Chile
El gobierno llama a dialogar a las organizaciones sociales
El Interior, Gonzalo Blumel, pide que sea a la brevedad posible. Piden explicaciones tras el informe de Human Rights Watch que denuncia graves violaciones a los derechos humanos.
Carabineros detienen a un manifestante en una protesta llevada a cabo durante la huelga general que terminó ayer.
Foto: Xinhua
Redacción El Litoral
Telam
Tras dos días de huelga general progresiva convocada por la Mesa de Unidad Social (MUS), el gobierno de Sebastián Piñera busca retomar la iniciativa política abriendo la ronda de diálogo con ese bloque opositor, que reúne a más de 150 organizaciones sociales, mientras se acrecientan las denuncias por violaciones a los derechos humanos por la represión desatada en 6 semanas de protestas.
La invitación del ministro del Interior, Gonzalo Blumel se dirigió al bloque sindical del MUS, que está integrado por otros cinco espacios (feministas, ambientalistas, educativo, poblacional y académico), en una nota donde subraya la necesidad de que la reunión sea “a la brevedad posible, para comenzar un diálogo y en este camino, que es una tarea de todos”.
“Esperamos que la reunión sea esta semana. Nosotros lo propusimos para después de las movilizaciones. A partir de mañana, estamos disponibles”, expresó el presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar, que declinó precisar el nombre de los asistentes: “Está cerrado quién va a ir a la reunión, pero no lo vamos a decir antes”, se limitó a decir, según el portal El Desconcierto.
Luis Mesina, vocero de la agrupación No+AFP (colectivo contra el sistema jubilatorio de capitalización individual) , que también integra la MUS, señaló que el grupo presentará en la reunión un documento “no negociable” que fue “producto del debate que hicieron los sindicatos a lo largo del país”.
El documento, titulado “Pliego de los y las trabajadoras de Chile”, expone 10 puntos en torno a los cuales el grupo quiere abrir la discusión: un salario mínimo nacional de $500 mil pesos (650 dólares), efectivo derecho a huelga, jubilaciones mínimas equivalentes al salario mínimo, canasta de servicios básicos protegidos, una modificación tarifaria al sistema de transportes, entre otros.
Entre los puntos más relevantes, señala el dirigente, figura “una nueva Constitución elaborada a partir de una Asamblea Constituyente”.
Este punto, acordado por un grupo de legisladores el pasado 15 de noviembre, aún aguarda definiciones sobre la “letra chica” (paridad de género en la Asamblea Constituyente, cupos a pueblos originarios y quórum de aprobación), además de concitar el rechazo de un porcentaje significativo de los manifestantes que lo consideran un acuerdo “cupular”.
En la MUS hay un acuerdo transversal para exigir el fin de las violaciones de derechos humanos, un flanco que golpea al gobierno del presidente Sebastián Piñera tras los lapidarios informes entregados en los últimos días por Amnistía Internacional (AI) y Human Right Watch.
Ayer, el gobierno emplazó a Carabineros para que, en una semana, responda a las acusaciones de violaciones de derechos humanos durante la represión del estallido social que lleva más de un mes, después de que Human Rights Watch (HRW) agregara presión con una nueva denuncia.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, informó que se encargó a la dirección de Carabineros “revisar profundamente las actuaciones que se alejen de lo establecido en los protocolos y que han significado cuestionamientos y denuncias”.
Ayer, HRW divulgó un duro informe que sostiene que efectivos de Carabineros cometieron graves violaciones de derechos humanos -incluidas lesiones por arma de fuego, torturas y violencia sexual-, en línea con el reporte presentado la semana pasada por Amnistía Internacional.
El documento de HRW coincidió con el anuncio hecho por la Fiscalía sobre el inicio de 2.670 investigaciones penales contras las fuerzas de seguridad, por causas similares.
La coronel Karina Soza, del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, respondió que la institución tomaba “con mucha humildad y responsabilidad” el informe de HRW y aseguró que cada vez que hay una denuncia, se abre una investigación interna y se pone toda la información a disposición de las fiscalías.
Soza admitió que carabineros “pueden haber cometido errores”, que serán investigados, en su afán por proteger la seguridad y la propiedad de los ciudadanos en disturbios a los que calificó como “extremadamente violentos”.
La oficial detalló que 14 carabineros fueron imputados este mes por un fiscal, por el presunto delito de torturas contra manifestantes, y más de 1.000 sufrieron lesiones desde que comenzó el estallido social.
El pasado domingo, Piñera, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para utilizar a militares en la protección de infraestructura pública sin necesidad de decretar estado de emergencia, en medio de la crisis social iniciada el pasado 18 de octubre.
La iniciativa incluye la exención penal para los integrantes de las fuerzas de seguridad.
Comenzó el escrutinio definitivo en Uruguay
La Corte Electoral de Uruguay comenzó ayer el escrutinio definitivo del balotaje presidencial del domingo, en el que la resolución de los votos observados y la revisión de los anulados será clave para determinar quién será el próximo presidente del país.
El escrutinio provisorio del domingo arrojó una ventaja a favor del opositor Luis Lacalle Pou de 28.666 sufragios sobre el oficialista Daniel Martínez, una diferencia menor a los 35.229 votos observados.
Además, hubo 56.619 votos anulados y, de ellos, los miembros de la Corte deberán analizar aquellos que fueron recurridos por los fiscales partidarios en las mesas de votación.
Si Martínez obtuviera al menos 2.615 de los votos observados, la diferencia a su favor será irremontable, según el diario montevideano El País.
No obstante, las autoridades advirtieron que el escrutinio definitivo y la revisión de los votos observados y recurridos llevará varios días, por lo que el resultado definitivo se conocerá entre el jueves y el viernes.
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