Muertes en situación de encierro

Ivana Fux | [email protected]

El pasado 11 de septiembre, Carlos Alberto Pérez, de 26 años, aparecía sin vida en el pabellón 11 de la cárcel de Coronda. Estaba detenido por el presunto homicidio de su hijastro, el pequeño de tres años que falleció por politraumatismos, producto de una fuerte golpiza y signos de abuso sexual. Lo habían alojado en una celda de “resguardo”, después de rechazar -según se informó- asistencia psicológica. La autopsia confirmó muerte por asfixia. Los guardias lo encontraron “ahorcado” por una cuerda fabricada con la costura gruesa de su colchón. Con su muerte, se extinguió la acción penal.

El hecho despertó la inquietud sobre lo que sucede con la vida de los presos, intramuros. La defensora General de la provincia, Jaquelina Balangione, observó que eran “numerosos” los decesos que se venían produciendo en situación de encierro, y dijo que solicitaría las estadísticas al Ministerio de Seguridad. Sugirió, incluso, que internos con causas como la de Pérez, debían ser alojados en dependencias donde se pudiese garantizar una vigilancia permanente de la persona.

Seis días después de esa situación, otro interno fue encontrado en su celda sin vida. El hombre de 39 años, oriundo de la ciudad de Rosario, ingresaba por cuarta vez al Servicio carcelario, en este caso, por el presunto delito de amenazas. Había entrado el 8 de septiembre; el 16, apareció también colgado.

El Litoral accedió a los datos de las muertes producidas en situación de encierro durante el corriente año en cárceles de la provincia. De enero a mediados de septiembre, se han producido 4 suicidios (ahorcamientos), dos muertes en situaciones violentas (enfrentamientos con otros internos), 4 por enfermedades y una por accidente de tránsito, cuando un recluso retornaba al penal después de una salida transitoria. Once en total en lo que va de 2018.

A juzgar por el secretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Manuel Martínez Saliba, la cifra se encuentra dentro de los parámetros “habituales y normales”, teniendo en cuenta que la población carcelaria de la provincia es de 5.800 internos. El funcionario habló de una población carcelaria creciente, a la luz del desalojo de internos de las comisarías. Y reveló que como consecuencia de ello, la población penal de la provincia ha tenido un incremento del “18 por ciento” en lo que va del año. “Este aumento -precisó- implica ingresos de hasta cien presos de manera semanal. Con 5.700 internos en todos nuestros penales, el de Santa Fe es el tercer Servicio Penitenciario más grande del país después de Buenos Aires y Córdoba”, dijo.

Al incremento de la población carcelaria que el funcionario apuntó como circunstancia adversa para garantizar la seguridad e integridad física de cada interno, el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro le sumó los inconvenientes a la hora de hacer requisas. Planteó que por las limitaciones que impone la situación actual -ingreso irrestricto de cantidades de alimento y ropa, por ejemplo-, las revisiones no pueden ser “eficientes” y a veces, facilitan el ingreso de armas.

Saliba, de todos modos, planteó otra arista de la problemática; dijo que gracias al accionar de los agentes penitenciarios, también pudieron “evitarse” muchos suicidios. “Esto sucede semanalmente. Pero ello no figura en la estadística”, aseguró.

Al incremento de la población carcelaria que el funcionario apuntó como circunstancia adversa para garantizar la seguridad e integridad física de cada interno, el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro le sumó los inconvenientes a la hora de hacer requisas.