La Defensoría del Pueblo cuestionó el aumento solicitado para el transporte de gas natural

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe participó este jueves de la audiencia pública para tratar el nuevo cuadro tarifario del servicio de transporte de gas natural que lleva adelante la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN). Entre otros planteos, la institución cuestionó la propuesta realizada por la firma para el período abril-octubre de 2019, argumentado que este “el cálculo se hizo contemplando solo la variación del Índice de Precios Internos Mayoristas (Ipim)” y no se tuvieron en cuenta otros indicadores como la variación salarial y previsional.

En representación de la Defensoría del Pueblo estuvo Mariano Vodanovich, director de Asuntos Jurídicos de la institución, quien se hizo presente en el centro habilitado en Rosario para participar por teleconferencia de la audiencia, que tuvo lugar en la ciudad de Salta. El funcionario de la defensoría planteó en primer lugar la oposición “al desdoblamiento de las audiencias respecto de los servicios públicos de transporte y distribución”. Y señaló: “Resulta llamativo que desde el año 2018 se separen las audiencias relativas a considerar las tarifas que componen un único servicio. Esta vez se hizo nuevamente en ciudad de Buenos Aires la audiencia de Litoral Gas, cuando la misma presta servicio mayoritariamente en provincia de Santa Fe, y en Salta la audiencia respecto de Transportadora de Gas del Norte, aunque ambas con centro de participación en Rosario”.

Vodanovich reseñó a continuación los planteos realizados por el defensor del Pueblo de la provincia, Raúl Lamberto, durante la audiencia para tratar el servicio de distribución, que tuvo lugar este lunes en Capital Federal. En esa oportunidad, se cuestionó la falta de información relativa a la composición del precio del gas, se pidió por la ampliación de la tarifa social y por el cumplimiento a término de las bonificaciones a los clubes de barrio, se reiteró que en ningún caso se autorice el traslado a tarifas de los mayores costos derivados de las relaciones contractuales entre productores y distribuidores, se requirió información sobre el precio de garrafa y actualización del programa hogar y se solicitó un trato igualitario entre las distribuidoras y cooperativas subdistribuidoras, entre otros puntos.

Cabe remarcar que la Defensoría del Pueblo es la única institución de la provincia de Santa Fe que participó en las dos audiencias públicas, la del lunes en Capital Federal y la de este jueves. Los servicios de distribución y transporte representan el 25 y 20 por ciento de la tarifa final que abonan los santafesinos.

La defensoría ratificó lo expuesto en anteriores audiencias respecto de que, desde 2008, fueron autorizados incrementos en altos porcentajes, muchos de ellos previos a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) y sin contar con aprobación del acta acuerdo integral de renegociación de la licencia. También volvió a cuestionar que las subas no tienen correlatos en obras de expansión del sistema.

El funcionario de la institución también planteó la “disconformidad por la demora en publicar la información relativa a la audiencia, pues durante los primeros siete días de la apertura de la inscripción la información era inexistente”.

Con respecto al pedido de actualización de TGN, basado en la variación del Ipim, la Defensoría del Pueblo criticó que, “con la realidad económica del año pasado, en un contexto inflacionario anual del orden del 50 por ciento y del 76 por ciento en precios mayoristas, soslayar otros indicadores en la fijación de tarifas, tal como lo propone la concesionaria, sería absolutamente inconstitucional y violatorio de los principios de tarifas justas y razonables”.

Además, señaló que en los informes de la concesionaria TGN y de distribuidoras presentados a los fines de las audiencias consta que interpusieron recursos administrativos ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás) porque las actualizaciones aprobadas en período octubre/abril no se hicieron exclusivamente según variación del Ipim. En ese sentido, le solicitó al ente de control que “rechace administrativamente los planteos” y advirtió que, “en caso contrario, en ninguna circunstancia se podrán trasladar al usuario retroactivamente conceptos no incluidos en las tarifas por servicio ya prestados”