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Sábado 29.04.2017 - Última actualización - 14:03
10:43

Decisión del gobernador

Autopista: Ordenan revisar el convenio de extinción de contrato

El Ministerio de Infraestructura y Transporte tiene un plazo de 180 días para el nuevo trámite. La oposición había denunciado que el decreto 5194 significaba un millonario perjuicio para la provincia. 

 Crédito: Mauricio Garin
Crédito: Mauricio Garin

Crédito: Mauricio Garin



Decisión del gobernador Autopista: Ordenan revisar el convenio de extinción de contrato El Ministerio de Infraestructura y Transporte tiene 180 días para el nuevo trámite. La oposición había denunciado un millonario perjuicio para la provincia.  El Ministerio de Infraestructura y Transporte tiene un plazo de 180 días para el nuevo trámite. La oposición había denunciado que el decreto 5194 significaba un millonario perjuicio para la provincia. 

 

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El gobernador Miguel Lifschitz ordenó someter a revisión el convenio de extinción por mutuo acuerdo celebrado en diciembre último por el Ministerio de Infraestructura y Transporte y la firma Arssa, concesionaria de la autopista Santa Fe - Rosario. La decisión de Lifschitz está contenida en el decreto 1017 firmado también por el ministro del área, José León Garibay. Al ministerio de Infraestructura se le encomienda llevar adelante en un plazo de 180 días “la implementación de un procedimiento definitivo de análisis y determinación de la responsabilidad que le puede caber a las partes (o, incluso a terceros) en la frustración” del contrato. También dispone “la intervención de especialistas o la realización de auditorías que conduzcan a determinar fehacientemente la causal de responsabilidad en la rescisión, así como los eventuales créditos y deudas recíprocos derivados de la extinción del referido contrato de concesión, debiéndose adoptar las medidas conducentes para mantener las garantías actualizadas a los fines de resguardar el resultado del mismo”.

 

 

Por el decreto 5194 del pasado 30 de diciembre, el gobernador Lifschitz ratificó el convenio para la extinción por mutuo acuerdo del contrato de concesión firmado por Garibay y Arssa. Dicho decreto fue fuertemente cuestionado por la oposición e incluso el bloque de diputados del Frente Justicialista para la Victoria denunció un perjuicio de 1.500 millones de pesos para la provincia. El decreto aún no había sido convalidado por el Tribunal de Cuentas que incluso pidió mayor información al propio Ministerio de Infraestructura.

 

En ámbitos legislativos se esperaba con suma expectativa el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas que finalmente no se produjo y a instancias del Fiscal de Estado, Pablo Saccone, ahora ordena revisar el contrato. La decisión de Lifschitz trascendió a pocas horas de que el Poder Ejecutivo conozca las ofertas de interesados en hacerse cargo de la concesión de la autopista aunque sin la responsabilidad de hacer las obras de repavimentación.

 

Como informara días atrás El Litoral, el propio oficialismo en la Cámara de Diputados le hizo saber al Poder Ejecutivo el rechazo a continuar con la concesión privada de la autopista e incluso recomendaron que sea el propio Estado el que encabece la concesión.

 

Aval a postura opositora

 

“Teníamos razón” expresó el diputado justicialista Roberto Mirabella al conocer el nuevo decreto de Lifschitz. “Está claro que se actuó mal y que en esta actuación equivocada hubo un daño y un perjuicio contra la administración pública con cual queremos saber que va a hacer el gobernador frente a esto, quiénes son los responsables y cómo se los va a sancionar”, acotó el rafaelino.

 

En los considerandos del nuevo decreto se exponen los pasos dados por el expediente ante el pedido de mayor información hecho por el Tribunal de Cuentas sobre las causas de la rescisión. Es la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado la que recomienda la intervención de Fiscalía de Estado en el trámite “en atención a la excepcional trascendencia jurídica y complejidad de la materia vinculada”. Más adelante se afirma que Fiscalía de Estado “entiende que lo actuado y los informes arrimados no logran justificar con claridad la solución a la cual se arribase en materia de imputación de responsabilidad”. Luego considera que “ni el informe técnico ni así tampoco el contable producidos por terceros conllevan la suficiente claridad y precisión como para poder arribar, sin más, a la conclusión de la razonabilidad de la falta de responsabilidad de la concesionaria o a bien a la compensación de responsabilidades mutuas”.

 

En los quince meses de la actual administración, el ministro Garibay fue citado en dos ocasiones por la Cámara de Diputados por el tema autopista. En una primera ocasión concurrió a la comisión de Obras Públicas y la siguiente a la presidencia de la Cámara donde se llevó serias advertencias de todo el arco político sobre los graves incumplimientos del concesionario así como sobre la falta de control del propio Estado.

 

“Es un escándalo”

 

“Fiscalía de Estado confirmó nuestras denuncias sobre el escándalo de la autopista Santa Fe - Rosario” señaló anoche el bloque de diputados del ‘Frente Justicialista para la Victoria‘ que conforman Héctor Cavallero, Patricia Chialvo, Roberto Mirabella, Germán Bacarella y Silvia Simoncini.

 

“Fiscalía de Estado, que es el órgano de asesoramiento jurídico y de defensa legal del Poder Ejecutivo, se pronunció a favor de las denuncias que venimos sosteniendo con respecto a las irregularidades en la concesión de la autopista que a valores actuales, el monto de la obra no ejecutada alcanzaría 1.554,8 millones de pesos”, aseguraron los legisladores.

 

El bloque reiteró los datos esgrimidos semanas atrás cuando cuestionaron el decreto de rescisión sin obligaciones para con el concesionario. “Es un hecho escandaloso el grado de incumplimiento de Arssa, cuya principal obligación en materia de obras, era repavimentar los 313 kilómetros de traza total. Pero en los 5 años de concesión sólo hicieron 75 kilómetros”, recordaron. Acotaron que las auditorías dicen que hubo un flujo mayor al ofertado y que el estado de la autopista era conocido al momento de ofertar.

 

El bloque opositor reiteró el pedido “de que se declare la nulidad de todo lo actuado, generar la rescisión del contrato por incumplimiento de la concesionaria, hacer efectiva la garantía prevista en el contrato, aplicar las sanciones correspondientes a las empresas integrantes de la UTE que actuó como concesionaria, y deslindar las responsabilidades políticas y legales de las autoridades responsables del millonario perjuicio perpetrado en contra de los intereses de todos los santafesinos”.

 

 




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