Sain asumió el desafío de construir una "verdadera policía de investigación"

Juliano Salierno - Mario Cáffaro | [email protected]

Marcelo Sain es bonaerense pero ahora está radicado en la provincia de Santa Fe; Licenciado en Ciencias Políticas y Doctor en Ciencias Sociales. Tuvo cátedras en posgrado en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Pero además fue viceministro de Seguridad bonaerense; encargado de poner en marcha la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) e integró la Cámara de Diputados de Buenos Aires. Esta semana juró como director del Organismo de Investigaciones que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Parte de los objetivos planteados en el concurso que le permitió acceder al cargo los deslizó en una charla con dos periodistas de este diario.

- Le tocó armar la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y ahora el Organismo de Investigaciones (OI). Si sale bien será logro suyo y caso contrario también.

- Asumo que la ley fue aprobada en el marco de un debate del que participé como legislador bonaerense, porque antes habíamos discutido la aprobación del cuerpo de investigadores judiciales en la provincia de Buenos Aires. Tallé bastante la redacción de esa ley y ese modelo fue el que a Santa Fe lo sedujo, me invitaron a exponer en el Poder Judicial y en la Facultad de Derecho de la UNL, y allí me parece haber incidido en el modelo de policía de investigación que terminó institucionalizando Santa Fe.

Generalmente el término “policía judicial” se utiliza para un tipo de servicio técnico que no es el que hemos decidido en Santa Fe ni en la ley, ni yo particularmente en el concurso como plan de trabajo. Una policía judicial es más sumariante, de mera instrucción de sumario y diligenciamiento de los fiscales, de actividades rutinarias de investigación; ese no es el modelo que vamos a seguir.

Vamos a construir una verdadera policía de investigación. Este servicio técnico de apoyo a las investigaciones de los fiscales tiene como competencia delitos complejos, delitos que comprometen a asociaciones criminales y delitos cometidos por funcionarios públicos, por policías y penitenciarios. El 90% de los delitos que investiga el Poder Judicial santafesino están fuera de la agenda de este organismo.
Esto impone un modelo de investigación muy diferente de lo que es la investigación de delitos comunes, requiere una estructura de análisis criminal sofisticada. No inventamos nada. Para analizar crimen complejo necesitás de un conjunto de recursos técnicos que no pasan por pericias, interrogatorios y diligencias habituales para investigar delitos comunes; necesitás una sofisticada trama de información y de gestión de información. Mucha de esa información es de causas anteriores o causas simultáneas; otra es la producida por el propio organismo a requerimiento y otra es la “no sigilosa”, información de base de datos estatales, patrimonial, fiscal, muchas veces protegida en forma de secreto, que va a ser clave para ésto. La criminalidad compleja que vamos a investigar no se concreta en un hecho disvalioso, como un homicidio o una lesión grave, sino a través de actos concatenados que muchas veces no son disvaliosos: compra de propiedades, transacciones, transferencias, hechos ‘de la vida legal’ para decirlo de alguna manera. Además gran parte de la trama del crimen organizado está íntimamente vinculado con la actividad lícita, política, institucional, económica, con lo cual hay que investigar eso y tenemos que tener un mapa de todo. Pensamos este organismo donde todo lo que es análisis criminal complejo debería ocupar un lugar muy importante, se necesita una inversión muy importante. No sólo el diseño, en la inversión está el secreto de los grandes modelos de policía de investigación en el mundo.

-¿Con qué herramientas cuentan para empezar?

- Hay una gran base de datos muy rústica; un equipo de investigadores en formación, algunos ya están trabajando como tales; analistas que de a poco están siendo formados pero al mismo tiempo están desarrollando. En la Argentina pasa siempre lo mismo, creamos los organismos de seguridad al mismo tiempo que los hacemos funcionar. En Inglaterra, la reconversión de la SOCA -la vieja Agencia de Control del Crimen Organizado Serio y su transformación en la Agencia Nacional contra el Crimen- fue aprobada por el Parlamento en 2011 y le dio al Ejecutivo dos años para la implementación, mientras tanto siguió funcionando el esquema anterior. Le puso un equipo parlamentario y un administrador que se encargó de implementar eso. No es lo que nos toca a nosotros.

Ahora, que no se crea que porque esté la ley, se hayan designado autoridades y haya una dotación básica de personal en materia de investigación, esto ya está ‘punto caramelo’ para ponerlo en funcionamiento. Estamos elaborando un plan estratégico y un plan de inversión.

- ¿Cuánto tiempo estiman que va a llevar ese proceso?

