La reciente resolución de un conflicto penal -por la vía del juicio abreviado-, para con un grupo de gitanos acusados por asociación ilícita y estafas reiteradas, despertó cierto asombro en el ámbito judicial, específicamente entre algunos magistrados, que protestaron por lo bajo ante la “disparidad de criterios de los fiscales” del MPA.
Es que hace apenas tres meses salieron a golpear públicamente a uno de los jueces del caso, por haber dispuesto la libertad bajo alternativas, entre ellas una fianza de alrededor de seis millones de pesos para el grupo.
Al menos cuatro jueces (de primera y segunda instancia), expresaron su preocupación cuando este miércoles la fiscalía consintió penas de 5 años de prisión domiciliaria, para el cabecilla de la banda, que se recluirá en un domicilio de la ciudad de Posadas; y 3 años en suspenso para el resto de los integrantes, más allá de los diez millones de pesos que la fiscalía logró reunir para resarcir a las víctimas del delito.