Por Carolina Walker y Pablo Benito (*)
Por Carolina Walker y Pablo Benito (*)
La decisión del gobernador, Miguel Lifschitz, de someter la Reforma Constitucional a una consulta popular no vinculante generó disímiles reacciones en la dirigencia, pero en consonancia con la ciudadanía, coincidió en una apatía generalizada que no es ajena al momento político cultural latinoamericano.
La crisis de los principios democráticos, en nuestra región, convocan a tomar con responsabilidad y seriamente la posibilidad de frenar un proceso histórico que se presenta como reticente a promover la educación cívica de la ciudadanía e impulsar la participación de las mayorías.
Las primeras declaraciones de la eventual oposición al gobierno provincial no han estado a la altura de la oportunidad histórica que se abre para Santa Fe. Algunos legisladores han continuado con la inercia electoral que los lleva a discutir cargos, nombres y no ideas políticas; negando la consulta popular y tildándola de “innecesaria”.
Lamentablemente, no es una postura aislada de uno o dos legisladores, sino que tiene que ver, precisamente, con ese proceso de despolitización de la sociedad y deslegitimación de las herramientas de discusión pública y horizontal que nos ha dado el constituyente del 94.
¿Cuál es el peligro de consultar a los electores sobre la necesidad de una reforma constitucional provincial? “No son estos los problemas de la gente”, se sostiene. Es que mientras las decisiones colectivas no sean problemas “de la gente”, mucho mejor para la dirigencia política, empresarial, social o sindical.
No deberán someterse a interrogatorio alguno ni formarse para persuadir a nadie. No deberán explicarle al ciudadano que la reforma constitucional atraviesa, transversalmente, los problemas de esa “gente”. La cuestión de género; la introducción de los nuevos derechos de tercera y cuarta generación y derechos humanos; la reforma necesaria del sistema judicial dotando al Consejo de la Magistratura de jerarquía constitucional; la institución de los Juicios por Jurados que legitimen y democraticen la tan vapuleada justicia santafesina; la autonomía municipal que permitirá a los municipios dictar sus propias cartas orgánicas y tener recursos e ingresos propios; la limitación de la reelección por solo un período de legisladores, intendentes, concejales y gobernador, terminando de este modo por los cargos vitalicios de senadores y diputados, entre otras reformas de vital importancia y de necesaria discusión y conocimiento popular.
¿Quién puede tenerle miedo a la participación y al protagonismo democrático?
La reforma constitucional de 1994 creó instituciones de democracia directa y semidirecta que asustan a muchos de los que hoy ejercen el poder sin, siquiera, formarse para ser elegidos. En este 2018 que pasó, el salario y el poder adquisitivo de la gran mayoría fue recortada por una devaluación que no necesitó de consensos ni debates legislativos.
Debemos, necesariamente, preguntarnos ¿Por qué no hubo mayores conflictos con esto?
La flacidez del músculo democrático en la Argentina, demostró su incapacidad de reacción y tensión ante las decisiones de facto. Esas que se visten de “libre mercado”. El golpe financiero a la economía doméstica se produjo sin mayores escándalos, sin siquiera activar los mecanismos de defensa institucionales frente a tamaña imposición, de facto, del poder real de nuestro país.
La crisis y la devaluación de la democracia, como sistema político, necesita de más democracia para imponerse al autoritarismo.
Santa Fe puede y debe estar a la cabeza de una política que plantee la proximidad del Estado y, sobre todo, la accesibilidad a las instituciones. La discusión política y directa con el ciudadano, como herramienta de cambio, es un síntoma de salud del sistema y un anticuerpo necesario para defenderse de las corporaciones.
No hay nada que inventar, el constituyente facilitó los institutos de democracia directa en 1994 y los dirigentes políticos deben obedecer y someter sus decisiones a la voluntad popular.
¿Es utópico exigir que el proceso electoral próximo se defina en un debate de ideas y no en los centímetros de sonrisa que brinde el candidato en la cartelería publica? Posiblemente lo sea, pero absolutamente peligroso es dejar jugar con fuego a la dirigencia en momentos en que el odio al prójimo, y al próximo, se ha instalado en los países más fuertes del planeta.
Bolsonaro, no es un error. Su homofobia, su xenofobia y violencia abierta y descarada es la semilla que fue germinando durante la indiferencia y la moda, ex culpante, del “yo no me meto en política”.
Nos los representados tenemos derecho a pedir informes al Estado en sus tres poderes; contamos con la facultad de presentar iniciativas populares como proyectos de ley.
La crisis cultural y de identidad democrática es catastrófica para nuestro futuro, pero no irreversible.
Se abre una pequeña puerta con esta consulta provincial, planteada desde el Ejecutivo. Es la excusa para movilizar a la educación cívica de los santafesinos e interpelar a nuestros representantes y candidatos a serlo en cuanto a su formación y posición, política e ideológica, fuera del slogan repetitivo que acompaña la carencia de ideas. Deberán explicar, al ciudadano, sus propuestas concretas acerca de esta reforma constitucional.
El “ciudadano común”, aparentemente víctima de alguna especie de “ciudadano especial”, tiene la misma responsabilidad, en su ignorancia premeditada, que el dirigente embrutecido por la comodidad de no tener que demostrar virtud alguna para revalidar títulos.
Cuando hablamos de “Patriarcado”, no sólo hablamos de género sino de ese vicio social de dejar todo en manos de un “Pater” que nos releve de responsabilidades sociales. Ese debate social, también está instalado y no son graves las diferencias o la grieta. Lo absurdo es que esa discusión no tenga impacto alguno sobre la realidad.
Democracia directa, democracia hoy. Democracia ahora y real, es la forma de revitalizar la política cuya “mala prensa” no hace más que habilitar mayores inequidades en una sociedad que corre el riesgo de parecerse, aún más, a una masa de “gente” amorfa que a un “pueblo” con pactos tan sólidos como inviolables.
Bienvenida la Consulta Popular a la agenda electoral y que no pase desapercibida.
(*) Miembros de la Asociación Civil Democracia Directa.
La reforma constitucional de 1994 creó instituciones de democracia directa y semidirecta que asustan a muchos de los que hoy ejercen el poder sin, siquiera, formarse para ser elegidos.
En este 2018 que pasó, el salario y el poder adquisitivo de la gran mayoría fue recortada por una devaluación que no necesitó de consensos ni debates legislativos.