Libertad amenazada y tentaciones totalitarias

En la Argentina que diseña Cristina Fernández, los camaristas a desplazar y la Corte por rediseñar habrán de absolverla, tal como ya lo hizo la Historia, según ella misma ha sentenciado ante uno de los tribunales que la juzga por corrupción. Toda una prepotente y determinista confesión de parte.

La reforma judicial que impulsa Alberto Fernández no sólo saca a la justicia por la ventana. La cláusula incorporada por el senador Oscar Parrilli plantea que los jueces -los subrogantes estarán sometidos menos a la Constitución que al poder- serán obligados a comunicar al Consejo de la Magistratura toda presión por parte de periodistas, medios, ciudadanos, empresas o dirigentes políticos.

¿Y quién decide si una opinión es presión; bajo qué parámetros una denuncia periodística se somete a proceso? ¿Y por qué habría de denunciarse a un ciudadano, periodista o medio ante el Consejo de la Magistratura? ¿Cuál sería su competencia en el asunto? La libertad, empezando por la de expresión, ya está amenazada con el despacho de comisión de los senadores kirchneristas.

El Consejo de la Magistratura está dominado -siempre según los planes cristinistas- por el poder político de turno. El organismo fue creado por los Constituyentes del ‘94 para evitar el señorío corporativo sobre la Justicia; una reforma que Cristina impulsó en 2006 procuró exactamente lo contrario; la Corte se ha cuidado de emitir un fallo de inconstitucionalidad, que duerme en el cajón de los oportunismos estamentarios.

El flagrante cinismo revela la mentira de todo enunciado sobre una mejor justicia, al punto que se subleva a la propia tropa. Daniel Rafecas ha advertido que no quiere ser jefe de los fiscales de un procedimiento forzado; Gustavo Béliz y Vilma Ibarra, supuestos ideólogos de la reforma, no le prestan “obediencia debida” a esta iniciativa rubricada por Alberto Fernández.

Lo que se propone no tiene nada que ver con las urgentes demandas ante procesos interminables y chicaneados, que casi nunca llegan a una sentencia justa. Mucho menos con las demandas de seguridad ante la creciente violencia, el temor por la pandemia o la angustia por la recesión. Pobreza y miseria dan pasos brutales mientras el país institucional está secuestrado en orden a la obscena pretensión de impunidad de unos pocos.

La escena amenaza mucho más que el ejercicio de la libertad de expresión. La disolución de la división de poderes es uno de los rasgos decisivos de la “democracia aliberal” que asoma en el mundo, que se basa en la legitimidad de origen de los votos para luego juzgar perimido el sistema institucional de confianza civil en la ley justa. Se lo cambia por una organización verticalista y clientelar, que desprecia la construcción común del Estado de Bienestar.

Más allá de la tragedia en Venezuela o el milenario sueño chino en su versión comunista, la pretensión totalitaria no es un fenómeno que pueda hallarse sólo en la Hungría de Viktor Orban. En el mundo que sigue con atención los procesos políticos de Polonia, Biolorrusia y Turquía, es bien sabido lo peligroso que resulta ser crítico y tomarse un té en Aeroflot. Ni siquiera las elecciones en Estados Unidos están garantizadas.

Líderes carismáticos que convencen a las masas, uso de propaganda oficial, desprecio a la alteridad parlamentaria, mecanismos de control por espionaje y anabolización del sentimiento patriótico, son síntomas que, con sus propias evoluciones, también se encuentran por estas latitudes. La versión criolla del fenómeno tiene viejas y conocidas corporaciones que llegaron al país en tiempos de Mussolini y que siempre están predispuestas.

¿Majdalani y Arribas están citados por sospechosos de espiar a Cristina a instancias de Mauricio Macri? Hay que juzgar ese hecho con justa severidad. De la misma manera y con la misma vara que debe juzgarse a la vicepresidenta por la tenencia probada de transcripciones de escuchas y seguimientos ilegales a la mujer de Nisman, a Stiusso o a Carlos Reutemann. Las carpetas fueron halladas en su casa de El Calafate.

Sin instituciones eso no es posible. De eso -más que de la cláusula Parrili- se trata la discusión que el Congreso tiene en debate y sobre la cual el Poder Judicial aún deberá hacer sus revisiones. Tal como lo ordena la Constitución, preservando la división de poderes.