Piden repetir estudios médicos a una niña por una supuesta contaminación

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Después de quince meses en que fuera radicada una denuncia por la presunta contaminación ambiental con herbicidas en la localidad de Bernardo de Irigoyen, en el departamento San Jerónimo, familiares de una niña que hoy tiene tres años -y que a fines de 2017 debió ser internada en el Hospital de Niños de Santa Fe con un cuadro de anemia severa- regresaron a la capital provincial para hablar con medios de prensa, y amplificar su reclamo para que se repitan los estudios de laboratorio, ante un nuevo episodio de vómitos de la menor.

“Queremos repetir todos los estudios, por lo que viene padeciendo” la nena, sostuvo su abuela Mariela Marinoni. “Con los resultados anteriores, a la mamá le dijeron que sospechaban de síndrome urémico hemolítico; que la sangre se le estaba secando por causa de los venenos. También nos dijeron que podía ser leucemia, pero nunca se confirmó”, enfatizó.

La mujer viajó junto a su nuera y su nieta, el jueves 25 de abril, en horas de la tarde y fueron directo al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde “nos anotamos, nos recibió un doctor y cuando le dijimos que nos diera la orden para hacerle el laboratorio de orina y sangre, no nos lo quería hacer. Supuestamente porque no era conveniente hacerle ningún estudio, pese a que anda con vómitos. No nos dieron ninguna respuesta. Así como la trajimos, la tuvimos que volver a llevar”, cuestionó.

Además, la abuela insistió con que “desde que nació estamos atravesando estos inconvenientes, porque vivimos en un barrio residencial y al lado tenemos depósitos de agroquímicos y fumigadores que salen cargados del lugar todos los días. La nena empezó a presentar vómitos, queda pálida y muy débil, como si estuviera a punto de desmayarse”.

Alta médica

Como correlato de la historia de la niña y su familia, existe una investigación judicial, que está a cargo del fiscal de Coronda, Marcelo Nessier, quien desde febrero de 2018 a esta parte realizó una veintena de oficios a distintos organismos públicos -policía, hospitales, autoridades de las carteras de Salud y Producción de la provincia- y privados -consultas a médicos pediatras e ingenieros agrónomos-, de las cuales, hasta el momento, no se desprende que las afirmaciones de los familiares de la nena fueran corroboradas.

Por el contrario, existe un documento fechado el 30 de mayo de 2018 y firmado por el Dr. Osvaldo González Carrillo, director del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, en el que señala que de la historia clínica de la paciente en cuestión “no se desprende que exista intoxicación por glifosato”. Allí se da cuenta del último control del Área de Nefrología del 2 de noviembre de 2017, cuyos resultados fueron “normales” y que durante su estadía en dicho nosocomio “se realizaron controles hematológicos por anemia” y que fue dada de alta el 5 de marzo de 2018.

No conforme con el alta médica y ante versiones periodísticas en las que se daba crédito a la hipótesis de la contaminación ambiental y consecuente afectación de la salud de la niña, el Dr. Nessier ordenó una batería de medidas, tendientes a determinar si existían en la localidad otros casos con cuadros compatibles con el efecto de irritantes químicos ambientales, por lo que obtuvo como respuesta la negativa por parte del Samco Dr. Raúl Renedo, de la mencionada localidad.

Pedido fiscal

El 28 de marzo de 2018, el Dr. Germán Gamulín, en su carácter de director del Samco, contestó que entre diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018 “no se registraron casos en adultos o niños, atendidos en este centro de salud, por asma, broncoespasmo, alteraciones gastrointestinales, u otra patología asociada con irritantes químicos ambientales”.

Además, el fiscal Nessier intenta desde febrero del año pasado lograr que los padres de la niña asistan al efector público para certificar su estado de salud; es decir, “control de talla y peso, si presenta una enfermedad actual, si se está realizando controles pediátricos o de especialistas (nefrólogos, hematólogos), y si se constatan secuelas evidentes de procesos padecidos anteriormente”, especificó.

Sobre dicha convocatoria, si bien en un primer momento se comprometieron a llevarla, finalmente no lo hicieron, a punto tal que este jueves, al tomar conocimiento de esta nueva denuncia pública, el fiscal de Coronda volvió a oficiar a los progenitores por cuarta vez para que asistan con la menor al centro de salud. Por su parte, también este jueves desde el hospital de Irigoyen descartaron haber atendido a la niña recientemente, ni haber ordenado una derivación al Alassia, sino que lo hicieron por sus propios medios y ante un nuevo cuadro de vómitos de la nena.

Afirmaciones temerarias

Fue el abuelo de la niña, Edelmiro Terreno, quien este viernes se presentó ante los periodistas como “vicepresidente del Centro Ecológico del Paraná” y en carácter de tal refirió que “ya hablamos tres veces con el presidente de la comuna de Bernardo de Irigoyen” (Rubén Ramírez), para denunciar las fumigaciones con agrotóxicos y el ingreso de máquinas aspersoras al ejido urbano, pero “nos dice que tiene las manos atadas, que no puede hacer nada, que hagamos nosotros todo lo que podamos”.

“Es muy importante el poder que tienen las empresas de agroquímicos en la zona”, razonó el abuelo ecologista, quien direccionó sus críticas a un empresario rural, cuyo galpón linda con el domicilio de su nieta. La firma -cuyo nombre se reserva- “nos afecta directamente a nosotros”, acusa. “Es contratista rural, tiene cuatro fumigadores, equipos de siembra, etc.”, señala el hombre.

A causa de esta situación, el mismo viernes por la mañana hubo una reunión con periodistas en el ingreso al Hospital de Niños, convocada por Facundo Viola y Alejandro Simbrón, activistas de Vecinos Fumigados de la Provincia de Santa Fe, quienes acompañaron a los familiares. En el comunicado se expresaban afirmaciones un tanto temerarias como que la niña “tiene una salud desmejorada por efecto de los agrotóxicos” o que “sobrelleva un envenenamiento permanente”, que “los médicos detectaron glifosato en su sangre”, y “que su dolencia está al borde de derivar en una leucemia”, las cuales no cuentan con confirmaciones científicas, según lo investigado hasta el momento por el Ministerio Público de la Acusación.

Controles al día

El presidente Comunal de Bernardo de Irigoyen, Rubén Ramírez, viajó este viernes a Santa Fe, para poner a disposición del Ministerio Público de la Acusación una carpeta, en la cual a partir de las intimaciones de 2018, constan informes y controles que se realizan desde la comuna en materia de fumigaciones e ingresos de máquinas aspersoras para su reparación o limpieza.

El mandatario informó que actualmente existen dos personas dedicadas al rubro con habilitación comunal y del Ministerio de la Producción de la provincia, uno de ellos es justamente el dueño del galpón que linda con la casa de los padres denunciantes, y que según consta, tiene dos equipos de aspersores. Además, documentó que al menos durante 2019, los pedidos de ingresos de maquinaria vinculada a la fumigación se encuentran acompañados por nota y las consecuentes autorizaciones oficiales, y que además fueron controlados con inspectores y por la jueza comunitaria local, quien ha hecho controles personales, según expresaron fuentes del caso.

Por último, se detalla que fue contratado un técnico en Higiene y Seguridad, para ordenar el almacenamiento de bidones con precintos verdes y amarillos, según establece la ordenanza y constataron que estaba todo en regla.