Santa Fe llega a la Corte para que se suspendan medidas nacionales

La provincia de Santa Fe, a través del fiscal de Estado, Pablo Saccone, formalizará en la presente jornada la presentación de un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se suspendan las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri la semana pasada. Se trata de la modificación del piso de Ganancias y de la quita del IVA a catorce productos de la canasta básica, que implicarían para esta jurisdicción subnacional una poda de recursos del orden de los tres mil millones de pesos.

La determinación del gobierno de Miguel Lifschitz se enmarca en lo convenido el miércoles último por todos los mandatarios no oficialistas, que firmaron un documento para cuestionar por “inconsulta y unilateral” la decisión presidencial. “El presidente se cortó solo”, había manifestado Lifschitz.

La presentación judicial plantea la inconstitucionalidad de las medidas al interpretar que por tratarse de cambios impositivos, las reformas deben pasar por el Congreso. Y solicita que hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, se suspende el efecto de los decretos en cuestión. Las provincias reclaman en paralelo una compensación económica por los recursos que ya comenzaron a dejar de percibir. El tema comenzó a ser discutido la semana pasada por funcionarios nacionales y ministros de Economía de las 24 provincias argentinas.

Además de Santa Fe, se plegaron a la presentación judicial las provincias de Misiones, Santa Cruz, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis, Tucumán, San Juan, Formosa, Neuquén, La Rioja, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Córdoba, Salta, Catamarca, Entre Ríos y Chaco. Cada una, según lo acordaron, realizaría presentaciones individuales a través de sus fiscales de Estado.

Cruce verbal


La “rebelión” de gobernadores fue cuestionada por la diputada nacional oficialista Elisa Carrió. De paso por Santa Fe a propósito de los actos por los 25 años de la reforma de la Constitución Nacional, Carrió trató de “caraduras” a los mandatarios que decidieron judicializar el tema. Recordó que cuando debieron bajar Ingresos Brutos, no lo hicieron. Y les reprochó rechazar medidas que tienen que ver con el bienestar popular. “Hay que ser caraduras -disparó Carrió-; tienen 5% de Ingresos Brutos; subimos el piso de Ganancias como pedían. Se quejan; tienen superávit. Quieren plata para rifársela. Cuando un peronista pide plata, es para él y para repartir”, sentenció.

La respuesta no se hizo esperar de parte de la provincia. El ministro de Gobierno, Pablo Farías, rechazó los dichos de la legisladora chaqueña, y describió la situación financiera a nivel local.

“Claramente, (Carrió) no conoce la situación de las provincias. La cuestión del superávit se ha caído fuertemente; hay provincias que tienen dificultades para pagar los salarios. Santa Fe no, pero está lejos de una situación superavitaria”, insistió. Y sobre esa base, adelantó que esta semana serán convocados los gremios para discutir la política salarial de aquí a fin de año.

Senadores

Por su parte, los senadores nacionales del peronismo presentaron un proyecto de ley en el Congreso para compensar con 40 mil millones de pesos a las provincias por el paquete de reducción fiscal. No pidieron la derogación de los decretos, sino que plantearon mediante la iniciativa legislativa, una compensación de la pérdida de recursos a través de Aportes del Tesoro Nacional. El texto fue ingresado por el jefe de la bancada Carlos Caserio, el catamarqueño Dalmacio Mera y el chubutense Alfredo Luenzo.

El 56,6% de la recaudación de los tributos afectados (IVA y Ganancias) se giran a las provincias. El Tesoro absorbe el resto, pero reserva una parte para los ATN: el 1% del IVA, el 2% de Ganancias y lo completa con el 1% de Bienes personales y otros 20 millones anuales. La función de esta caja es abastecer a gobiernos locales o provinciales casos de emergencia o equilibrios financieros. El peronismo solicita agregarlas a la masa coparticipable.

¿Un llamado de la Casa Rosada?

Rogelio Frigerio sería el “componedor” eventual, y estaría haciendo gestiones por estas horas para evitar que el dilema “ayuda a la gente Vs. plata a las provincias” se solucione en la Corte y por afuera de la política. El paquete de medidas tiene un costo fiscal de unos $ 80 mil millones, de los cuales las provincias estarían poniendo unos $ 35 mil en el peor de los casos, pero recuperando en parte eso por mayores ventas que implicarían mejor recaudación.

¿Cuánto da ese cálculo incierto? La Casa Rosada ofrece proyecciones demasiado optimistas que los mandatarios rechazan, aunque los gobernadores a su vez no contabilizan el impacto positivo de las mayores ventas por las medidas pro-consumo.

En julio las provincias recibieron $ 141.566 millones por coparticipación y leyes especiales, lo que supone un 62% más que en el mismo mes del pasado año, aunque a valores constantes la mejora fue del 5 %. El Iaraf calculó que en los primeros siete meses del año los giros por esos conceptos cayeron en términos reales el 1,1% interanual, según revela La Nación.

Las cuentas de mejoras y recortes no son literales pero tienen una dimensión política significativa. Y en todo caso entre los mismos gobernadores, hay quienes preferirían una salida política antes que la vía judicial, que implicaría largos plazos “sin plata” hasta que la Corte decida quién tiene razón.

Convocatoria a los gremios

El ministro de Gobierno, Pablo Farías, confirmó que “esta semana convocaremos a los gremios” estatales y docentes para reabrir la paritaria, tal como lo estipula el acta acuerdo suscripta en marzo pasado.

“Hoy -aclaró el funcionario- no planteamos suspender la cláusula gatillo pero no hay medidas de compensación fiscal y tenemos que compartirlo con entidades gremiales y plantear las dificultades en la mesa de negociación. Advertimos que los próximos meses serán difíciles en lo fiscal”, alertó.

La demanda completa

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