Más presión al agro

La cosecha de impuestos nunca se acaba

El nuevo esquema impositivo para el sector agropecuario enciende alarmas entre los productores. Los números aún distan de los peores momentos, aunque en poco tiempo la situación podría agravarse. El atraso cambiario y un nuevo incremento de “retenciones” aparecen como las mayores amenazas.

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Tras la “actualización” de los Derechos de Exportación (DEX) y la posibilidad -aún no implementada- de incrementarlos 3% que otorgó el Congreso al presidente Alberto Fernández con la sanción de la Ley de Emergencia Económica, se multiplican las evaluaciones y cálculos del impacto que tendrá la recargada presión impositiva sobre el agro argentino. Despojado del “componente emocional” (no son pocos los productores que reaccionaron con furia), los números resultantes distan de los peores momentos que vivió el sector gracias a la suba de precios que vienen experimentando los granos y el efecto de la megadevaluación. Sin embargo el riesgo está a la vuelta de la esquina: dependerá no sólo de las cotizaciones sino también del comportamiento que experimente el dólar.

“Si en 6 meses no se mueve el tipo de cambio oficial, no sería raro que para junio estemos con un índice cercano al 70%”, indicó el economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), luego de conocerse el último trabajo de la entidad que -tras la suba de “retenciones”- indica que la participación del Estado en la renta agrícola asciende, de modo general, a 60,4% (64,5% en soja). La aclaración surgió ante la comparación con el 66,2% de diciembre de 2017. Pese a que ahora hay más impuestos, dos años atrás el tipo de cambio real mostraba “un atraso cambiario muy grande”. Este factor, explicó el especialista, “impacta mucho en fletes, labores e impuestos de suma fija como inmobiliario y tasas viales”.

En redes sociales, el autor del Índice FADA de diciembre aclaró que los números podrían empeorar en los próximos meses, ya que restan la actualización de labores y fletes, la suba de los impuestos inmobiliarios provinciales que “rondan el 50%”, la posibilidad de que se encarezcan insumos dolarizados por efecto del cepo y la esperable suba del 3% en los DEX de la que dispone el presidente.

Otro estudio sobre el tema, de la consultora Economía & Regiones, menciona que a pesar del “impuestazo” (superior al de José Luis Machinea en el gobierno de la Alianza) la agroindustria argentina mantiene un nivel de competitividad superior al de los gobiernos de Macri y Cristina Kirchner. Sin embargo, advierten que las economías regionales tienen “mucho menos aire” para soportar el nuevo escenario.

Efecto devaluación

Miazzo remarcó que “la suba de los derechos de exportación (DEX) redujo el federalismo del aporte de la agricultura por tres vías: suba de DEX, no coparticipables; genera baja del impuesto a las ganancias, que sí es coparticipable; y extrae recursos (vía impuestos) del interior”. Como ejemplo comentó que en el Departamento cordobés de Río Cuarto, cada 5 puntos de derechos de exportación a los principales cultivos, se van de la región 72 millones de dólares, el equivalente al presupuesto anual de gastos de la municipalidad de la ciudad cabecera.

Según consigna el informe, considerando derechos de exportación de 30% para soja y 12% para el resto de los cultivos, la medición de diciembre de 2019 marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 60,4% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es decir, que de cada $100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, $60,40 se lo llevan los distintos niveles de gobierno. En la discriminación por cultivos, la participación del Estado en soja es del 64,5%, maíz 53,9%, trigo 53,5% y girasol 62%. Los impuestos nacionales no coparticipables explican el 62,1% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

La ley de solidaridad y reactivación productiva permite al Ejecutivo Nacional llevar estos derechos hasta el 33% para soja y el 15% para el resto de los cultivos. Haciendo el ejercicio con esos datos, el índice pasa del 60,4% al 63,9%, es decir, la suba de 3 puntos en los derechos de exportación, se lleva 3,5 puntos de la renta agrícola.

Por otro lado, si se incorporan las subas de inmobiliarios rurales, que el índice recién tomará oficialmente en marzo, el indicador pasa de 60,4% a 61,2%, es decir, la suba de inmobiliarios se lleva el 0,8% de la renta agrícola. El efecto combinado de 3 puntos extra de derechos de exportación más inmobiliarios, lleva el índice de 60,4% a 64,7%.

Competitividad a flote

Por su parte, Economía & Regiones pone en contexto la emergencia económica como un “un impuestazo sin precedentes” que otorgará al fisco un plus recaudatorio equivalente a 1,7 % del PBI, “lo cual es un +54% mayor que lo que inicialmente proyectaba recaudar el impuestazo de (el ministro de Fernando De La Rúa, José Luis) Machinea”. Dentro de este paquete -detallan- la suba de los Derechos de Exportación aportarían un tercio del incremento impositivo, representando 0,5 % del PBI. El cálculo se realiza dando por hecho que Fernández hará uso de las facultades que le dio el Congreso para llevar el impuesto hasta el 33 % para soja y derivados, 15 % para maíz y trigo; 9% para economías regionales y 5 % productos agroindustriales.

En el apartado del sector agroexportador, explican: “los números muestran por qué no habrá protestas en serio” del sector agropecuario. A partir de la incidencia de los precios internacionales concluyen que “la suba de retenciones baja la competitividad precio efectiva del sector agroexportador en un -14%”. Aunque para algunos productos el perjuicio es mayor, principalmente el aceite de soja que sufre una caída de 23 % y la carne que baja 17,7 %.

