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Martes 21.08.2018 - Última actualización - 11:30
11:29

El Senado nunca apoyó la iniciativa

Nuevo intento en Diputados para regular la seguridad privada

El asunto lleva diez años de estudio en la Cámara Baja. En esta ocasión, al proyecto de Alicia Gutiérrez se le sumó otro del socialista Oscar Pieroni. Son 18.000 los trabajadores del sector.

Pieroni defendió la necesidad de regular el servicio de seguridad privada. Foto: El Litoral




El Senado nunca apoyó la iniciativa Nuevo intento en Diputados para regular la seguridad privada El asunto lleva diez años de estudio en la Cámara Baja. En esta ocasión, al proyecto de Alicia Gutiérrez se le sumó otro del socialista Oscar Pieroni. Son 18.000 los trabajadores del sector. El asunto lleva diez años de estudio en la Cámara Baja. En esta ocasión, al proyecto de Alicia Gutiérrez se le sumó otro del socialista Oscar Pieroni. Son 18.000 los trabajadores del sector.

Mario Cáffaro | mcaffaro@ellitoral.com

 

Otra vez, y por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que apunta a “regular la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas y/o bienes por parte de personas físicas y jurídicas dentro del territorio de la Provincia de Santa Fe”. El texto -girado al Senado- determina que “las actividades que realizan las empresas prestadoras de estos servicios son consideradas de interés público, subordinadas y complementarias a las que realiza el Estado provincial, y sujetas a las políticas que se fijen con el objeto de resguardar la seguridad pública y ciudadana de forma complementaria”.

 

El texto votado por la Cámara de Diputados fue propuesto por el socialista Oscar Pieroni y trabajado en forma conjunta con otra iniciativa de Alicia Gutiérrez (SI) quien insiste desde 2008 en el tema y logró varias aprobaciones no correspondidas por el Senado.

 

El proyecto de Pieroni parte de un trabajo realizado por el equipo del anterior ministro de Seguridad, Raúl Lamberto.

 

“La seguridad privada tiene como fin satisfacer necesidades legítimas de seguridad, complementarias a la seguridad pública y sujetas a las políticas que a los fines de aquella se determinen, y con total sujeción y absoluto respeto a las normas constitucionales nacionales y provinciales” determina el artículo 3 que fija los principios rectores. Se establece que el Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección Provincial de Autorizaciones, Registro y Control de Agencias Privadas de Vigilancia, Seguridad e Informes Particulares es la que entiende en la materia.

 

“Partimos de la premisa de que esta actividad debe ser controlada por el Estado”, le dijo Pieroni a El Litoral tras recordar que el sector hoy está regulado por una resolución de 1991 y un decreto de 1999 “normas que hoy no son normas eficientes para el rol de control pretendido ante el aumento de prestaciones, y de empresas”, acotó.

 

En los diferentes artículos, el proyecto crea un registro de prestadores, dispone un régimen de incompatibilidades para titulares de las firmas, regula las condiciones de habilitación de una firma; establece un régimen sancionatorio. “En definitiva, el proyecto genera condiciones adecuadas a las tiempos para un sistema que tiene 18.000 empleados”, acotó el socialista.

 

“Si bien existen normativas y resoluciones ministeriales, es imperativo poder contar con un marco legal que permita ejercer un control efectivo sobre el accionar de las empresas que prestan este servicio y de su personal”, sostuvo, por su parte, Gutiérrez.

 

Señaló que “en las agencias se han detectado distintas irregularidades, como falta de documentación habilitante para los custodios, presencia de objetivos a ser vigilados no declarados o ausencia de registro de las armas que poseen.

 

Ante esta situación creemos necesaria una regulación específica. Las prestadoras de servicios de seguridad deberán, entre otras cosas, capacitar a sus trabajadores con cursos que serán dictados en instituciones públicas. Además de entrenamiento en defensa personal y seguridad, tendrán materias vinculadas a primeros auxilios, nociones legales y de derechos humanos”.

 

Gutiérrez precisó que “ninguna agencia de seguridad puede contratar a policías en actividad, por ejemplo, ni a miembros de las fuerzas armadas. Tampoco a integrantes de las fuerzas de seguridad que hayan sido exonerados. Y estipula, asimismo, una cantidad de requisitos y antecedentes que deben tenerse en cuenta a la hora de la contratación del personal”.

 

La diputada oficialista acotó que el tema aprobado “apunta a garantizar la integridad, eficiencia y capacidad del personal que desempeña estas tareas a través de la instrucción, las prácticas y los controles necesarios, como así también a prevenir que las agencias sean integradas por personas inescrupulosas o exoneradas de las distintas fuerzas de seguridad”.

 

La UNL capacitará a policías

 

La Universidad Nacional del Litoral suscribió un convenio con el Ministerio de Seguridad y el Instituto de Seguridad Pública (ISEP) de la provincia de Santa Fe, a través del cual se dictará un Ciclo de Licenciatura en Criminología y Seguridad Ciudadana destinado exclusivamente a una cohorte cerrada de 100 policías que comenzará las actividades el viernes 24 del corriente.

 

El convenio fue firmado entre el rector de la UNL, Enrique Mammarella; el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro; el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales, Javier Aga; la subsecretaria de formación y desarrollo del Ministerio de Seguridad, Ana Viglione; el director General del ISEP, Gabriel Leegstra, y Máximo Sozzo, docente e investigador de la FCJS-UNL y director del programa Delito y Sociedad.

 

El Ciclo de Licenciatura en Criminología y Seguridad Ciudadana cuenta con el reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional al título de Licenciado en Criminología y Seguridad Ciudadana y su director es el propio Sozzo.

 

La carrera es presencial y comenzará a dictarse a partir el viernes en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; tiene una duración de dos años y medio, distribuidos en cinco cuatrimestres, donde se desarrollarán 19 asignaturas y un taller de escritura y redacción de trabajo final.

 

Como se trata de una cohorte cerrada, el Ministerio de Seguridad seleccionó 100 funcionarios policiales entre los 670 preinscriptos, teniendo en cuenta los siguientes criterios: ser funcionario policial en actividad de la Policía de la provincia, y poseer el título de Técnico Superior en Seguridad Pública o Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana orientado a la Formación Policial.

 

Críticas

 

Para el diputado provincial Leandro Busatto (Unidad Ciudadana) “las estadísticas muestran que la política de seguridad ha fracasado”en la provincia”. Con estadísticas de los últimos 17 años, señaló que “más policías y más patrulleros no necesariamente son la solución”.

 

Acotó que “entre 1991 y 2007, el promedio de homicidios en la provincia fue de 224 por año. Desde que asumió el Frente Progresista, ese número trepó a 345 por año, suba del 54 por ciento, que llevó a Santa Fe a ser la provincia más violenta del país, y a la capital a ocupar el mismo lugar entre las restantes ciudades del país”.

 

 




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