El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 1983 fue la fecha en nuestro país recuperó la democracia. En este marco y como parte del fortalecimiento de sus políticas sobre derechos humanos, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) dispuso por resolución del Consejo Superior, la reparación documental de los legajos de miembros de su comunidad. Se trata de 486 cesanteados y 128 detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado durante el periodo que va desde mediados de 1974 hasta 1983.
Así, se dejará constancia en los legajos existentes de los reales motivos que determinaron la interrupción del desempeño laboral o estudiantil de todas aquellas personas que fueron víctimas de persecución política. Además, se realizará la inscripción de la condición detenido-desaparecido o asesinado en los legajos personales de docentes, personal no docente y estudiantes de la Universidad.
El Consejo Superior de la UNL fundamentó esta decisión en un informe presentado por el Programa Historia y Memoria de la Secretaría de Extensión Social y Cultural a la Comisión por la Reparación Histórica y Documental de la Universidad Nacional del Litoral. En el mismo, se cuentan 128 casos de detenciones, desapariciones y asesinatos por terrorismo de Estado y 486 cesantías. “Se trata de un trabajo muy minucioso, académico y que involucró a los gremios, la Federación Universitaria del Litoral y a todas las unidades Académicas. De esta manera estamos ratificando el compromiso de la UNL con los derechos humanos, con el cierre de una etapa nefasta y la apertura de otra nueva, hacia la democracia y las libertades individuales”, dijo Adrián Bollati, secretario general de la UNL.
El informe elaborado por el Programa Historia y Memoria da cuenta de la documentación relevada en el archivo del Consejo Superior de la UNL en el período antes mencionado. Involucra a los rectorados de Celestino Marini y Julio García Martínez -previos al golpe de Estado de 1976-, el del delegado de la junta militar Hipólito Núñez, el de Jorge Douglas Maldonado durante la última dictadura militar (1976-1983) y el de Benjamín Stubrin, que dio inicio a la etapa de normalización institucional durante el gobierno constitucional electo a fines de 1983.
“Desde mediados de 1974 comienza a haber cesantías en la Universidad. Se acrecientan a partir de la intervención que se produce en septiembre de 1975 cuando se desplaza al rector Celestino Marini y se lo sustituye por el interventor García Martínez. Y después en los primeros años de la dictadura. 1976 y 1977 es el periodo de mayor cantidad de cesantías”, apunta Fabiana Alonso, directora del Programa Historia y Memoria.
El informe presenta nóminas que contienen información sobre cesantías, expulsiones y reincorporaciones de docentes, empleados no docentes, estudiantes de la UNL y empleados de la radio LT10. Estas se elaboraron a partir de información obtenida de la prensa y de las resoluciones y ordenanzas de la UNL. Así, se llegaron a detectar 486 casos de cesantías. Entre estos casos se encuentran los de 317 docentes, 36 estudiantes y 133 no docentes y/o miembros de equipos de trabajo de la UNL.
Además, presenta una nómina unificada de 128 miembros de la comunidad universitaria que fueron detenidos-desaparecidos y/o asesinados por el terrorismo de Estado. Esta nómina incluye a docentes, no docentes, estudiantes y graduados y fue confeccionada sobre la base de la información recopilada en las distintas facultades de la UNL (placas conmemorativas y publicaciones) y la información contenida en los dos libros publicados por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe (Historias de vida. Homenaje a militantes santafesinos. Aportes para la construcción de la memoria, Tomos I y II, 2007 y 2010, respectivamente). La nómina fue controlada por la mencionada Secretaría.
Durante el relevamiento, el Programa Historia y Memoria concluyó en que hubo otras formas de exclusión que no aparecen en los archivos documentales. Fueron “cesantías encubiertas. Es decir, personas -sobre todo docentes- que eran cesanteados pero no a través de una resolución. Por ejemplo, había docentes que venían desempeñándose en la Universidad desde fines de los años 60, con contratos. Y llegaba un momento en que no se los renovaban”, dijo Alonso al respecto.
Como las circunstancias referidas en el informe implican que puede haber casos no incluidos en la nómina, la lista se encuentra abierta y puede ser modificada a medida que se tome conocimiento de nuevas evidencias. La recepción e investigación de nuevos casos será realizada por el Programa Historia y Memoria ([email protected]).