Puntos de conflicto

1) El traspaso de funcionarios o militantes políticos desde el resbaladizo terreno de la órbita del Poder Ejecutivo a la más firme y mejor rentada superficie del Poder Judicial, es una práctica común y recurrente, que tiende a agudizarse en vísperas de un eventual recambio de autoridades.

2) La habilitación de nuevos organismos y la necesidad de nutrirlos de personal, suele proporcionar una buena oportunidad para efectuar estas mismas operaciones “a mansalva”, normalmente sobre la base de acuerdos entre sectores involucrados; en auxilio de familiares, allegados y co-partidarios, y a expensas de quienes intentan acceder a un cargo público por derecho propio, según los canales formales y sin “padrinazgos”.

3) La vulneración de preceptos fundamentales, como la búsqueda de la excelencia en las designaciones, la igualdad de oportunidades, la transparencia y el respeto de normativas y escalafones vigentes es siempre grave, pero suele traerse a colación -bastante estentóreamente- cuando tales acuerdos no existieron (o no se cumplieron), o cuando se perjudican intereses particulares o sectoriales.

4) La propia transparencia y rigor de los procedimientos ofrece ciertas garantías, aunque no es menos cierto que en muchos casos se ven afectadas por modalidades que las relativizan (por ejemplo, la posibilidad de que, en un concurso, la percepción subjetiva del resultado de una entrevista otorgue mayor puntaje que otros parámetros más objetivos de evaluación, y habilite a catapultar varios puestos por encima en los listados respectivos a “seleccionados” candidatos).

5) Más allá de quien resulte dañado o beneficiado, y de en qué oportunidades estas cuestiones ameritan el respectivo juego de presiones, o la difusión pública en modo escándalo, todas las situaciones aquí puntuadas son moneda corriente en el juego político-institucional en nuestra provincia.
6) Ninguna de ellas es aceptable.