La perspectiva de género atraviesa el nuevo plan de estudio de Derecho

Nancy Balza / [email protected]

Con una sucesión de fallos, ejemplificadores o controvertidos, que se convierten en noticia y en muchos casos en motivo de movilización pública, los tribunales son uno de los espacios donde se dirime la puja por instalar en la sociedad una mirada que condene todo tipo de agresión o discriminación hacia las mujeres, y que habilite una verdadera justicia.

Ante ésto, una de las preguntas puesta reiteradamente sobre la palestra es cómo se seleccionan a los jueces. Pero la otra clave, más profunda, tiene que ver con la manera en que se forman quienes van a ocupar ese sitial.

El año próximo la Universidad Nacional del Litoral cumplirá 100 años. Una de sus facultades más tradicionales, la de Ciencias Jurídicas y Sociales, tiene un 60 % de integrantes mujeres, y son mujeres también quienes ocupan la mayor parte de las secretarías del decanato. Sobre esta base, intentan dar una respuesta al interrogante, y a la creciente demanda de la comunidad. Así lo explicó a El Litoral el decano, Javier Aga.

- ¿Qué los llevó a este cambio y qué es lo que va a cambiar?

- Después de 18 años, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales cambió su plan de estudio por el Plan de los 100 años que persigue varios objetivos como el de generar profesionales capacitados en lo teórico y en lo práctico, pero a su vez comprometidos con los grandes problemas de nuestra sociedad; entre ellos, las desigualdades sociales, la falta de acceso a la justicia, la ética profesional y lo que por estos días se está discutiendo en el país sobre temas que estaban ocultos, callados por décadas y hoy hay un justo reclamo de igualdad y respeto desde la perspectiva de género.

Ese plan de estudio está basado en una impronta muy fuerte en Derecho Constitucional porque esta Universidad está en la tierra de la Constitución Nacional. Entonces decimos que, además de estar en la capital de Santa Fe y en la tierra de los grandes acuerdos argentinos, no podíamos dejar de pensar en un plan que tuviera su impronta de la región. El otro objetivo es la ética profesional que tiene que estar presente en el debate y en la enseñanza diaria en las aulas. Desde el primer día en que un estudiante quiere estudiar Derecho y quiere ser abogado o abogada tiene que discutir los problemas de la ética en el ejercicio profesional. El tercer eje fundamental es la perspectiva de género.

- ¿Por qué les pareció importante que una de las modificaciones del plan de estudio esté fundada en la perspectiva de género?

- En todos los planes de estudio históricos en esta Facultad y en las discusiones áulicas, la perspectiva de género no estuvo presente. Lo que queremos es que estos tres aspectos, Constitución, ética profesional y perspectiva de género, estén como ejes transversales, es decir, que atraviesen los cinco años previstos en el nuevo plan de estudio y todas las asignaturas de la carrera. Particularmente, en el plan de estudio hemos propuesto la creación de una Unidad de Género que deberá trabajar diariamente, en la enseñanza y aprendizaje de todas las materias que componen la carrera de Abogacía, esta perspectiva en la docencia y en la investigación. A su vez vamos a llevar a cabo una Cátedra de Género en todas las materias de Derecho Constitucional que tendrá la particularidad de ser itinerante e irá en todas las comisiones y cátedras de esa disciplina. Ya lo hicimos como experiencia piloto y nos ha ido muy bien. Y, por supuesto, vamos a trabajar en forma articulada con el Programa de Género de la Universidad Nacional del Litoral.

¿Es suficiente? No. ¿Es un paso importante? Si. Estamos convencidos de que el futuro profesional se graduará en esta casa de estudios con esta perspectiva de género, de ética profesional y con una impronta constitucional.

- ¿Qué respuesta tuvieron por parte de los y las docentes?