“¿Dónde queda ‘parada la competitividad precio efectiva del sector agropecuario luego de la suba de retenciones?´”, se preguntan los autores Verónica Sosa, Diego Giacomini y Sophia Parnisari. La respuesta afirma que, analizando el número contra 2008, 2015 y 2017, así como contra el promedio de la segunda presidencia de CFK y contra el promedio del mandato presidencial de Macri, “se puede decir que a fines de 2019 y aún después de las nuevas retenciones, hoy en día el ‘campo’ está ‘mejor’ que en todos estos momentos del pasado”.

Los números indican que pese al nuevo cuadro impositivo la competitividad precio efectiva del sector agroexportador es superior 7,6% que en el promedio de 2016/2019; 20,7% superior al promedio 2012/2015; está 17,1% arriba de 2017; contra 2015 es 44,5 % superior y es 23,4 % mayor que en 2008. “Obviamente, no todos los sectores enfrentan la misma situación. Claramente, carne y cuero son los únicos dos sectores que actualmente se encuentran peor que en esos momentos del pasado”, aclara el informe.

El trabajo de Economía y Regiones estima que si los precios internacionales se mantienen en los actuales niveles y los costos de producción crecen en línea con una inflación promedio mensual del +4% y el dólar oficial “sólo” sube +1% por mes, “la competitividad precio efectiva de todo el sector agroexportador en junio 2020 (1,04 en el índice) se ubicaría por debajo de su nivel promedio durante la presidencia de Macri (1,06)”. Al mismo tiempo, todo el complejo sojero (poroto, harina y aceite) también pasaría a estar “peor” en junio 2020 que en el promedio 2016/2019. Por el contrario, solamente maíz y trigo seguirían teniendo mayor competitividad en junio 2020 que durante toda la presidencia de Macri.

Siempre en base a la escala de la consultora, agregan: “la mayoría de los sectores, salvo excepciones, en junio 2020 seguirían estando mejor que en 2017; 2015 y 2018; y también mejor que durante toda la segunda presidencia de CFK”.

Regionales en peligro

En cuanto al impacto de los Derechos de Exportación en las Economías Regionales, los analistas promediaron una caída de 7,7 % en la competitividad. Y al discriminar por producción, los más perjudicados serían azúcar (-10,8 %), maní (-9,5 %) y arroz (-8,9 %). El algodón disminuiría 6,9 %. Sin embargo, a comparar con mismos ciclos cotejados para la “agroidustria”, también los productos regionales muestran mejores índices de competitividad. Así, sobre el cierre de 2019 está 2,9% encima del promedio de 2016/2019; es 32,3 % superior al promedio 2012/2015; contra 2017, un 6,0 % mejor; versus 2015 un 35,9 % y 28,3% más alta que en 2008.

De todos modos, para este sector de la economía lo técnicos advierten que “los números muestran que hay algún riesgo de protesta en el mediano plazo”. Si bien las proyecciones muestran niveles de competitividad superiores a épocas pasadas, “la competitividad precio efectiva de la mayoría de las economías regionales se encontrará en junio 2020 por debajo de los niveles en los cuales había estado durante los últimos cuatro años”, al igual que en la comparación con “algunos períodos” del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Las dificultades dependerán de los precios internacionales, pero también de la presión impositiva en las provincias. podría ser otro detonante que, con la caída del pacto fiscal, los gobernadores y los intendentes subirán Ingresos Brutos y las tasas a las economías regionales. “En este marco, así como sostenemos que es muy baja la probabilidad que el “campo” se “plante” en las rutas, sostenemos que no se puede descartar por completo que algunos productores regionales asuman esta postura de protesta en algún momento del mediano plazo”, concluye el trabajo.

“Y ahora...Quien es el solidario?”

Un trabajo técnico de la Sociedad Rural de San Justo estimó como se repartirán los dólares de una hectárea de soja de la campaña 2019/20, una vez que entre en vigencia la Ley de Emergencia Económica. El estudio se hizo en base a un productor que siembra soja en campo propio, de quinientas hectáreas y a una distancia de 280 km al puerto.

Tomando un precio de exportación (FOB Rosario) de u$s 350 la tonelada y un rinde promedio de 35 quintales se obtiene el ingreso que generará cada hectárea en el 2020. Para llegar al precio bruto que va a recibir el productor se le descuentan las retenciones y los gastos del puerto.

Con una producción estimada de 55 millones de toneladas se puede deducir que el Estado (Nacional, Provinciales y Municipales) recaudarán más de 10.000 millones de dólares a pesar que la producción tendrá una pérdida de 623 millones de dólares.

Entre las conclusiones, la institución destacó:

a)La producción tendrá una pérdida en el resultado final para la campaña 2019/20 de alrededor de 32 U$S/ha, pero el Estado se llevará en todo concepto por tributos 654 U$S/ha, que equivalen al 53,41 % de los ingresos brutos de dólares por una hectárea de soja.

b) De los 19.250 millones de dólares que ingresarán al país por el complejo sojero de la campaña 2019/20, más de 10.000 millones van a parar a las arcas de los Estados Nacional, Provinciales y Municipales, mientras la producción pierde 623 millones de dólares.

c) La pérdida del 2,64 % de la producción se debe al aumento de la presión impositiva (por el aumento de los Derechos de exportación) desde que asumió el nuevo Gobierno, ya que pasó del 24,7 % al 33 % es decir un 8,3 % más.

d) Si hiciéramos el mismo ejercicio con las condiciones de hace 1 mes atrás, con el derecho a las exportaciones del 24,7 % y con Bienes personales del 0,75 % del valor del bien (Ahora es del 1,25 %), el productor tendría un margen positivo de 119 U$S/ha.

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“La suba de los derechos de exportación (DEX) redujo el federalismo del aporte de la agricultura por tres vías: suba de DEX, no coparticipables; genera baja del impuesto a las ganancias, que sí es coparticipable; y extrae recursos (vía impuestos) del interior”

David Miazzo, economista FADA