Propuesta del gobierno saliente para reglamentar la ley Micaela

Entre el compromiso, la responsabilidad del Estado y el respeto al recambio gubernamental. Allí se situó la presentación de la propuesta de reglamentación de la ley Micaela -que obliga a la capacitación de los empleados y funcionarios del Estado en materia de violencia de género- realizada este martes, en el marco de un encuentro encabezado por el ministro de Desarrollo Social, y la subsecretaria de Políticas de Género, Gabriela Sosa.

Los primeros dos términos apuntan a recopilar y aprovechar todo lo trabajado en el curso de la actual gestión en materia de encuentros, convenios y procesamiento de información. El tercero parece responder a las críticas formuladas desde el PJ (ver aparte), por el hecho de que se deje establecidos mecanismos que deberán estar a cargo de la futura gestión. Por eso, no se trata lisa y llanamente de una “reglamentación”, sino de una “propuesta”. El corolario a un trabajo extendido e intenso, y el impulso definitivo para que el próximo gobierno tenga herramientas a mano para avanzar con la cuestión lo antes posible.

El inicio de la reunión en el salón de ATE Casa España, con una nutrida concurrencia de funcionarios del área y representantes de organizaciones que han trabajado en la materia, fue también una suerte de despedida a cargo del ministro Jorge Alvarez, que aludió a todo lo actuado en el ámbito de Género.

“El gobernador decidió jerarquizar el área y hemos crecido en el presupuesto”, destacó, para luego consignar el trabajo con las organizaciones, el fortalecimiento de los equipos locales, con las “casas de protección” a las víctimas de violencias y la fuerte articulación interministerial.

En cuanto a la ley, confesó que “hubiésemos preferido reglamentarla nosotros”, pero habida cuenta de la demora en la aprobación, “dejamos una propuesta, para dar nuestra mirada hasta donde llegamos, y facilitar que se pueda avanzar lo antes posible”.

En ese contexto, destacó avances ya realizados en convenios con municipios y comunas, y asumió su compromiso personal de seguir trabajando “como un ciudadano más”. También destacó la tarea de las distinta organizaciones, como así también “el gran compromiso de los comunicadores con la prevención de la violencia y contra la discriminación”.

Tiempos

A su turno, Sosa destacó dos grandes cuestiones como vectores de la problemática en cuestión: “lo arraigadas que están las relaciones asimétricas de poder” entre géneros, y la dificultad del acceso a la Justicia.

“Todo ese camino que las mujeres siguen para la restitución de sus derechos, era un problema muy complejo. Y es muy difícil contar con indicadores precisos del impacto del trabajo en esta materia, pero estamos seguros de que se han logrado avances importantes”, comentó.

El trato respetuoso, con conocimiento y en aras de un auxilio eficaz, son los factores que permiten que el camino de acceso a la justicia no sea un calvario, que las víctimas se ven obligadas a recorrer “una y otra vez”. Y que es, por un lado, la razón por las que “pocas acuden a denunciar”. Y por el otro, el motivo de que exista la ley Micaela.

Una iniciativa que también debió transitar esforzadamente su propio trayecto, y en el que la gestión -tras la aprobación parlamentaria- espera dejar una posta útil a la entrante, como corolario de una tarea sostenida en el tiempo, y que aspira a ser parte del inicio de un cambio definitivo.

Puntos destacados

Entre los aspectos que destaca la propuesta de reglamentación está la creación de un Consejo Consultivo, expandir las organizaciones que pueden participar en la capacitación y control de cumplimiento, suscribir convenios con organismos públicos para que la capacitación sea requisito de ingreso y ascensos, y la invitación a instituciones del ámbito privado a que se sumen a la iniciativa.

Responsabilidad y compromiso

“La aprobación de esta ley no es poca cosa, teniendo en cuenta que muchos de los problemas que relatan las mujeres cuando viven violencias machistas es la manera en que han sido tratadas, si fueron o no asesoradas correctamente, cuál es el circuito que deberían recorrer para evitar tener que repetir una y otra vez esta situación que les pasó”, evaluó Gabriela Sosa, en diálogo con El Litoral.

A la vez, cifró el documento presentado hoy en que, por un lado “el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de una vez aprobada la ley dar un reglamento” y, por el otro, en hacer honor al trabajo realizado durante todos estos años, y a su propio compromiso personal asumido ante el movimiento de mujeres. Pero a la vez, por respeto a las nuevas autoridades y a la impronta que quieran establecer en la materia, se optó por el formato de una “propuesta”.

En cuanto a su contenido, explicó que “tomamos como ejemplo un organismo que surge de la ley 13.348, que es la ley para prevenir y erradicar las violencias, y lo adaptamos a una realidad más territorial, que son los consejos regionales. La ley provincial dice que hay que crear un órgano. Nosotros lo replicamos en las cinco regiones, lo que hizo que cada región, en las distintas localidades, haya podido participar del proceso de aplicación de la ley, lo que lo hace mucho más rico. Con ese espíritu gestamos ese proyecto: que tenga un organismo interdisciplinario, interministerial, donde sean consideradas las organizaciones, los consejos profesionales, pero también hay gremios que tienen muchísimo para enseñar en cuanto a la lucha de las mujeres en las violencias que tienen que atravesar en los ámbitos laborales. Por eso tienen que estar contenidos, no sólo como órgano capacitador, sino también con una mirada crítica de cómo está siendo el proceso”.

Objeción del PJ

Desde la Secretaría de la Mujer del PJ de Santa Fe habían manifestado su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que el gobierno saliente reglamentase la ley.

“Es cuanto menos llamativo que a tan solo una semana del cambio de mando en el gobierno, se instrumenten medidas como ésta, que no toma en cuenta ni respeta los procesos democráticos y políticos propios de la estructura del tratado de dicha ley.

Teniendo en cuenta las bases en las que se fundamentó la Ley Micaela, a través del siempre arduo y constante trabajo de los movimientos feministas y diversidades, poniendo en alto un reclamo que hace mucho tiempo se venía manifestando en cada una de las voces de nuestras mujeres ante la injusticia social que golpea, maltrata y asesina a miles de jóvenes, dia tras dia. La ley, fue pensada, justamente en pos de poder contribuir y articular una herramienta que de verdad asesore y proteja a las mujeres, que nos cuide en todas las estructuras culturales y sociales del Estado, en su conjunto. Es con ese propósito y ese cuerpo que se formó el alma de esta ley, con el interés y en defensa de las mujeres, y de una conjunción colectiva de organizaciones, movimientos, organismos y funcionaries”, dice el comunicado firmado por Norma López y Celia Arena.