- En un año, si tenemos los recurso necesarios para implementarlo, vamos a producir resultados. La tecnología y los dispositivos para este tipo de trabajo están ahí, al alcance de la mano, es cuestión de adquirirlos.

- Mucho de estos delitos están en la órbita federal, pienso en narcotráfico

- Vamos a investigar todo y después el fiscal general o los fiscales intervinientes van a decidir hasta donde se llega y donde se traspasa la investigación en curso al fuero federal. Es muy difícil definir ‘yo investigo hasta acá y de acá para adelante no’. Vamos a producir un conjunto de conocimientos y saberes que al principio vas a creer que estás dentro de la competencia provincial y te vas a topar con aspectos que claramente devengan en cuestiones vinculadas para que atienda la justicia federal. Eso no quita que en algún momento la justicia federal no crea que el Organismo de Investigaciones sea la autoridad policial de la investigación para ese tema. En los últimos dos años ha habido una compenetración muy grande entre organismos de investigaciones federales y provinciales y justicia federal y provincial, que ha dado luz en algunos casos a procedimientos que no existían antes.

- Dijo desfederalización de delitos de narcotráfico. En provincia de Buenos Aires lo tiene, y acá se está discutiendo...

- Voy a ser moderado en la opinión porque no me compete a mí como director del Organismo de Investigación opinar de una decisión político institucional del Parlamento santafesino y del Poder Ejecutivo. En Buenos Aires la desfederalización tenía una razón fundamental que era que la justicia federal no se preocupaba de la estructuración del mercado minorista y se decidió que debía estar en manos de la provincia porque era un problema de relevancia. El monopolio del manejo se lo terminaron dando a una policía que lejos de investigar el narcotráfico se asoció, fundamentalmente en materia de mercado minorista. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir acá, estoy diciendo qué fue lo que pasó allá.

Hoy no está vigente la desfederalización en Santa Fe y no por eso vamos a dejar de investigar el mercadeo minorista. La causa Los Monos se investigó por homicidios y asociación ilícita en la justicia ordinaria y durante el juicio se ventilaron claramente elementos que daban cuenta de una asociación que se dedicaba al narcotráfico. Es difícil que en la materialidad de los acontecimientos puedas distinguir qué es de competencia federal y qué no. Investigas todo y después el fiscal derivará.

Hemos elaborado un mecanismo que estamos pronto a aprobar con el fiscal general que determinar para el OI una modalidad de trabajo que no será ‘un kiosco polirrubro’ donde los fiscales van a pedir requerimientos y diligencias sin una estrategia institucional; esto es un servicio técnico de apoyo que se va a organizar por grupos de trabajo por directivas del fiscal general. El fiscal general va a derivar al Organismo los requerimientos puntuales y esos requerimientos se traducirán en la creación de grupos de trabajo donde cada uno tendrá un componente de analistas, de investigadores, de forenses. También habrá directivas de producción de análisis criminal. No estamos pensando en un organismo meramente reactivo y sí activo, que produzca saberes. Para los fiscales la temporalidad de su trabajo es el objeto procesal que tiene que atender y eso tiene una espacialidad que es la causa. El Organismo tiene que atar todos este conjunto de causas, porque tiene que ver patrones, rasgos, vinculaciones y contar con la tecnología que permita cruzar las bases de datos.

El vínculo con Santa Fe

- Fue asesor de (Maximiliano) Pullaro en Seguridad

- Hace un año que no lo soy...

- Pero tiene experiencia de cómo está la situación en Santa Fe y con qué policía se cuenta. ¿Cuál es su opinión?

- No vamos a poder resolver la asistencia técnica a las investigaciones de los fiscales con los recursos propios de esta policía de investigación. Esta policía podrá tener un gabinete que resuelva con los fiscales una estrategia investigativa, pero no va a tener capacidad de allanamientos, de secuestro, de detención, por lo que inevitablemente se va a tener que trabajar con la policía administrativa y ahí seremos selectivos. Eso no exime que podamos hacer investigaciones con las fuerzas federales en la medida que haya un acuerdo con ellas y sea pertinente. Y esto también derivará en gran medida de lo que estemos investigando. Si estás investigando una trama de connivencia entre policías y sectores criminales, evidentemente será muy difícil que la investigación se emprenda con otro sector de la policía provincial.

