Los gremios docentes agrupados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA) convocaron a un paro nacional para este viernes 8 de noviembre. Amsafé, el gremio que nuclea a los maestros estatales de la provincia, confirmó su adhesión sin asistencia a los lugares de trabajo. En tanto, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) resolvió que también se plegará al cese de actividades anunciado para este 8 de noviembre.
La medida de fuerza fue tomada tras los incidentes registrados este jueves en entre docentes y policías en en Rawson, Chubut, que terminaron con la detención del secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación (Atech), Santiago Goodman.
No hay clases en Santa Fe por un paro nacional docente
La medida fue resuelta por Ctera a nivel nacional. Amsafe y Sadop resolvieron su adhesión. Exigen que se resuelva el conflicto docente en Rawson y el cumplimiento de las obligaciones pendientes.
Mauricio Garín.
En este contexto, desde Ctera se manifestaron a través de un mensaje circular: “Repudiamos la brutal represión en Chubut. Exigimos al Gobierno provincial la inmediata liberación de Santiago Goodman”, sostienen. En el comunicado pidieron también la “urgente solución” al conflicto docente en la provincia, como así también la devolución de “descuentos ilegales” por las deudas que mantiene la provincia con los maestros.
En tanto, el secretario General de UDA, Sergio Romero, expresó que “no se puede permitir la criminalización de la protesta docente y la detención de los dirigentes sindicales constituye no solo una grave afectación de la libertad sindical, sino que se violan derechos humanos del colectivo que representamos con soporte en las previsiones del Pacto de San José de Costa Rica‘.
“Desfinanciamiento”
Los secretarios general y adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso y Roberto Baradel, denunciaron una “campaña mediática” en su contra que buscan “cuestionar la negociación colectiva nacional”. Y expresaron que desde su clausura se observó “una caída abrupta de los niveles de inversión educativa, ya que por primera vez desde 2010 la inversión en el área estará por debajo del 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) que exige la Ley 26.075 y, en 2019, caerá al 5,2 por ciento, en el mejor de los casos”.
Según comunicaron, el gobierno disminuyó en cuatro años “la participación del presupuesto educativo en el nacional, y en relación con ese PBI”,dijeron, y argumentaron que “el cierre de programas, el ajuste, la subejecución de partidas y el proceso inflacionario fueron los ejes de la caída de la inversión nacional en educación y cultura del 1,66 (2015) al 1,35 por ciento (2018)”.
Los dirigentes explicaron que durante cuatro años hubo “desfinanciamiento” de los Fondos Nacional de Incentivo y que “el aporte estatal al salario de los docentes provinciales está congelado desde julio de 2016 en 1.210 pesos por cargo, por lo que teniendo en cuenta la inflación ocurrida desde entonces se perdió el 102 por ciento del poder adquisitivo”.
También, afirmaron que aumentó la conflictividad y que se redujo el Fondo de Compensaciones Salariales para que las provincias pudiesen actualizar los mínimos, y que “no hubo discusión ni aplicación de políticas públicas pedagógicas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, a fin de ofrecer una educación de calidad”..
