Filtrado. El directorio de la Epe puso el ojo sobre el sistema de salud de algunos empleados de la Epe y una oficina que no movía sus papeles.
Mauricio Garín Maximiliano Neri, presidente del Directorio de la EPE.
14:22
Días atrás, El Litoral publicó los alcances del decreto 587 del directorio de la EPE por el cual ordenó revisar y actualizar el servicio de salud con el que cuentan algunos afiliados del sindicato Rosario de Luz y Fuerza denominado Sistema Médico Asistencial Integral (SMAI) que cubre el 100% de los gastos de salud. La crónica del diario detallaba que el sistema que rige desde 1990 fue demasiado laxo y fueron beneficiarios gente que no estaba comprendida en el convenio.
El tema fue largamente discutido en el seno del directorio de la empresa hasta tomar la determinación. Uno de los hechos que llevó a inclinar la balanza fue el pase a números de los costos del sistema. En 2018, el SMAI demandó más de 70 millones de pesos y otros 10 millones de gastos administrativos. Hasta septiembre de este año, el sistema demandó 125 millones y la administración demandó 18 millones.
Sistema caro II
La jubilación de empleados de planta permanente en la Epe -además de la aparición de una auditoría externa y una conducción también nueva- fue una de las claves para que pudiera avanzar la investigación sobre los antecedentes legales del convenio que cuestiona una resolución de la Epe. Se dice que hasta que eso no ocurrió (y se nombró a alguien de manera provisoria, que dejará su cargo con los funcionarios políticos de la empresa) los papeles no se movían.
Sistema caro III
En septiembre pasado, cuando faltaban apenas semanas para que la Epe firmara su resolución, le llegó a esa empresa el primer pedido de información del Tribunal Cuentas sobre el tema del sistema de salud para algunos beneficiarios del sindicato en Rosario, al que le giraba directamente los fondos... Las leyes nacionales 23.660 (de obras sociales) y la ley 23.661 (del seguro nacional de salud) fueron sancionadas en 1989. Entre otros tópicos permiten -mediante la centralización obligatoria de los aportes por obra social a cargo del empleador- que cada empleado pueda verificar esos pagos.