Tensión con la Corte en la víspera electoral

El senador nacional y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, volvió a asumir el papel de ariete del gobierno nacional en temas controvertidos, y acometió en este caso contra la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo al considerar que el Tribunal no debería haber avanzado en “cuestiones institucionales” durante el período electoral, al cuestionar dos fallos contra medidas del Poder Ejecutivo.

Se trata de las indemnizaciones para exiliados durante la dictadura, que para la Corte deben estar equiparadas a las que corresponden a los casos de detenidos-desaparecidos, y de la cautelar concedida a las provincias que reclamaron compensación por la reducción de fondos de la masa coparticipable, por efecto de las modificaciones en el IVA y el impuesto a las Ganancias.

A propósito de este último tema, ya se había pronunciado el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando consignó que “esta Corte es tan independiente que parece opositora”, y que sus pronunciamientos con efecto económico no deben ser leídos como contrarios al gobierno, sino como facturas que deberá pagar toda la sociedad.
Para Pichetto, el fallo sobre indemnizaciones “es exorbitante. No guarda relación. No se puede equiparar ambas cuestiones”, cuestionó.

Como en EEUU

Yendo a un plano más general, Pichetto dijo también que “la Corte de los Estados Unidos no resuelve temas en la etapa agonal del escenario electoral” y argumentó que los fallos del Supremo Tribunal de la Argentina “podrían haber tenido otros tiempos, con análisis más detenidos y no plantearlos faltando pocos días para definir el destino del país”.

“Estos fallos tienen implicancia en el espacio institucional”, aseguró el senador y se refirió, también, a la decisión del tribunal en la cautelar de las provincias. “La verdad es que los gobernadores no sé de qué se disfrazan. La medida del presidente (Mauricio Macri) iba para los sectores más humildes. La Corte debería, en esta etapa electoral, dejar que el proceso electoral se desarrolle. Y no resolver cuestiones sensibles sobre temas federales”, reflexionó.

En declaraciones a Radio La Red, Pichetto también aseveró que “un sector de la Justicia argentina, sobre todo en el fuero Federal, tiene una gran sensibilidad con los datos políticos”.

La referencia no es casual, en momentos en que -además- la mayoría de los detenidos en el marco de la investigación de causas de corrupción hayan recuperado su libertad, mientras se dilucida su culpabilidad o inocencia. En coincidencia con el pensamiento públicamente expresado por el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Un “tiempismo” que también aplicará a la continuidad del juicio oral a la senadora y candidata a vicepresidente Cristina Kirchner, y a otros acusados por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, que -por cuestiones agenda del Tribunal Federal Oral 2-, se reanudará el lunes 4 de noviembre próximo. Después de las elecciones nacionales.

La deuda con Santa Fe

En un contexto de creciente tensión, Santa Fe aguarda también para las próximas semanas un pronunciamiento sobre el pago de la deuda de la Nación, que se generó durante el kirchnerismo por detracción de coparticipación, se definió judicialmente en favor de la Provincia a las puertas del inicio de la gestión de Mauricio Macri, no llegó a concretarse durante estos casi cuatro años, y seguramente deberá ser afrontada por el próximo Presidente. Que, paradójicamente, puede ser el que no pagó, o quien fue parte del gobierno que detrajo ese dinero.

“La Constitución se puede romper”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, sostuvo que “en momentos tan divisivos como los que atraviesa el país”, la Constitución Nacional “se puede romper sin necesidad de cambiarla”.

Si bien no hizo referencias a ninguno de los planteos que en el último tiempo se escucharon sobre una posible reforma de la Carta Magna, el titular de la Corte sí hizo hincapié en la necesidad de “cuidar” la “cultura constitucional” en la coyuntura actual.

En un acto en el Senado por los 25 años de la convención, Rosenkrantz afirmó que la reforma de 1994 “contribuyó a fortalecer la cultura constitucional”. Pero aclaró: “No obstante, no debemos olvidar en momentos tan divisivos y confrontativos como los que atraviesa el país que la cultura constitucional es de enorme delicadeza y fragilidad, se rompe fácil, y que la Constitución se puede romper sin necesidad de cambiarla”.

>>> Ley de Perjurio: sobre el derecho del acusado a mentirle al juez

“Es un salto moral” y un “proyecto excelente y no contrario a la Constitución”. Tal la consideración que merece la iniciativa de la ley de Perjurio presentada por el Gobierno por parte de su principal impulsora, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El proyecto establece penas para quien en una declaración indagatoria falsee a la verdad en su declaración, entre otros puntos.

“El proyecto es un salto moral, es excelente y no es contradictorio con la Constitución, que dice que nadie está obligado a declarar en su contra”, apuntó Bullrich.

“Justamente, en ese caso, lo que tiene que hacer el indagado sería no declarar, quedarse callado, lo que no puede es mentir”, precisó en declaraciones a la radio La Red.
Según Bullrich, esto evita que luego “la Justicia tiene que desestructurar esa mentira para llegar a la verdad”.

“Hoy en día, la mentira en la indagatoria se ha dejado porque es una manera de complicar la situación de la Justicia; el Estado tiene que buscar la verdad, pero no a través de una mentira, así que por eso estamos contentísimos con la iniciativa, ya que es un cambio cultural”, añadió.

Algo menos entusiasta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano -que habría expresado internamente alguna duda sobre la orientación de la norma- dijo que el proyecto busca “poner en debate si se puede dar a la justicia información falsa”.

“Se mantiene que nadie puede declarar contra sí mismo; la duda, a partir de eso, tiene que ver con que sí el imputado puede mentir o debe callar. El debate es si como sociedad permitimos que las partes mientan o generamos un proceso de verdad”, expresó el funcionario.

Bullrich y Garavano sostienen que la garantía está preservada con la posibilidad que tiene el acusado de negarse a declarar, pero que, si declara, debe decir la verdad o de lo contrario, ser sancionado. Que en Estados Unidos el sistema funciona así. Y que “cuando la mentira se integra abiertamente en el proceso, los jueces instructores acaban perdiendo sensibilidad ante los imputados que desean sinceramente decir la verdad, porque no hay diferencia procesal alguna entre declarar la verdad o no”.

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, ya dijo que el proyecto es “absolutamente inconstitucional”.