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Martes 03.10.2017
17:20

“Lesiones leves y contaminación culposa”

Entre Ríos: condenaron a tres hombres por rociar con agrotóxicos a una maestra y a sus alumnos

El presidente de la empresa fumigadora, el dueño del campo que contrató el servicio, y el piloto del avión recibieron una pena de un año y medio de prisión.

 Crédito: Archivo El Litoral
Crédito: Archivo El Litoral

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“Lesiones leves y contaminación culposa” Entre Ríos: condenaron a tres hombres por rociar con agrotóxicos a una maestra y a sus alumnos El presidente de la empresa fumigadora, el dueño del campo que contrató el servicio, y el piloto del avión recibieron una pena de un año y medio de prisión. El presidente de la empresa fumigadora, el dueño del campo que contrató el servicio, y el piloto del avión recibieron una pena de un año y medio de prisión.

DyN


Tres hombres fueron condenados hoy a un año y medio de prisión como responsables de "lesiones leves y contaminación culposa" por haber fumigado con fertilizantes a alumnos y una maestra de una escuela de Colonia Santa Anita, en el sur de Entre Ríos. 


La directora de la escuela 44 República Argentina, Mariela Leiva, quien impulsó la denuncia contra la empresa agrícola y los fumigadores, destacó el fallo y dijo que "lo importante es el precedente que se está sentando y por eso hay que alentar a todos los vecinos y docentes a denunciar esta clase de hechos". 


La condena fue impuesta hoy por el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay al presidente de la empresa fumigadora Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez; al dueño del campo que contrató el servicio, José Mario Honecker; y al piloto que tuvo a su cargo el avión fumigador, César Visconti. 


El tribunal formado por Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas condenó a la pena de un año y medio de prisión a los tres acusados por considerarlos penalmente responsables de "lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa". Los jueces también impusieron como pena adicional la inhabilitación por un año para quienes efectivamente realizaron la fumigación. La empresa Aero Litoral SA, con sede en Villaguay, no estaba habilitada y el avión tripulado por Visconti no tenía autorización para volar en Entre Ríos, recordaron fuentes de la investigación. 


Además, señalaron, la empresa carecía de un ingeniero agrónomo para certificar recetas agronómicas y estar presente en el lugar de las aplicaciones, como lo requiere la normativa vigente en la provincia. 


Al estanciero Honecker se lo condenó por haber contratado los servicios de la firma Aero Litoral de Rodríguez para el campo ubicado entre los kilómetros 7 y 11, de la zona rural de la localidad de Santa Anita, con empleo de productos químicos calificados como residuos peligrosos por la Ley Nacional 24.051. 


Visconti, en tanto, fue responsabilizado por realizar la fumigación aérea con un avión que no estaba autorizado. 


Este juicio fue el primero que se sustanció en la provincia por la fumigación de una escuela. La causa se inició a partir de la denuncia de la docente Mariela Leiva, quien se encontraba al frente de la clase cuando se produjo el paso del avión que diseminó los agrotóxicos. La docente de Santa Anita reveló que le extrajeron muestras de sangre y orina, pero sostuvo que la Policía dijo que no podía ordenar los análisis "por falta de medios". 


Respecto de la condena decidida por el Tribunal, Leiva manifestó que "los jueces hicieron lugar a la petición de la Fiscalía que fue de un año y medio de prisión, yo hubiese preferido que hubiera sido el máximo para estos casos, que es de tres años, si bien no iban a cumplirlos en una cárcel". "Pero más allá de esto, lo importante es el precedente que se está sentando y por eso hay que alentar a todos los vecinos y a los docentes a que denuncien esta clase de hechos", añadió. 


La docente y los alumnos -entre los cuales había niños de 5, 9 y 10 años- sufrieron diferentes síntomas de malestar producto del químico utilizado. La causa fue elevada a juicio el 4 de julio y la fiscal Melisa Ríos sostuvo en sus alegatos que en la pulverización aérea hubo un "déficit en la organización" porque no se arbitraron "los recaudos necesarios para que la labor contratada se ajustara a la legislación vigente y no alcanzara a terceros".


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