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Martes 28.05.2019 - Última actualización - 12:30
12:28

Lesa humanidad

Condenan a ex policías y a un militar retirado

La Justicia Federal impuso pena de 20 años de cárcel para el Curro Ramos, por los delitos cometidos entre 1976 y 1977 y acreditados durante el juicio al ex juez federal Víctor Brusa.

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Foto: Archivo.




Lesa humanidad Condenan a ex policías y a un militar retirado La Justicia Federal impuso pena de 20 años de cárcel para el Curro Ramos, por los delitos cometidos entre 1976 y 1977 y acreditados durante el juicio al ex juez federal Víctor Brusa. La Justicia Federal impuso pena de 20 años de cárcel para el Curro Ramos, por los delitos cometidos entre 1976 y 1977 y acreditados durante el juicio al ex juez federal Víctor Brusa.

 El Litoral | sucesos@ellitoral.com

 

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe -María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Luciano Homero Lauría- condenó el viernes pasado a seis ex integrantes de la Policía provincial y a un ex miembro del Ejército a penas de entre cuatro y 20 años de prisión, por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y distintos hechos de violencia sexual, cometidos entre 1976 y 1977 en perjuicio de diez víctimas, informó el sitio oficial www.fiscales.gob.ar

 

La causa tuvo su origen a partir de la remisión de declaraciones testimoniales vertidas durante el juicio en que resultó condenado -entre otros- el ex juez Víctor Brusa. El objeto procesal se centró en delitos perpetrados contra víctimas que, tras la privación ilegal de la libertad, transitaron su cautiverio en distintos centros clandestinos que funcionaron en dependencias de la Policía provincial, entre ellos las comisarías Primera y Cuarta y la Guardia de Infantería Reforzada, “lugar donde además del cautiverio ilegal de personas, se realizaban torturas, interrogatorios, simulacros de fusilamiento, abusos de todo tipo y muchas otras crueldades”, según se desprende del requerimiento de elevación a juicio.

 

 

Prisión perpetua
 

 

La pena más alta le correspondió a Eduardo Alberto Ramos Campagnolo -veinte años-, quien se desempeñó como oficial ayudante en el Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía. El fiscal general Martín Suárez Faisal había solicitado 23 años de prisión, al considerarlo responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados, violación sexual agravada y abuso deshonesto y violación de domicilio por allanamiento ilegal, todo ello en concurso real. Al unificar la pena con otras tres condenas, el TOF de Santa Fe le impuso la pena única de prisión perpetua.

 

También recayeron condenas para Héctor Melitón Martínez (doce años), integrante del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército Argentino; Ricardo Ferreyra (quince años), subjefe de la Comisaría Primera de Santa Fe y luego jefe de la Comisaría Cuarta; María Eva Aebi (siete años), ex agente de la Brigada Femenina de la URI; Eduardo José Córdoba (cuatro años), ex agente de la GIR; Juan Calixto Perizzotti (diez años), ex coordinador del Área de Defensa 212 y jefe de la Guardia de Infantería Reforzada considerado uno de los mayores centros clandestinos de detención de la región; y Víctor Hugo Cabrera (seis años), ex agente de la Brigada de Investigaciones de la Policía.

 

 

Testimonios y documentos
 

 

Parte de los hechos sufridos por la mayoría de las víctimas ya habían sido probados en la causa “Brusa”, en que también habían sido condenados Ramos Campagnolo, Aebi y Perizzotti. Al exponer su alegato, la Fiscalía tuvo plenamente acreditada la responsabilidad penal de cada uno de los imputados en los hechos bajo análisis, a partir de la reconstrucción efectuada a través de los testimonios coincidentes de las víctimas, documentación entre la que se encuentran los legajos oficiales que dan cuenta del nivel jerárquico y la función asignada en la Policía de la provincia de Santa Fe, y las constancias dejadas en los libros de guardia de las seccionales policiales, así como las inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención que formaron parte del circuito represivo instrumentado por el terrorismo de Estado en la provincia.

 




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