Los jóvenes en la órbita del MPA

Mario Cáffaro
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Con cuatro votos en contra y disidencias parciales, la Cámara de Diputados votó el futuro Código Procesal Penal Juvenil que incluye el traspaso de la actual estructura de la justicia de Menores al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Este futuro Código, así como un nuevo Código de Faltas completarían la armonización del seguimiento penal en la provincia. En el caso de Menores ahora el tema pasa al Senado. En Faltas, el Senado ya votó un proyecto y en Diputados hay iniciativas propias y su resolución quedaría para el año próximo.

El texto votado deroga el actual Código Penal Juvenil para así garantizar los derechos establecidos en la Constitución y en diferentes convenciones internacionales a los cuales adhirió la Argentina; establece el traspaso de recursos, y un anexo fija las pautas para el funcionamiento del nuevo Código . El plazo de transición entre un sistema y otro vencerá el 30 de octubre del año venidero. El proyecto prevé la creación de una Dirección de Intervención Interdisciplinaria integrada por profesionales y que dependerá a la Corte Suprema de Justicia.

Los votos contrarios fueron de los bloques Igualdad y Participación y el Frente Social y Popular mientras que los diferentes bloques justicialistas se diferenciaron en algunos artículos, especialmente cuestionando la falta de especificidad del nuevo sistema y por dejar abierto a normas nacionales la edad de la imputabilidad. Este último ítem motivó la abstención -en ese artículo- de las oficialistas Alicia Gutiérrez y Verónica Benas.

La dictamen que llegó al recinto fue definido por la Comisión de Asuntos Constitucionales que introdujo cambios al de Derechos y Garantías donde todos los bloques habían puesto la firma.

“Esta ley tiene una gran trascendencia y hacemos justicia con quienes hoy el régimen penal considera punibles menores de edad. Con el cambio en el sistema procesal en Santa Fe, los menores punibles quedaron fuera del sistema procesal y se mantuvo el sistema inquisitivo”, aseguró el jefe del bloque de diputados socialistas, Rubén Galassi. “Este proyecto es un avance y se hace justicia con los menores punibles ya que van a tener un régimen y un tratamiento procesal que garantice los derechos constitucionales de los niños niñas y adolescentes”.

Hoy, de acuerdo con un relevamiento de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, de los menores que están en conflicto con la ley y privados de su libertad, el 98 % no conoce a los jueces, ni a sus abogados, ni tienen la información necesaria sobre su situación. “Esta es la realidad que va a cambiar una vez que entre en vigencia la nueva ley” afirmó Galassi.

Hizo hincapié que el Código pretende más que la aplicación de una pena a un menor, la reparación del daño, garantizando la participación en el proceso de la víctima y buscando la reinserción del joven con una formación educativa, la posibilidad de formarse en un empleo, en una profesión. Establece que todo el proceso sea oral como en el sistema de mayores y el imputado podrá contar con defensor oficial y asistencia técnica. Sí amplía el catálogo de medidas alternativas para saldar la pena. También habilita la figura del querellante en el proceso.

El respaldo del PJ

El justicialista Leandro Busatto admitió que los proyectos en debate tienen enfoques diversos con diferencias profundas en algunos casos. No obstante aclaró que “defendimos nuestra postura de sancionar una ley específica en vez de incorporar y modificar el Código Procesal Penal. Entre todos hemos arribado a una síntesis saludable de las distintas propuestas. No es menor que en temas tan sensibles logremos acuerdos legislativos para la sanción de leyes fundamentales”. Acotó que hay “un conjunto de normas que hacen más ágil el traspaso de la justicia procesal penal juvenil a la que hoy estamos sancionando, de los viejos juzgados de menores a los nuevos colegios de jueces. Tenemos equipos interdisciplinarios, participación y capacitación suficiente tanto del Ministerio Público de la Acusación como del Servicio Público de Defensa, para trabajar específicamente en el área”.

También consideró “importante que hayamos logrado los acuerdos legislativos para el traspaso de los funcionarios del viejo al nuevo sistema. Vamos a depositar en estos funcionarios judiciales ni más ni menos que la posibilidad de tener un debido proceso, fundamentado y con garantías suficientes para los menores en la provincia”.

Antes de marcar las diferencias con algunos artículos, Busatto valoró la decisión de adecuar la norma a un proceso penal específico para menores. “Parece incómodo porque la política suele correr detrás de algunos mensajes fantasmagóricos y demagógicos que no compartimos, pero es justo y necesario proteger a nuestros pibes en un proceso penal y brindarles las garantías necesarias de acuerdo a lo que establecen los estándares nacionales e internacionales de justicia”, añadió.

Destacó el justicialista que “el proyecto trabaja sobre situaciones dramáticas: un pibe en conflicto con la ley penal está perdiendo su cotidianeidad y su presente y está cercenando su futuro. Por eso la insistencia y la celeridad en sancionar este tipo de leyes, para permitir no sólo la posibilidad de juzgar a menores en conflicto con la ley penal, sino principalmente para brindar herramientas, derechos y garantías, para que el menor pueda afrontar su debido proceso con la mayor tranquilidad posible, y para que se resguarde fundamentalmente el interés superior del niño”.

Barras

Festejado por trabajadores de servicios de salud mental fue la votación del proyecto de creación del órgano de revisión y promoción de derechos de usuarios de los servicios de salud mental de la provincia. El órgano funcionará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad y varios legisladores (Simoncini, Augsburger, Busatto y Garibaldi- destacaron el recorrido que tiene la provincia en salud mental y volvieron a marcar diferencias con posibles cambios que se estudian a nivel nacional.