dijo estar preso por tenencia para consumo; es decir, deberían estar en libertad. Y el resto estaba por micromenudeo, por lo que también deberían estar libres”, advirtió. “Ello -alertó- necesita de un abordaje desde otro campo, de la salud pública; no sólo tener una respuesta punitiva. De los 700 presos federales en la provincia, la mayoría está preso por delitos así. Ello evidencia una falla del sistema judicial federal, que deriva en un problema para el sistema penitenciario provincial”, planteó.

Para Balangione, entre el universo de presos federales que no deberían estar siquiera detenidos, y las derivaciones del sistema conclusionar que “dificultan las salidas transitorias”, en la provincia se produce en el sistema penitenciario “un efecto de taponamiento, donde permanentemente se registran ingresos pero son muy pocos los internos que salen”. “La complejidad siempre va a estar porque es una realidad muy difícil en todos lados. Ojalá estuviésemos en países como Holanda, en los que las cárceles se convierten en hoteles porque no tienen detenidos, pero eso es parte de democracias más maduras, donde no existen los índices de pobreza que estamos teniendo en Argentina. Aquí, a nivel estructural, frente a toda esta situación de altísimos e inéditos índices de pobreza, sólo hay una respuesta del Estado que es meramente punitiva. No se trabaja la problemática desde otro lugar. Y no estoy hablando de que se le regala nada a la gente, pero hay que trabajar desde la educación, la salud y un buen sistema de Justicia restaurativo que no sea meter en la cárcel como única respuesta, porque está visto que eso no da resultado”, opinó.

Evolución

Consultada sobre la evolución y proporción de condenados y procesados en la población carcelaria santafesina, Balangione dijo que ello tiene una relación directa con la entrada en vigencia del sistema acusatorio.

“A nivel país, en diez años (2007 a 2017) y por el efecto de la blumberización y endurecimiento de las penas, la población carcelaria creció un 57%. En la provincia, por la aplicación del sistema acusatorio, se incluyó el juicio abreviado, que conlleva una crítica porque se echa mucha más mano a esa herramienta que lo que pensó el legislador, y se va poco a juicio. Lo positivo es que el acusado sabe por qué se lo condena y qué pena va a pagar. Esta situación revirtió en los últimos años el porcentaje de condenados y procesados. Hoy tenemos entre un 30 y 40% de procesados en prisión preventiva, y entre un 60 y 70% de condenados. Años atrás, esa ecuación era al revés y, de hecho, lo sigue siendo en el sistema federal. Como consecuencia de este fenómeno, la población carcelaria aumentó en los últimos seis años entre un 30 y 35%. Hay un efecto embudo -reiteró-: entran muchos y salen pocos. Y el Estado tiene que reflexionar sobre esto. Hay una fuerte demanda social sobre esto, ¿pero no es una demanda histérica de la sociedad? -se preguntó-. Hay situaciones de inseguridad que a todos nos preocupan, pero la respuesta punitiva y el endurecimiento de las penas ha demostrado que no resolvió el problema”, concluyó.

6.375 internos

se encuentran alojados en cárceles santafesinas, según confirmó a El Litoral, el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).

760 internos

son presos federales. Según el SPP, por convenio, sólo cincuenta reclusos deberían estar alojados en penales de Santa Fe.