El FPV impide el juicio político para Alicia Kirchner

El Litoral

Télam

El Frente para la Victoria (FPV) rechazó el pedido de juicio político a la gobernadora Alicia Kirchner impulsado por los gremios de la Mesa de Unidad Sindical (MUS) y la CTA Autónoma, con más de 5.000 firmas de ciudadanos de Santa Cruz, por la mayoría especial requerida en sesión secreta de la Sala Acusadora, que refleja la relación de fuerzas existente en la Legislatura provincial.

Según fuentes consultadas por Télam, antes de imponer su mayoría especial de ocho votos, los diputados del FPV fundamentaron el rechazo a la continuidad del proceso al advertir intencionalidad política con fines de destitución y adjudicar a los gremios que nuclean a los maestros y a los empleados judiciales responsabilidad en la crisis educativa y en la parálisis de la Justicia, entre los incumplimientos adjudicados a la administración.

Los diputados del Frente Unión para Vivir Mejor/Cambiemos, por su parte, hicieron hincapié en la cuestión formal del análisis de los incumplimientos invocados como causales de juicio político y votaron por la continuidad del proceso en minoría de tres votos.

La oposición contó con la inasistencia del diputado radical Gerardo Terraz, cercano al intendente caletense, Facundo Prades, enfrentado con el liderazgo del diputado nacional Eduardo Costa.

"Lo que sucedió acá es una aberración; por una interpretación errónea de la Constitución y del artículo 4 de la Ley 13, que establece el procedimiento de juicio político", dijo a Télam Romina McNamara, de la CTA Autónoma Santa Cruz.

Para la empleada judicial, los diputados "no pueden decir que es una cuestión política; era muy fácil porque los solos enunciados que presentamos coinciden con la realidad de que en Santa Cruz no están garantizadas la educación pública, la salud, el servicio de justicia, las prestaciones sociales, no se pagan los salarios en tiempo y forma y hasta tenemos funcionarios presos".

McNamara, entre un puñado de manifestantes que esperaban el resultado en la puerta de la Legislatura, explicó que "lo que tenían que resolver los diputados es si las causales que presentamos están dentro de lo que dice el artículo 138 de la Constitución Provincial, como cargos para hacer un juicio político; ni siquiera tenían que meterse dentro de las causales".

Entre otras conductas objetadas, los impulsores del juicio político cuestionaron el nombramiento como juez de primera instancia de Marcelo Bersanelli, cuñado del diputado nacional Máximo Kirchner; de funcionarios procesados, como la esposa del diputado nacional, Rocío García, en Salud; de María Cecilia Velázquez, en Educación; de Romina Mercado –hija de la gobernadora-, en la Fiscalía de Estado, y del detenido contador Víctor Manzanares, síndico del Banco Santa Cruz.