El ministro (Pullaro) ha sido muy competente en lo que fue el emprolijamiento y la modernización de las estructuras de administración de la policía, que no es poco, eso es parte de la soberanía de la conducción de la policía. Y también ha tenido responsabilidad en las directivas estratégicas. Dos cuestiones que históricamente estaban delegadas a las cúpulas policiales: la administración general de la institución y la conducción estratégica ahora están en manos del gobierno. En el gobierno de Miguel Lifschitz -viví de cerca siendo asesor del ministro- hubo una apropiación política del ministerio en cuanto a decidir acerca de estas cuestiones. Gran parte de las investigaciones sobre corrupción policial surgieron del propio ministro y se judicializaron a partir de denuncias ministeriales. Queda una tarea pendiente enorme acerca de la modernización de las estructuras policiales en todo el país.

- Esta impronta de haber formado la PSA y de haber tenido una posición firme frente a quienes han tenido que llevar a cabo las investigaciones, ha generado alguna reacción de algunos jefes policiales en Santa Fe que van a tener que interactuar con ustedes?

- No, a nivel personal no lo he sentido. Las cosas fueron fundadas. Muchos plantean la decisión final por la ausencia de prueba y la duda razonable que sobreseyó al ex comisario (Hugo) Tognoli en la segunda causa. Ya no estaba al frente de la PSA pero conozco la investigación. Estuve al frente de la PSA cuando comenzaron las grandes investigaciones por narcotráfico aquí en Santa Fe, en 2007, 2008 y 2009 muchas de las cuales terminaban en sectores policiales, fueron investigaciones bastante importantes que llevamos adelante. También llevamos adelante investigaciones sobre connivencia policial con el narcotráfico en Córdoba; el clan Alé en Tucumán, para que no haya una perspectiva santafesina en esto. Me parece que a la dirigencia santafesina le quedó claro que yo no formaba parte de ningún avance del gobierno nacional sobre Santa Fe ni sobre el gobierno santafesino. Como legislador bonaerense fui muy crítico del gobierno de (Daniel) Scioli. Cuando el ‘Cuervo’ Larroque habló de narcosocialismo fui muy crítico y dije ‘si hay narcosocialismo, hay narco-sciolismo y narco-kirchnerismo’. Gran parte de la trama de narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires está íntimamente vinculada a la protección que tuvo de la Policía Federal así como gran parte de la trama narcotraficante en la provincia de Buenos Aires está protegida por la Bonaerense.
En el Organismo tenemos que investigar grupos criminales complejos, investigar policías. El crimen complejo, el crimen que se estructura en torno de negocios de altísima rentabilidad económica, es un crimen que gasta mucho dinero en garantizarse protección estatal; trata de asociarse al Estado; trata de comprar al Estado, de cooptarlo de alguna manera. No vislumbro en Argentina organizaciones criminales con capacidad de contestación armada como para imponerle de manera violenta reglas de juego al Estado y a los poderes públicos.

-¿Y con lo que está pasando en Rosario?

- La mayoría fueron esclarecidos.

--Algunos...

- Los últimos no, pero la mayoría de ellos sí. Tienen nombre y apellido y gran parte de los protagonistas están encarcelados. Son expresiones finales de una organización que, creo, está en declive. Fueron intentos de presión sobre el poder público, sobre la Justicia. Intentan generar conmoción y en la medida que generan conmoción y dramatismo social es una forma de presión sobre el gobierno político y el organismo judicial que era donde se estaba llevando a cabo la investigación. La verdad, no lograron su objetivo.

No han tenido capacidad de imponer reglas de juego, no es que ha torcido el rumbo de las decisiones ni para el gobierno ni para el Poder Judicial santafesino. Sepamos que cuando hablamos de delitos de alta rentabilidad no tiene los costos económicos tradicionales, tienen un costo fundamental que es el de la protección. Gastan mucho dinero en intentar evitar que el Estado los persiga y les desarticule el negocio económico, así de simple. Esto no es en Santa Fe, es en el mundo entero. La experiencia en la PSA es que cuando escalás el nivel del mundo criminal inevitablemente vas a tocar poderes públicos o funcionarios y tendremos que estar preparados para eso.

La decisión política en Santa Fe es ir contra todo eso, sino no hubieran creado un organismo técnico de asistencia a los fiscales en aquello que no hay experiencia ni expertiz técnica al respecto. La realidad es que no hay recurso para atender esta problemática, no lo hay en Santa Fe y no lo hay en el resto del país, ni siquiera a nivel federal. Es un déficit muy grande que tenemos y acá la decisión es muy clara. Esa decisión inevitablemente deja abierta la investigación de tramas policiales y políticas e institucionales, pero no hay que asustarse, es el desafío que tenemos.