Por Ana María Cecchini de Dallo

El Litoral

Es oportuno recordar, conjuntamente con el aniversario de la reapertura del Colegio Inmaculada ocurrida el 9 de noviembre de 1862, que fue la conjunción de la presencia jesuita en la ciudad capital -a la cual regresaba luego de casi 200 años-, con su experiencia educativa de siglos, más el afán de progreso de la sociedad santafesina, y una dirigencia política que interpretaba estos anhelos -Simón de Iriondo, José María Cullen y Patricia Cullen-, la que posibilitó, que en 1869, hace 150 años, hubiera una oportunidad para los jóvenes de continuar sus estudios superiores en la ciudad.

Esta demanda ciudadana se instaló como resultado de una sociedad en plena ebullición, que cuenta ya con los recursos humanos y materiales, que tiene claro los objetivos de mejorar y para la cual la educación en sus diferentes niveles es uno de los fundamentales.

Durante los tiempos coloniales los santafesinos marchaban a estudiar a Chile (como ocurrió con el P. José de Amenábar y Francisco de Vera y Pintado), a Charcas y a Buenos Aires, pero el mayor número iba a Córdoba, de los cuales constan en un estudio del P. Grenón s.j. (Santafesinos universitarios en Córdoba) detectó ocho estudiantes en el siglo XVII, treinta en el siglo XVIII y cuarenta y siete en el siglo XIX hasta 1859.

En 1868 se dicta la ley provincial que crea las Aulas de Derecho en el Colegio de la Inmaculada fijando la contribución provincial para sostenerlas en 3500 pesos fuertes.

Era una oportunidad para los jóvenes que concluían su ciclo preparatorio en Colegio, los cuales procedían de las colonias y las provincias limítrofes.

En 1869 P. Pedro Vigna s.j. Rector del Colegio, reclamó y puso a funcionar las Aulas Mayores de Derecho, la provincia fijó un presupuesto por ley que destinaba al pago de los docentes y provisión bibliográfica. La carrera comenzó con un plan de cuatro años teóricos y uno de práctica, siguiendo el modelo de la universidad cordobesa. En 1871 se creó la Academia de Práctica Forense que más tarde fue reemplazada por un año de derecho procesal.

La pedagogía que se aplicaba en el colegio y en las aulas mayores era la del ratio studiorum, desarrollada por San Ignacio y perfeccionada por tres siglos de experiencia en todo occidente e incluso oriente donde había colegios jesuitas. Ella se centraba en la idea de que los hombres debían aprender a pensar y expresar sus ideas, por esa razón los exámenes era públicos.

El conflicto con la nación se inició por el reconocimiento del título para que los egresados pudieran optar al doctorado en alguna universidad pública. Pero la carrera adaptó su plan a los requerimientos nacionales, y durante la gestión presidencial de Nicolás Avellaneda y el ministerio de Honorio Leguizamón se obtuvo el reconocimiento.

Entre 1876/77 el gobernador Servando Bayo anunció su voluntad de crear una universidad con cuatro facultades: Filosofía y Humanidades, Matemáticas y Ciencias Físicas, Jurisprudencia y Cs. Sociales y Teología y Ciencias Sagradas, sobre la base de las Aulas Mayores de Derecho.

Paralelamente se encararon las gestiones en las provincias para que los egresados pudieran ejercer la abogacía, obteniendo los permisos en Salta, Tucumán, Mendoza, La Rioja y Corrientes.

En 1884, durante la gestión de E. Wilde, presidencia de Julio Roca, en pos de laicizar y nacionalizar la enseñanza, a la vez que persiguiendo un proyecto enciclopedista, opuesto naturalmente al ratio studiorum, desatan un fuerte debate contra la educación privada, desconociendo los méritos de esta, única alternativa educativa durante los años previos, a la vez que la nación reclamaba para sí el manejo de la educación, materia que las provincias no le habían delegado en la Constitución Nacional.

Fue así que las Aulas de Derecho tuvieron que cerrarse, el Colegio entró en un cono de sombras por la validez de su título. Las Aulas de Derecho en 14 años, dejaban 66 matriculados y un considerable número de profesionales que alimentaron los tres poderes políticos provinciales y más tarde la docencia en la Universidad Provincial.

Fueron las Aulas de Derecho la plataforma desde la cual comenzó a darse satisfacción a la demanda de la sociedad santafesina de brindar a sus jóvenes la posibilidad de hacer sus estudios superiores a un costo más accesible en la provincia.

Uno de los mayores oponentes de la Compañía de Jesús, Nicasio Oroño, quien desde la gobernación les dio batalla, dijo en carta a Pedro Goyena, pasados los años, que consideraba a [los jesuitas] instrumentos de instrucción dentro de sus colegios, servían sin duda alguna a la provincia, preparando a la juventud para más altos designios. Una gran parte de los jóvenes que hoy brillan por su inteligencia y su saber han sido educados a expensas del estado, con becas concedidas por el gobierno “revolucionario”, esto es por mi gobierno.(Furlong, G. s.j. Historia del Colegio de la Inmaculada de Santa Fe. T. II p.263).

Las sociedades, al igual que las personas -tal como lo expresó Oroño-, debemos ser reconocidas y agradecidas con los empeños memorables que las mejoraron, en particular cuando, transcurridos los años, despejados los velos ideológicos que enturbian las mentes, nos volvemos más sabios.

La pedagogía que se aplicaba en el colegio y en las aulas mayores era la del ratio studiorum; desarrollada por San Ignacio, se centraba en la idea de que los hombres debían aprender a pensar y expresar sus ideas, por esa razón los exámenes era públicos.

En 1884, durante la presidencia de Julio Roca, en pos de laicizar y nacionalizar la enseñanza, a la vez que persiguiendo un proyecto enciclopedista, opuesto al ratio studiorum, desatan un fuerte debate contra la educación privada, desconociendo sus méritos, única alternativa educativa durante los años previos.

Fueron las Aulas de Derecho la plataforma desde la cual comenzó a darse satisfacción a la demanda de la sociedad santafesina de brindar a sus jóvenes la posibilidad de hacer sus estudios superiores a un costo más accesible en la provincia.