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Martes 23.07.2019 - Última actualización - 18:32
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Defensorías y otros organismos expusieron reparos al proyecto oficial

Enérgica crítica al servicio cívico voluntario propuesto por la Nación

Se trata de la resolución que involucra a jóvenes de entre 16 y 20 años. Analía Colombo expuso argumentos por el rechazo y propuestas presentadas junto a sus pares provinciales.

Analía Colombo, defensora de Niñez. <strong>Foto:</strong> Archivo El LitoralAnalía Colombo, defensora de Niñez.
Foto: Archivo El Litoral

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Defensorías y otros organismos expusieron reparos al proyecto oficial Enérgica crítica al servicio cívico voluntario propuesto por la Nación Se trata de la resolución que involucra a jóvenes de entre 16 y 20 años. Analía Colombo expuso argumentos por el rechazo y propuestas presentadas junto a sus pares provinciales. Se trata de la resolución que involucra a jóvenes de entre 16 y 20 años. Analía Colombo expuso argumentos por el rechazo y propuestas presentadas junto a sus pares provinciales.

Apenas unos días después de conocerse el texto de la resolución 598/209 del Ministerio de Seguridad de la Nación que establece el servicio cívico voluntario para jóvenes de entre 16 y 20 años, se hicieron públicas expresiones de rechazo de distintos organismos, entre ellos, de las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, incluida la santafesina que lidera Analía Colombo.


“Nos parece inoportuno crear un registro de semejantes características bajo la órbita de una fuerza, como es Seguridad, que es eminentemente represiva”, sostuvo la funcionaria en diálogo con este diario, a la hora de sintetizar la opinión compartida con sus pares de Santiago del Estero, Misiones, Córdoba y La Pampa.


En un comunicado, los referentes de las cinco provincias instaron a la ministra Patricia Bullrich a reflexionar sobre cuál es el anclaje de las políticas públicas de juventudes que, “para nosotros, tiene que estar en la educación”. En este sentido, consideró que “si se quieren jóvenes de 16 a 20 años alejados del consumo problemático de sustancias y de economías delictivas, las políticas sociales tienen que estar ancladas a la primera infancia para que no lleguen a ese universo”. Y esas políticas involucran “trabajo, vivienda digna, salud y educación para todos”.


“En segundo lugar, si pensamos en un joven que a pesar de todo eso, llega a acercarse a un circuito de economías delictivas o de consumo problemático, nos parece que el anclaje no es a través de Gendarmería, no importa si es voluntario o no. El Estado tiene que estar presente con políticas integrales desde Desarrollo Social, Educación, Cultura, Salud. Ese fue nuestro posicionamiento y también el de Defensores del Pueblo de la Argentina (ver aparte), la Asociación de Pensamiento Penal de la Argentina y Ongs.


MÁS ALLÁ DE LA POLÍTICA


“Este llamado a la reflexión que planteamos los cinco defensores de Niñez no es una cuestión de política sino de protección de derechos, de lo que manda la Convención de los Derechos del Niño de la que se cumplen 30 años, en noviembre. Lo dicen los organismos y las leyes nacionales e internacionales”, insistió Colombo.


Para la santafesina, está claro que la resolución está en sintonía con otras propuestas del Ejecutivo Nacional, como la baja en la edad de imputabilidad, “con la idea de que son los jóvenes de entre 16 y 18 años aquellos que cometen mayor índice de delitos graves y ya explicamos que no es así. Lo dicen el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Unicef Argentina que es muy pequeño ese porcentaje. Entonces, poner la mirada en la infracción a la Ley Penal de un 2 % de la población no es el enfoque de una política pública integral”.


A la crítica se contrapone la propuesta que “es la que venimos sosteniendo desde el año pasado para que se prioricen los derechos de la infancia y la juventud en la agenda política nacional y provincial”. “Este año se cumplen 30 años de la Convención de los Derechos del Niños y nos parece una buena oportunidad para que los gobiernos, tanto nacional como provinciales y locales, puedan priorizar en su agenda pública a la infancia y la juventud”. Para reforzar este argumento señala que “si Unicef dice que hay 48 % de niños pobres es porque no están priorizadas. Eso implica una mayor inversión social del Estado y disponer hacia dónde se direcciona”. Además de “trabajo articulado”, aclara Colombo y en este punto señala que “Niñez es una pequeña parte de los ministerios de Desarrollo Social de los gobiernos y tiene que ser un tema de agenda”.


GESTIONES EN EL SENADO


Por otra parte, Colombo señaló que días atrás los cinco defensores provinciales instaron al Senado nacional a reunirse y tratar como tema prioritario la designación de Marisa Graham como defensora nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Como se recordará, el nombre de Graham se impuso en el dictamen de la comisión bicameral y recibió la aprobación de Diputados. Resta ahora el pronunciamiento de la Cámara alta para su confirmación y para eso corren los plazos.


“Es muy necesaria esa figura a nivel nacional. Sabemos que es un año electoral, pero esto trasciende a la política”, advirtió Colombo.


>>> JUSTICIA RESTAURATIVA

El 3 y 4 de septiembre se realizará, en la ciudad de Rosario, el 1º seminario internacional sobre “Justicia Juvenil: prácticas restaurativas y políticas públicas” organizado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia. Será en la sala Rodolfo Walsh, sede del gobierno santafesino (San Lorenzo 1949, 1º piso), con el apoyo de numerosas instituciones, entre ellas, Unicef Argentina. Expertos locales, nacionales e internacionales aportarán herramientas para construir una noción de justicia juvenil en un escenario acorde a los estándares internacionales de Derechos Humanos. A la vez, se expondrán experiencias desde el campo jurídico, pero también desde las políticas públicas, como el programa Nueva Oportunidad, y comunitarias.


>>> PRONUNCIAMIENTO DE ADPRA

Los defensores y defensoras del Pueblo nucleados en ADPRA hicieron pública su opinión sobre la resolución 598/209 del ministerio de Seguridad de la Nación que crea el servicio cívico voluntario para jóvenes. Al respecto consideran que la norma “carece de contenido, no fija programas, modalidades o planes” y que no es acorde con la problemática que intenta abordar.
“La política pública debería garantizar la manera de integrar a los jóvenes excluidos del sistema a las instituciones correspondientes educativas del Estado, y no a un cuerpo de las fuerzas armadas”, sostiene la entidad. Al respecto, señalan que la obligación del Estado es velar por los derechos ya existentes como es la educación primaria y secundaria que, en nuestro país, es obligatoria.
“Si bien hay un reconocimiento de la problemática padecida por los jóvenes que quedan excluidos del sistema, rechazamos el modo propuesto para resarcir la
propia falla del Estado. Se coloca como solución una institución que no pertenece al sistema educativo, al que le corresponde pertenecer a dichos jóvenes, al tiempo que contribuye a desnaturalizar a una de las fuerzas del orden de la Nación”, concluye el documento suscripto por representantes de las provincias.

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