- Muy buena, porque en la construcción de este nuevo plan de estudios hemos participado todos los actores. Desde febrero de este año los y las docentes se han involucrado en la discusión de sus planes de estudio y en la actualización de sus métodos de enseñanza. Han sido extraordinarios los aportes, debates y discusiones que hemos tenido en tal sentido, como también del Consejo Directivo que tomó la decisión institucional de aprobar el nuevo plan. Me decían los consejeros que no recordaban un año tan agitado y de tantas discusiones en torno de un plan de estudios como se ha generado este año. Ese aspecto le ha dado legitividad, además de la legalidad que requiere, al debate. Ha sido producto del diálogo, del consenso y, por supuesto, el disenso porque hubo discusiones fuertes. Pero ese es un buen ejercicio de la democracia.

- Con este plan de estudio van a ingresar los nuevos estudiantes, ¿qué sucede con quienes ya vienen cursando la carrera?

- También se aprobó un plan de transición para que alumnos y alumnas del plan de estudio del año 2000 puedan pasarse al plan de los 100 años, con reconocimiento y equivalencias de materias que ya han aprobado. La idea es que todos los estudiantes puedan graduarse en el nuevo plan de estudio.

- Como usted decía, el actual plan tiene 18 años y hacia afuera no parece tanto tiempo, pero hubo cambios muy profundos en ese plazo.

- Creo que son muchos años ya y cada diez años es un buen plazo para que los planes de estudio sean revisados. El Derecho necesita acompañar los cambios de un mundo globalizado. El mundo de las redes sociales y de internet produjo revoluciones muy importantes hacia el interior de las asignaturas clásicas. Por eso es importante que los planes de estudio tengan cláusulas y comisiones de revisión permanente para analizar los cambios.

- ¿Se puede ejemplificar sobre cómo era tratado un tema con el anterior plan de estudio y cómo será abordado ahora, con esta nueva perspectiva?

- Lo que este plan de estudio se propone, con esta impronta constitucional y de derechos humanos, es interpretar y comprender qué significa que la Constitución hable de igualdad, cómo llevamos ese concepto a las aulas y a su vez cómo lo ejerce el profesional, cómo ejerce el principio del debido proceso, de inocencia. En definitiva, cómo hacemos de la Constitución una práctica social y dentro de esa concepción e intepretación de la Constitución en la cotidianeidad es que la perspectiva de género tiene que tener importancia. Creemos que no es suficiente saber qué dice un artículo sino tratar de interpretar cómo llevar a la efectividad ese principio de igualdad, el respeto por quien piensa distinto, la diversidad cultural. Esas formas de enseñar e interpretar la Constitución tienen que estar presentes en el nuevo plan de estudio. Y cuando decimos que es un eje transversal, significa que cuando se enseña una disciplina como el Derecho Privado se pueda hacer desde esta perspectiva constitucional, de derechos humanos, de género y de ética profesional.

- Se trata también de dar vida a los acuerdos que incorporó la reforma constitucional de 1994, como la Convención de Belem do Pará para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer.

- O les damos vida o los estudiamos como una norma fría anclada en un papel; o cumplo con saber qué dice la norma porque lo exige el examen o hago de esa ley una elección para que mi ejercicio profesional la efectivice, desde el punto de vista del abogado o abogada en el ejercicio liberal de la profesión o como fiscal a la hora de investigar los delitos, o como defensor, o como juez o jueza a la hora de impartir justicia.

Puertas adentro

Por otra parte, la Universidad Nacional del Litoral está discutiendo un protocolo de violencia en todos los ámbitos, tanto en las aulas como en la administración para que, “ante un problema de maltrato o acoso, la persona pueda acudir a un mecanismo que la universidad le brinde”, expuso Javier Aga.

“Me hubiese gustado terminar el año con ese protocolo pero estos mecanismos merecen su legitimidad, el debate y la participación de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Pero los diez decanos, el rector y el vicerrector estamos convencidos de que vamos a contar con esta norma para el año que viene”, aseguró.

"Estamos viviendo un cambio cultural muy importante y las facultades de Derecho tenemos que ponernos al frente de este cambio: no criticarlo, ni callarlo ni tomar una postura desde los prejuicios. De eso se trata la formación de los futuros abogados y abogadas”. Javier Aga. Decano de la Facultad de ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.