La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe observa con preocupación las medidas adoptadas por distintas comunas y municipios de la provincia de Santa Fe tendientes a prohibir el ingreso y/o circulación de personas que no residen en lugar, generando conflictos interpersonales e institucionales que en estos tiempos deben evitarse. Es por ello que la institución exhorta a todos los gobiernos locales actuar en el marco legal vigente y respetando las medidas adoptadas por el Estado provincial.
La defensoría recordó que, con el objetivo de detener la circulación del Covid 19, el Estado nacional dispuso a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 297 el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 31 de marzo inclusive. Y, posteriormente, el Ejecutivo provincial adhirió a esa norma.
En esa normativa nacional y en otra complementaria se dispusieron además las excepciones generales y particulares a la regla del aislamiento, tendientes a garantizar a la población la provisión de alimentos, productos de limpieza e higiene, medicamentos y servicios públicos, entre otros.
La provincia de Santa Fe adhirió a todo lo dispuesto y agregó que la Policía provincial, en colaboración con las fuerzas de seguridad nacionales, o por sus propios medios en ausencia de aquellas, controlará en modo permanente rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, contando además con la obligación de hacer cesar las conductas infractoras y dar intervención a la autoridad judicial competente.
La Defensoría del Pueblo consideró que la emergencia sanitaria impone a los distintos Estados la necesidad de actuar coordinadamente dentro del marco legal vigente, siendo en este caso potestad exclusiva del Estado provincial (por sí solo o en cooperación con la Nación) el poder de policía en la aplicación de las normas referenciadas.
En ese sentido, evaluó que es entendible que comunas y municipios realicen controles sanitarios para garantizar la salud de su población y de toda la provincia y el país. Pero advirtió que restringir la circulación de quienes están habilitados por cuestiones de trabajo o necesidad imperiosa no se condice con el espíritu de lo dispuesto tanto a nivel nacional como provincial.
Por ello, la Defensoría del Pueblo recomienda a las autoridades de los distintos estamentos actuar coordinadamente dentro del marco normativo vigente, evitándose la ejecución de acciones individuales en el medio de la emergencia sanitaria.
Tenés que leerCoronavirus: Santo Domingo y Progreso cierran sus accesos En el convencimiento de que cada uno de los intendentes y presidentes comunales adopta las acciones que considera más adecuadas para garantizar el bienestar de sus poblaciones, es que la Defensoría del Pueblo los insta a actuar coordinadamente con el Estado provincial para garantizar el bien común en este complicado momento.